El pasado mayo Panamá dio un paso importante en la protección de su patrimonio genético mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo 19, que reglamenta el acceso y control del uso de los recursos biológicos y genéticos en el país. Este reglamento es uno de los resultados alcanzados en el marco de un proyecto global que implementa el PNUD con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, más conocido como GEF por sus siglas en inglés.

Panamá se convierte así en el primer país de la región, junto con República Dominicana, en incorporar a su reglamentación nacional el marco legal que hace posible materializar y cumplir el Protocolo de Nagoya, un instrumento internacional del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

Este acuerdo global dispone que los países tienen derecho a percibir los beneficios resultantes de las innovaciones científicas logradas a partir de los recursos genéticos obtenidos en territorio nacional. Panamá es uno de los 23 países que forman parte del proyecto global del PNUD sobre acceso a recursos genéticos y participación de los beneficios (ABS, por sus siglas en inglés). Este programa global tiene como meta lograr que los países firmantes del Protocolo de Nagoya desarrollen las capacidades nacionales y marcos legales para la efectiva implementación de las obligaciones contraídas por el país.

Siguiendo lo establecido en Nagoya, el decreto de Panamá regula la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos biológicos y genéticos en las investigaciones científicas, tengan una finalidad comercial o no.

Se regulan también las condiciones para el acceso al conocimiento y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, que deben ser informados, consultados y partícipes del proceso y de los beneficios resultantes de la extracción e investigación de recursos biológicos.

Numerosas industrias como la farmacéutica, alimentaria o cosmética, así como la academia y las entidades públicas, realizan investigaciones para obtener nuevos componentes y compuestos a partir de animales, plantas y microorganismos. El reglamento de Panamá afecta a actividades como la producción y comercialización de semillas para fines alimentarios y agrícolas, o a las industrias farmacéuticas, de cosméticos o de biotecnológica avanzada.

El coordinador del proyecto global, Alejandro Lago, explica que el objetivo prioritario es mejorar la capacidad en los temas de e implementación del Protocolo de Nagoya: “lo que buscamos es que el acceso legal y el reparto de beneficios derivados de los recursos genéticos se convierta en la regla y no en la excepción”, resume Lago.

Seis de los 23 países del programa global de ABS pertenecen a la región de América Latina y el Caribe, incluyendo a Panamá. “La meta es que los beneficios relacionados con los recursos genéticos reviertan en las comunidades locales, generen empleo y mayores inversiones en investigación y desarrollo”, indica Jessica Young, gerente nacional para Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del PNUD en Panamá. De igual manera, afirma Young, puede ser una oportunidad para que los países megadiversos como Panamá aumenten los recursos para invertir en políticas de desarrollo social.

Innovando para aprovechar el potencial ABS

En Panamá la implementación del proyecto global ABS está siendo liderado por el Ministerio de Ambiente, con el acompañamiento de la Oficina País del PNUD y el apoyo de Voluntarios de las Naciones Unidas.

El programa de Voluntarios ha jugado un rol importante en Panamá y la región, al apoyar en la implementación y a través de recursos financieros las acciones del proyecto ABS. La semana pasada Panamá acogió un taller regional para hacer balance de los resultados alcanzados por este componente, coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre.

Uno de los resultados más destacables del proyecto ha sido el trabajo con los pueblos indígenas, que son los principales administradores de la biodiversidad y los recursos genéticos. En el marco del proyecto, se creó un Protocolo Biocultural Comunitario en la comunidad Ipetí del pueblo Emberá, una experiencia que se prevé replicar con otros pueblos indígenas de Panamá.

Los protocolos bioculturales son herramientas mediante las que los pueblos indígenas y comunidades locales establecen las reglas y condiciones bajo las cuales los científicos, académicos, coleccionistas o empresas accederán los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados en el territorio, en línea con sus valores, costumbres y leyes. Su objetivo es proteger la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad biológica.

Otro resultado del proyecto fue la elaboración de una guía informativa sobre acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales para pueblos indígenas, cuyo objetivo es que los pueblos indígenas conozcan sus derechos y tengan un documento con un lenguaje sencillo sobre algunos artículos de las leyes, decretos e instrumentos internacionales ratificados por Panamá.

Desde ONU Voluntarios y con acompañamiento del PNUD se apoyó con un programa de formación de formadores, gracias al cual más de 50 líderes y lideresas se formaron en el Protocolo de Nagoya. A su vez, estos formadores líderes han transmitido su conocimiento a través de talleres a más de 300 personas de instituciones y comunidades, lo que refuerza el conocimiento de los derechos y procedimientos asociados al uso de los recursos genéticos en el país.

El trabajo con la academia y el campo de la investigación es uno de los pilares del proyecto. Actualmente un equipo investigador de la Universidad de Panamá lidera un proyecto de investigación en conjunto con el Ministerio de Ambiente para desarrollar un antídoto para las picaduras de escorpiones que permita Panamá suplir los sueros que actualmente se tienen que importar de países como Venezuela y México.

También se está trabajando en una estrategia para la promoción de la bioprospección en Panamá. La bioprospección consiste en la búsqueda de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos de la biodiversidad con valor económico, ya sea con fines comerciales o no. Esa estrategia prevé reforzar el rol y participación de la comunidad científica panameña en el proceso investigativo, de la mano y en cooperación con los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Panamá cuenta con una rica biodiversidad y con pueblos indígenas que atesoran importantes conocimientos tradicionales. Implementando el Protocolo de Nagoya, el país tiene la oportunidad de liderar avances mundiales en diversos sectores como el farmacéutico, agricultura, industria alimentaria y biotecnología, entre otros.

Promoviendo el uso sostenible de los recursos genéticos se contribuye al logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre ellos, destacan los ODS 13, 14 y 15 relacionados con el enfrentamiento al cambio climático y la preservación de los ecosistemas terrestres y marinos. De igual modo, al promover el reparto equitativo de los beneficios se consigue reducir las desigualdades (ODS 10).