Contexto:

La corrupción y el mal desempeño del gobierno son dos de los problemas que más preocupan a las y los mexicanos, justo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. En 2017, entre la población de 18 años y más, 14,635 de cada 100,000 experimentaron algún acto de corrupción en al menos un trámite que realizaron, esto es 16.2% más alto que lo reportado en 2015. En 14 estados la prevalencia de corrupción aumentó entre 2015 y 2017. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que estos actos de corrupción—vinculados a actividades cotidianas de los hogares tales como solicitar acceso a servicios públicos—representan un costo de más de 7,000 millones de pesos, lo cual equivale a 0.04% del PIB o 2,273 pesos por cada persona afectada.

En el caso de las empresas y negocios, en 2016 consideraron a la corrupción como el quinto problema que más obstaculiza el crecimiento. 561 de cada 10,000 unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción, con un costo total de 1,600 millones de pesos o 12,243 pesos por cada unidad económica afectada. Más de la mitad de las unidades económicas considera que estos actos de corrupción se producen para agilizar trámites, pero porcentajes importantes también consideran que estos se vinculan a las compras públicas, puntualmente para ganar contratos o participar en licitaciones.

La corrupción representa un obstáculo claro para el desarrollo económico y social, a través de dos vías. La consecuencia directa es que los recursos que se pierden en actos de corrupción, soborno y flujos financieros ilícitos se podrían invertir en bienes y servicios públicos. Las consecuencias indirectas de la corrupción también son increíblemente dañinas, la ciudadanía pierde confianza en las instituciones de gobierno, se erosiona la legitimidad de las instituciones y se distorsionan las decisiones de gasto público. La pérdida de confianza a su vez tiene implicaciones para el Estado de derecho, la impunidad, y la seguridad.

La corrupción afecta particularmente a las personas en condición de pobreza. La necesidad de pagar sobornos por acceder a servicios públicos puede tener impactos debilitantes sobre los ingresos de los hogares, o bien, convertirse en una barrera para su acceder a ellos. Además, el Banco Mundial identifica múltiples otros canales a través de los cuales la corrupción afecta desproporcionadamente a las personas en condición de pobreza: sesga las decisiones de gasto público hacia proyectos que ofrecen más oportunidades de recibir sobornos, reduce la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, y simplemente reduce los recursos disponibles para invertir en bienes sociales.

Así mismo, la corrupción afecta desproporcionadamente a las mujeres. Las mujeres en condición de pobreza, como usuarias principales de servicios públicos básicos tales como salud, educación, agua y saneamiento, son quienes en más ocasiones pagan por el acceso a ellos. Adicionalmente, el pago de cuotas ilegales representa un porcentaje mayor de los ingresos de las mujeres en condición de pobreza. En el sector empresarial, las mujeres pueden enfrentar obstáculos adicionales al momento de obtener permisos o para acceder a créditos. Incluso en el sector del comercio informal, en algunos países se reporta que las mujeres son desproporcionadamente víctimas de solicitudes de sobornos que les permitan seguir operando.

Además de minar la confianza en los gobiernos, la corrupción obstaculiza la efectividad de las instituciones, reduciendo su posibilidad de convertirse en espacios de toma de decisiones inclusivas y responsivas, así como de aplicar políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente.

Un gobierno que rinde cuentas y es responsivo sienta las bases para que las comunidades y mercados se enfrenten a los retos cambiantes del mundo actual. La evidencia indica que donde los gobiernos interactúan con la ciudadanía y la sociedad civil es activa, hay mejores resultados en la entrega de servicios públicos, la eficiencia de los contratos públicos y la lucha contra la corrupción.

Este énfasis en el tema de corrupción en la agenda pública representa una oportunidad de cambio profundo, que el PNUD puede apoyar a través de la colaboración con contrapartes gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de metodologías anticorrupción informadas por evidencias y la creación de capacidades.

Objetivo:

Fortalecer los esfuerzos del gobierno de México para incrementar la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y la participación ciudadana y fortalecer iniciativas anticorrupción. El PNUD trabajará en iniciativas escalables en colaboración con contrapartes clave en el poder ejecutivo federal, instituciones autónomas, gobiernos subnacionales y con el apoyo sustantivo de organizaciones de la sociedad civil.

Actividades:

Secretaría de la Función Pública

• Apoyar la creación y consolidación de los Mecanismos de Vigilancia Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que serán una vía de participación para promover la rendición de cuentas hacia los ciudadanos en proyectos prioritarios del gobierno federal.
• Proporcionar asistencia técnica para la formulación de la estrategia de Gobierno Abierto y Participación de la SFP.
• Desarrollar una plataforma de capacitación en temas de ética e integridad para servidores públicos. Pilotear la plataforma y evaluarla con base en sus resultados de aprendizaje.
• Acompañar a la SFP para integrar la plataforma a los programas de capacitación y profesionalización de la Administración Pública Federal.
•  Apoyar a la SFP en la creación de una campaña de comunicación interna basada en la Nueva Ética Pública.

Sistemas locales y Nacional Anticorrupción

• Acompañar la formulación e implementación de las Políticas Estatales Anticorrupción a través de las organizaciones participantes en la primera Convocatoria de Corresponsabilidad de Organizaciones de la Sociedad Civil con los Sistemas Locales Anticorrupción.
• Lanzar una segunda edición de la Convocatoria de Corresponsabilidad de Organizaciones de la Sociedad Civil con los Sistemas Locales Anticorrupción
• Fortalecer a la Red Nacional Anticorrupción, que servirá como un puente entre organizaciones de la sociedad civil, academia, y comunidades con el Sistema Nacional Anticorrupción.
• Desarrollar una caja de herramientas de evaluación de riesgos de corrupción, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y organizaciones que hayan desarrollado metodologías de evaluación de riesgos sectoriales.

• Desarrollar una caja de herramientas de Municipio Abierto.
• Pilotear la caja de herramientas en Municipios seleccionados, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil locales, y refinar la metodología para replicarla en nuevos Municipios.
• Apoyar al Comité Coordinador de la Alianza del Gobierno Abierto en el monitoreo de la implementación del Cuarto Plan de Gobierno Abierto a través del desarrollo de un marco de monitoreo.
• Implementar la caja de herramientas como parte del acompañamiento a los Mecanismos de Vigilancia Ciudadana.

Integridad Corporativa

• Apoyar a la SFP en el desarrollo de capacidades para las empresas que conformen en Padrón de Integridad.
• Fortalecer y continuar impartiendo talleres de integridad corporativa vinculados al cumplimiento con el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para micro, pequeñas y medianas empresas.
• Implementar los talleres de integridad corporativa a nivel subnacional en colaboración con la SESNA, los Secretariados Ejecutivos de los Sistemas Locales Anticorrupción (SESLA) y cámaras empresariales.

Resultados esperados:

• Ciudadanía empoderada para monitorear el quehacer gubernamental y el ejercicio de recursos.
• Sociedad civil fortalecida para incidir en las políticas de prevención de la corrupción.
• Gobiernos y sociedad civil con las capacidades y mecanismos para incidir efectivamente en las políticas públicas.
• Funcionarios(as) públicos con comportamiento ético, que entienden su rol para fortalecer la integridad.

Prevención de la corrupción incorporada en el ciclo de las políticas públicas.

Sector privado corresponsable en la denuncia y prevención de la corrupción, que se desempeña con integridad.