Fortalecer a las instituciones del sector Justicia, trabajar en su mejora continua para garantizar respuestas oportunas centradas en las víctimas, la no repetición de los casos y evitar la impunidad, son parte de los principales objetivos de la Iniciativa Spotlight, un asocio de las Naciones Unidas y la Unión Europea para detener la violencia contra las mujeres.

Desde octubre hasta diciembre de 2020, y como parte de esta Iniciativa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya a la Comisión coordinadora del sector justicia, a través de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), en el desarrollo de los “Diálogos nacionales y locales sobre violencia contra las mujeres”, espacio que reúne a diversos actores para reflexionar sobre acciones y desafíos que permitan eliminar este tipo de violencia.

En el penúltimo de los diálogos se abordó el tema “La Respuesta de las Instituciones estatales: Avances y Desafíos para dar Respuestas Efectivas a la Violencia de Género en El Salvador” y se contó con la participación de la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema (CSJ), Doris Luz Rivas; la directora de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupos en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, y la coordinadora de la Unidad de Género de la Procuraduría General de la República (PGR), Patricia Arévalo.

La Representante Residente del PNUD, Georgina Braga-Orillard, inició el encuentro haciendo un llamado a participar en los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres, impulsados por el Sistema de las Naciones Unidas entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

 “Este es un día especial, estamos en la antesala de la conmemoración de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (25 de noviembre) y del periodo del año en que estamos visualmente comprometidos para involucrar no solo a los Estados, sino también a las organizaciones de sociedad civil, a los organismos internacionales y a la ciudadanía, para unir voces y denunciar la violencia y reivindicar compromisos para continuar con el trabajo y esfuerzos en la erradicación de este problema”, dijo.

Según datos de la FGR, hasta septiembre de 2020, el 52 % de las muertes violentas de mujeres fueron tipificadas como feminicidios. Durante el 2020 aproximadamente el 53% de los feminicidios ocurrieron a mujeres de entre 15 y 29 años. De enero a octubre del mismo año hubo 1,846 casos de violencias sexual de los cuales en el 70 % de ellos las víctimas fueron niñas y adolescentes.

Los datos reflejan la magnitud y complejidad del problema y la urgencia de continuar con los esfuerzos para cambiar esta realidad.

“Las gestiones realizadas por las instituciones del sector de justicia reflejan un proceso de transformación...los avances en El Salvador son significativos y se han orientado al fortalecimiento de la institucionalidad, estableciendo mecanismos más ágiles para acercar los servicios de prevención, atención integral y protección, pero aún hay retos y desafíos que romper. Es necesario avanzar en la mejora de los sistemas de atención a las víctimas en todas las instituciones involucradas” indicó la directora de la UTE.

La magistrada de la CSJ se refirió a la receptividad que hay en todas las instituciones del Estado para avanzar en el tema, y destacó que desde el Órgano Judicial se reconocen las debilidades y retos en los que aún hay que trabajar. La funcionaria remarcó como un avance importante la creación de dos nuevos tribunales de instrucción en los municipios de San Salvador y de Cojutepeque, que permitirán acercar más la justicia a las víctimas de violencia y a la vez disminuirá la carga laboral.

Asimismo, se refirió a los desafíos indicando como uno de ellos la necesidad de hacer más ágil y completa la información sobre los casos presentados en los tribunales especializados de violencia intrafamiliar.

“De 2018 a 2019 tuvimos un incremento de 6% de casos de violencia judicializados. En 2020 solo tenemos el 60 % de la información proveniente de los juzgados de familia y de paz. Ha habido dificultades para poder receptar toda la información” dijo.

Según la magistrada, otro gran reto se centra en la reparación a las víctimas de violencia, ante lo cual manifestó que es importante que las medidas de reparación sean pensadas en todas sus modalidades.

“Debe pensarse en la reparación y restitución de derechos, que se conozcan los proyectos de vida que fueron truncados por la violencia, los daños causados y a partir de ahí diseñar un proyecto de reparación y crear un organismo que dé seguimiento a esa reparación”, indicó.

Por su parte, la representante de la FGR explicó los avances de la institución y se refirió a la incorporación del enfoque de género en la política de persecución penal, la cual establece criterios y lineamientos para realizar investigaciones y judicializar los casos con perspectiva de género.

Esta política también contiene un protocolo legal y psicosocial para personas que enfrentan violencia, con énfasis en niñez, adolescencia, así como también el diseño de una malla curricular en violencia contra las mujeres y violencia feminicida para sensibilizar al personal sobre el tema.

“Gracias a la cooperación y al proyecto Spotlight hemos trabajado e implementado estos modelos de atención psicosocial que vienen a beneficiar a las víctimas y permiten espacios libres de discriminación, en condiciones de confianza para que puedan trabajar en la reconstrucción de sus proyectos de vida” explicó Martínez.

Según datos proporcionados por la FGR, del 1 de enero al 31 de octubre de 2020, esa institución procesó 3,312 casos relacionados a Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y 4,440 casos de violencia sexual.

Durante la conferencia, Patricia Arévalo, de la PGR se refirió a la reformulación de las dinámicas de atención de la Unidad Especializada de Atención a las Mujeres, provocadas por la pandemia COVID-19.

“Como PGR nos apoyamos de la tecnología a través de canales de comunicación virtual como correos, mensajes y otras aplicaciones que permitieron continuar brindado especialmente atenciones psicológicas, en esta crisis, que fueron casos con mayores alzas” explicó.

Las panelistas coincidieron en aquellos puntos relacionados con el fortalecimiento y articulación de todas las instancias del Estado, garantizar la justicia, la no repetición de los hechos y la reparación a las víctimas, el abordaje de los casos con enfoque de género, una apuesta en la mejora continua de los mecanismos y procedimientos para acercar la justicia a las mujeres, así como en la capacitación del personal en temas de género.

La Iniciativa Spotlight, un asocio entre las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, continuará apoyando el intercambio de los diálogos en alianza con actores nacionales de diversos ámbitos para la reflexión, el análisis y la búsqueda de soluciones que pongan un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas.