Durante 5 meses, las autoridades municipales, de justicia y representantes de la sociedad civil de 13 municipios priorizados para el posconflicto, participaron en un diplomado sobre Sistemas Locales de Justicia: una formación para el fortalecimiento de las capacidades en disolución de conflictos, círculos de paz, y transformación de problemáticas sociales en favor de la convivencia y seguridad ciudadana.

La estrategia hace parte de la institucionalización de 13 Sistemas Locales de Justicia en los municipios de Amalfi, Dabeiba, Remedios, Vegachí (Antioquia); Convención, Sardinata, Teorama, Tibú (Norte de Santander); Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras (Meta); y San José del Guaviare. Estos son territorios priorizados por la Consejería para el Postconflicto o por ser zonas veredales transitorias de normalización

Sistemas Locales de Justicia es una iniciativa del Ministerio de Justicia y la Alta Consejería para el Posconflicto, que cuenta con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, y financiamiento del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia -MPTF-.

Las sesiones de diplomados iniciaron el febrero, bajo la coordinación académica de la Universidad de Antioquia. En dichas capacitaciones participaban autoridades locales, autoridades de justicia, lideresas y líderes de acción comunal, liderazgos étnicos e iglesias. Los temas discutidos abordaban transformación y solución pacífica de conflictividades, construcción de reconciliación y paz, articulación entre autoridades institucionales y comunidad para solución de problemas de convivencia, y diseño de rutas de atención frente a las conflictividades más recurrentes en cada población, con énfasis en comunidades rurales.

Más de 650 personas se graduaron del diplomado en los 13 municipios, y sus esfuerzos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) son programas de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad, que proporcionan a la comunidad garantía a sus derechos y respuesta a sus necesidades de gestión de conflictos, mediante la coordinación y el empoderamiento de los distintos actores de justicia en los municipios.