LocationsSobre el progreso, la desaceleración y las privaciones persistentes: Hallazgos del Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina
28 de Mayo de 2025
América Latina cuenta con un nuevo índice de comparabilidad regional: el Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina (IPM-AL). Este índice fue lanzado por el PNUD y la CEPAL a principios de este año y será publicado anualmente por la CEPAL. Se trata de una poderosa herramienta para monitorear la evolución de la pobreza multidimensional de manera exclusiva para la región.
La pobreza multidimensional va más allá de la falta de ingresos e incluye diversas privaciones en áreas esenciales de la vida, como la educación, la salud y la vivienda. El IPM Global ha sido publicado por el PNUD y OPHI desde 2010; se trata de una medida sólida y ampliamente reconocida que proporciona datos comparables para 112 países y ofrece información clave sobre la naturaleza e intensidad de la pobreza aguda a nivel mundial. Garantizar la comparabilidad global exige el uso de indicadores que sean tanto universalmente relevantes como respaldados por datos sólidos y comparables entre países. El IPM Global obedece a estos principios, proporcionando un marco estandarizado que permite monitorear y comparar de forma coherente las tendencias de la pobreza aguda entre países. Esto implica, inevitablemente, que algunos indicadores específicos a determinadas regiones puedan quedar fuera de su alcance, incluso existiendo datos relevantes. En regiones como América Latina, el IPM Global sirve como base para el desarrollo de análisis más detallados y adaptados al contexto. Dado que la región está compuesta en su mayoría por países de ingreso medio, ampliar el marco más allá de la pobreza aguda también representa una oportunidad para aprovechar las fortalezas del IPM y adaptar las respuestas de política a desafíos del desarrollo en constante evolución.
El IPM-AL introduce una medida adaptada a la región, utilizando umbrales ajustados a su contexto y datos armonizados de 17 países para ofrecer una visión más atenuada de la pobreza multidimensional en la región (lamentablemente, no se cuenta con datos comparables para el Caribe de habla inglesa y francesa, resaltando la urgente necesidad de avanzar en la recolección de datos más completos y comparables). El IPM-AL aporta nuevos análisis que enriquecen el debate público, facilitan la comparabilidad regional y fomentan la cooperación en torno a prioridades de política compartidas. Además, complementa los IPM Nacionales -ya adoptados por 13 países de la región- que son herramientas poderosas de política pública diseñadas para reflejar las realidades y prioridades específicas de cada país. Para aquellos países que no cuentan con una medición nacional, el IPM-AL puede aportar una primera aproximación a sus circunstancias y servir como base para orientar la formulación de políticas públicas.
Este #GraphForThought utiliza el IPM-AL para ilustrar las características y dimensiones de la pobreza en América Latina, así como las posibles vías para su reducción desde un enfoque regional. La Figura 1 muestra que se ha logrado un avance significativo: la pobreza multidimensional se redujo casi a la mitad en 15 años, pasando del 45.8 % en 2008 al 25.4 % en 2023. Sin embargo, el progreso se está estancando. Las reducciones anuales, que promediaban entre 1.5 y 1.6 puntos porcentuales (la diferencia entre las tasas de pobreza de un año a otro), han caído por debajo de un punto porcentual desde la pandemia.
Esta desaceleración también se refleja en las distintas dimensiones, aunque a ritmos diferentes. Mientras que las privaciones en acceso a internet, educación y saneamiento han disminuido rápidamente, otras -como el hacinamiento, la calidad del empleo y la participación laboral- han mostrado pocos avances en los últimos 15 años (Figura 2). No obstante, en todas las dimensiones el progreso se ha desacelerado desde 2015 o 2020. El hacinamiento, por ejemplo, aún afecta a casi 3 de cada 10 hogares en América Latina. Al ritmo actual, se necesitarían otros 15 años para reducir esta cifra a solo 2 de cada 10.
Los indicadores del mercado laboral muestran reducciones aún más lentas. En 2022, el 41% de los hogares tenía al menos un miembro con un empleo de baja calidad, definido por el IPM-AL como trabajo familiar no remunerado, falta de acceso a una pensión o ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esta cifra apenas ha variado respecto del 44.3 % registrado en 2008 e incluso aumentó ligeramente durante la pandemia.
La inserción laboral también se ha estancado. La proporción de hogares con personas en edad de trabajar que están desempleadas o fuera de la fuerza laboral debido a tareas de cuidado no remuneradas pasó del 41% en 2008 al 35.1% en 2022, pero las reducciones anuales han caído a la mitad desde 2015. Pese a esto, el desempleo en América Latina se mantiene en niveles relativamente moderados -6.2% en 2024 frente al 4.9% en los países de la OCDE-, lo que apunta más bien a un problema persistente de participación laboral, especialmente entre las mujeres. En promedio, por cada mujer en la fuerza laboral hay 1.5 hombres, una brecha de género que apenas ha disminuido en la última década.
Estas privaciones “persistentes” apuntan a desafíos estructurales más profundos. Problemas como el hacinamiento y la baja calidad del empleo reflejan retos complejos de política pública, que revelan la intersección de factores estructurales como la baja productividad, la rápida urbanización y la desigualdad. Las altas tasas de urbanización en la región y el crecimiento de la pobreza urbana hacen que abordar el hacinamiento sea particularmente complejo. Ello requiere de políticas sostenidas y focalizadas -como la expansión de la vivienda pública o asequible- para que las familias puedan acceder a condiciones de vida adecuadas. Si bien la capacitación laboral puede contribuir a una mayor participación en el mercado de trabajo, impulsar la inclusión de las mujeres también demandará inversiones en sistemas públicos de cuidado que reduzcan su carga de trabajo no remunerado, así como cambios en las normas sociales que limitan sus oportunidades de empleo. Mejorar el acceso a empleos de calidad -a través de un mayor desarrollo del capital humano, una mejor intermediación laboral o una cobertura ampliada de las pensiones- requerirá coordinación intersectorial y reformas en los sistemas de protección social.
Reimpulsar los avances en la reducción de la pobreza multidimensional en América Latina es posible, pero necesitará de inversiones sostenidas y focalizadas a largo plazo, en lugar de soluciones rápidas. Cerrar las brechas restantes exigirá crear las condiciones para que los hogares puedan acumular activos -como una vivienda digna y habilidades que conduzcan a empleos estables y bien remunerados- que no se adquieren fácilmente mediante transferencias monetarias. La región ha logrado avances significativos, pero para seguir avanzando será necesario enfrentar las barreras estructurales que obstaculizan un desarrollo humano resiliente.
