Los subsidios a los combustibles fósiles —especialmente al diésel y la gasolina— han buscado tradicionalmente reducir los costos de la energía para la población. Sin embargo, las implicancias sociales y fiscales de estos subsidios son significativas: si bien están destinados a mejorar la asequibilidad, con frecuencia generan beneficios desiguales entre los distintos grupos de ingreso y no logran llegar de manera efectiva a los más vulnerables. Al mismo tiempo, representan una pesada carga para los presupuestos públicos, una presión que se ve aún más agravada en el contexto actual de alta volatilidad en los precios del petróleo e incertidumbre económica. En este escenario, la reforma no solo es oportuna, sino también estratégica, ya que estos subsidios perpetúan la dependencia de tecnologías obsoletas y contaminantes, y retrasan la transición hacia sistemas de transporte más limpios y eficientes.

Definidos por la Organización Mundial del Comercio como contribuciones directas o mecanismos de precios preferenciales otorgados por los gobiernos, los subsidios a los combustibles fósiles pueden tomar diversas formas, desde transferencias directas y exenciones fiscales hasta esquemas de precios regulados. En ALC, estos subsidios son particularmente comunes en el sector transporte, donde el diésel suele subsidiarse para apoyar el transporte de carga y público, beneficiando a las poblaciones de menores ingresos.

Sin embargo, entre 2015 y 2021, los subsidios a los combustibles fósiles en la región representaron entre el 0.6% y el 1.3% del PIB, una carga insostenible en una región con necesidades de desarrollo urgentes y espacio fiscal limitado.

Convertir el desafío en oportunidad: Reforma con equidad e impacto

El desafío no es solo eliminar subsidios, sino repensarlos para proteger a los grupos vulnerables y maximizar los resultados de desarrollo: sociales, ambientales, de género y económicos. Para contribuir al debate sobre la reforma, la última publicación del PNUD ALC “Oportunidades para acelerar la transición hacia un transporte público de bajas emisiones redirigiendo los subsidios de los combustibles fósiles” presenta una hoja de ruta transformadora para alinear el gasto público con las metas climáticas y de desarrollo:

Paso 1: Definir las reglas del juego — Fortalecer los marcos de políticas e instituciones

Una reforma efectiva de subsidios comienza con políticas e instituciones sólidas: reglas claras y directrices fáciles de comprender y aplicar. Esto implica adoptar una estrategia gradual de eliminación, sistemas de precios de combustibles transparentes orientados al desarrollo, evaluar impactos fiscales y sociales, y garantizar mecanismos de compensación justos.

En Paraguay, por ejemplo, la empresa estatal PETROPAR desarrolló una metodología de precios para revelar los costos de oportunidad de los subsidios. Países como Costa Rica y Ecuador han integrado el transporte limpio en sus estrategias nacionales; el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica (2018-2050) y la Agenda Energética de Ecuador (2016-2040) establecen metas claras y medibles para la movilidad sostenible.

Marcos regulatorios robustos, respaldados por herramientas como mapeo de subsidios, modelación fiscal y evaluaciones de impacto social, aseguran que las reformas sean económicamente viables e inclusivas socialmente.

Paso 2: Redirigir los subsidios hacia una movilidad sostenible e inclusiva

En lugar de subsidiar el consumo de combustibles fósiles, los gobiernos pueden crear mayor valor a largo plazo invirtiendo en transporte público limpio y eficiente.

En Uruguay, la iniciativa MOVÉS del FMAM-PNUD apoyó pilotos de ómnibus eléctricos, fortaleció la capacidad institucional para planificar la movilidad sostenible y brindó asistencia técnica, financiamiento y análisis de modelos de negocio para promover flotas eléctricas.

Colombia ofrece incentivos fiscales para vehículos de bajas emisiones, mientras Paraguay vincula subsidios públicos al desempeño de los operadores en el área metropolitana de Asunción, condicionando el acceso a fondos públicos al cumplimiento de estándares de servicio y sanciones. Este enfoque sentó las bases para modelos de negocio innovadores con financiamiento mixto en alianza con el banco nacional de desarrollo.

Herramientas de planificación estratégica, como el análisis de Coste Total de Propiedad (TCO), ayudan a los gobiernos a comparar costos de largo plazo de distintas tecnologías, considerando gastos de capital y operación. Estas evaluaciones, junto a proyectos piloto, pueden sustentar la inversión en flotas eléctricas e híbridas.

Para escalar estas soluciones, los países pueden recurrir a financiamiento mixto y mercados de capital, aprovechando mecanismos de mitigación de riesgos y estructuras de inversión como garantías, bonos verdes, asociaciones público-privadas (APP), concesiones y modelos de arrendamiento innovadores.

Paso 3: Movilizar instituciones y personas --Un imperativo social y político

La reforma de subsidios no es solo técnica, es profundamente política y socialmente sensible. Una fuerte capacidad institucional es esencial para planificar, coordinar y ejecutar reformas.

En Uruguay, la iniciativa MOVÉS tuvo éxito en parte gracias a un grupo de trabajo intersectorial que aseguró la alineación entre agencias. Equipos interministeriales similares pueden ayudar a otros países a gestionar la complejidad de la reforma y mantener el impulso.

La participación pública también es clave. Campañas de comunicación transparentes que expliquen los beneficios de la reforma y ofrezcan protección social clara ayudan a generar confianza. La divulgación inclusiva, especialmente con las comunidades afectadas, es vital para garantizar que las reformas sean equitativas y mantengan la asequibilidad para los más vulnerables.

Aprovechar el momento: el compromiso del PNUD con un cambio duradero

Uruguay ofrece un ejemplo concreto de cómo incentivos bien diseñados pueden impulsar la transición energética en el transporte público. Como parte de la iniciativa MOVÉS del FMAM-PNUD, el gobierno implementó un robusto esquema de subsidios que cubre la diferencia de precio entre ómnibus diésel y eléctricos (hasta aproximadamente US$55,000 por vehículo al año, durante un máximo de siete años, Artículo 349 de la Ley 19.670). Este incentivo se basó en estudios comparativos de costos realizados por la Comisión de Transporte del Uruguay (CTP), que evaluó flotas eléctricas, diésel e híbridas utilizando análisis TCO. El programa apuntó a electrificar al menos el 4% de la flota nacional de autobuses, demostrando cómo subsidios basados en evidencia pueden generar certidumbre de mercado, fomentar la adopción tecnológica y sentar las bases para una descarbonización escalable del transporte público.

Reformar los subsidios a los combustibles fósiles en ALC no es solo disciplina fiscal; es una oportunidad estratégica para transformar el transporte público. Redirigir estos fondos puede impulsar inversiones en tecnologías de bajas emisiones, modernizar infraestructura urbana, atraer capital privado y mejorar la calidad del aire, al tiempo que crea empleos, fomenta la innovación y promueve la inclusión social. Aprovechar este momento permitirá a la región liderar el camino hacia un futuro más limpio y equitativo. El PNUD está preparado para apoyar a los países en esta transición—trabajando tanto a nivel de políticas públicas como institucional para diseñar estrategias de reforma efectivas, y ofreciendo servicios de asesoría financiera que permitan escalar las inversiones en sistemas de transporte público sostenibles e inclusivos.