Los subsidios a los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe representan una carga fiscal significativa—absorben entre el 0.6% y el 1.3% del PIB entre 2015 y 2021—y obstaculizan el avance hacia una movilidad sostenible. Con solo el 5.63% de la flota de autobuses de la región electrificada en 2023, este informe ofrece una hoja de ruta para que los gobiernos alineen el gasto público con los objetivos climáticos y de desarrollo.

El informe destaca cómo la redirección de subsidios puede generar beneficios transformadores: acelerar la adopción de autobuses eléctricos, mejorar la infraestructura urbana, atraer inversión privada y mejorar la calidad del aire y la equidad social. Además, presenta tres áreas estratégicas para la reforma: marcos normativos habilitantes, reasignación focalizada de subsidios y fortalecimiento institucional con participación ciudadana.