Que la transformación digital puede reconfigurar las instituciones, mejorar los servicios públicos y, sobre todo, acercar el Estado a la ciudadanía es una verdad de Perogrullo. Pero cuando la innovación entra en el campo de la Justicia, adquiere una densidad mayor: no se trata solo de modernizar procesos, sino de redefinir la propia relación entre sociedad, derechos y democracia. Brasil con 94 tribunales judiciales y profundos desafíos estructurales ha logrado una transformación del acceso a justicia probablemente como ningún otro país a nivel global.

A partir de la primera ley sobre digitalización de procesos judiciales en el 2006 (Ley No. 11.419) hasta el lanzamiento del portal Jus.br en 2024, el Consejo Nacional de la Justicia con el acompañamiento del PNUD y el proyecto titulado “Justicia 4.0” ha transformado 365 millones de procesos judiciales digitalmente. Esta digitalización es clave para una justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. Así, la plataforma digital del Poder Judicial ha logrado que 100% de los 94 tribunales estén integrados, 100% de las 221 fuentes de datos están conectadas, 98% utilizan servicio notificación y 97% utilizan el inicio de sesión único.

Así, la experiencia brasileña, especialmente en lo que respecta a la transformación digital y la innovación en los servicios del Poder Judicial, comienza a despertar interés más allá de sus fronteras.

En dos ocasiones (del 27 al 29 de mayo y del 13 al 15 de octubre de 2025), representantes de Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, República Dominicana, Mozambique y Ecuador estuvieron en Brasilia para intercambiar buenas prácticas, y aprendizajes sobre el recorrido realizado. Los países participantes también compartieron sus propias experiencias, evidenciando la posibilidad real de generar inteligencia colectiva, discutir modelos de cooperación y, sobre todo, cuestionar hasta qué punto la tecnología puede romper las barreras históricas de acceso a la Justicia en el Sur Global.

La presentación del Portal Jus.br, que reúne las herramientas desarrolladas por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) desde 2006, y especialmente aquellas creadas desde el inicio de la cooperación con el PNUD en 2021, fue recibida no solo como una innovación tecnológica, sino también como una innovación política e institucional. Al fin y al cabo, ¿qué significa, en términos concretos, construir una interfaz única y nacional que articule las diferentes ramas del Poder Judicial? En este contexto, la tecnología deja de ser un fin en sí misma y pasa a ser un instrumento o, mejor dicho, un terreno de innovación sobre qué tipo de Justicia se quiere construir.

Los participantes del encuentro recorrieron una trayectoria que consolidó las cuatro premisas de ejecución del programa: 1) Una apuesta estratégica que permita evitar la dependencia tecnológica en el sentido que las herramientas desarrolladas no dependan exclusivamente de un gran servidor para su mantenimiento; 2) El uso de códigos abiertos y gratuitos que sustentan la construcción del programa como una política pública; 3) La preocupación por la sostenibilidad y la seguridad a largo plazo, basada en la transferencia de conocimientos; 4) La capacidad de nacionalizar buenas ideas, creando interfaces y metodologías que posibilitan la multiplicación de herramientas desarrolladas originalmente en el ámbito regional.

El intercambio también evidenció los distintos niveles de avance entre los países. Uruguay avanza en el proceso de creación de un Ministerio de Justicia, Paraguay profundiza la planificación estratégica institucional mientras consolida su infraestructura de acceso a la justicia con un foco firme en transformación digital, Mozambique consolida intercambios de transferencia de soluciones con Brasil para robustecer la infraestructura, los conocimientos y los sistemas de acceso a la justicia, República Dominicana que realizó el primer ejercicio de futuros en el poder judicial, Perú, que avanza en la transición digital a la vez que va tendiendo puentes con la justicia comunitaria, Colombia que enfrenta cambios y desafíos institucionales importantes, y  por último, Ecuador, que ve en la cooperación internacional una palanca para acelerar transformaciones estructurales digitales. 

Desde una perspectiva regional, la experiencia comparada permite identificar avances en marcos de trabajo comunes, así como ver las fases de avance de la implementación de las transiciones digitales. Cada uno, a su manera, enfrenta el mismo dilema: ¿cómo dejar atrás la dependencia de proyectos piloto, puntuales para construir políticas de Estado sólidas, sostenibles y alineadas con los desafíos contemporáneos y escala a nivel nacional?

Quizás el aspecto más estimulante de la misión haya sido la reflexión sobre el propio modelo de cooperación adoptado por Brasil. El hecho de que Justicia 4.0 haya sido diseñado dentro de una lógica de cooperación para el desarrollo, en alianza con un organismo internacional como el PNUD plantea interrogantes cruciales. ¿Cuál es el papel de las entidades de cooperación internacional en la formulación de políticas públicas judiciales? ¿Cómo un proyecto desarrollado en código abierto puede proteger el carácter público de las plataformas y herramientas que, en última instancia, son esenciales para garantizar derechos fundamentales?

Detrás de las demostraciones técnicas y las presentaciones institucionales, lo que se vio fue que la transformación digital en la Justicia no equivale solo a la automatización de procesos ni a la sustitución de personas por algoritmos, sino que representa una decisión política sobre qué valores se desea codificar en los sistemas, flujos y plataformas. Es, por lo tanto, una discusión sobre poder, gobernanza y sobre qué proyecto de acceso a la justicia —y, en última instancia, de democracia— estamos dispuestos a sostener.

Lo que se discutió en esos dos encuentros en Brasilia fue mucho más que tecnología aplicada al Poder Judicial. Se discutió, en la práctica, el papel de la Justicia como motor del desarrollo, como pilar de la democracia y como espacio de innovación institucional. Tal vez esa sea la mayor lección de este intercambio: comprender que la transformación digital no se trata únicamente de digitalización, software, inteligencia artificial o paneles de control sofisticados. Se trata, ante todo, de elecciones y decisiones de política pública con el foco puesto en las personas. Y, en el fondo, toda elección tecnológica es también una elección política.