Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2025, la democracia desempeña un papel esencial en el desarrollo humano al permitir que las personas ejerzan sus capacidades y agencia. Proporciona un marco para la participación ciudadana, la representación, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando que los individuos tengan voz en la gobernanza y la formulación de políticas que afectan sus vidas. La democracia también conlleva una promesa implícita de justicia distributiva: la idea de que, cuando todas las voces son escuchadas, la injusticia no pasará desapercibida. Por eso, comprender los factores que impiden a las democracias abordar la desigualdad excesiva es clave para asegurar su resiliencia. 

América Latina y el Caribe alberga algunas de las democracias más duraderas del mundo y cuenta con sistemas electorales consolidados. Sin embargo, la región enfrenta dos paradojas. Por un lado, las instituciones democráticas consolidadas coexisten con algunos de los niveles de desigualdad de ingresos más altos del mundo. Por otro, aunque la población expresa apoyo a la democracia, se observa una tendencia creciente hacia el respaldo de líderes que pueden debilitar las normas democráticas. 

El 65% de los ciudadanos de la región están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Más del 40% se declara indiferente entre un régimen democrático o autoritario, o cree que un régimen autoritario puede ser preferible si resuelve problemas urgentes. Aunque la confianza en las instituciones públicas ha sido históricamente baja, en las últimas dos décadas ha disminuido aún más, situándose alrededor del 20%. Si bien estas tendencias tienen múltiples causas, el análisis del PNUD muestra una conexión clara entre la insatisfacción con la democracia y la persistencia de la desigualdad. 

En un contexto de gran incertidumbre regional, nos enfrentamos a una pregunta crítica: 
¿Cuánta desigualdad (y por cuánto tiempo) puede tolerar una democracia antes de que sus cimientos comiencen a erosionarse? 

La paradoja democracia-desigualdad 

Aunque las instituciones democráticas se han consolidado en América Latina y el Caribe, su impacto redistributivo ha sido marginal. La acción estatal ha logrado modificar solo levemente la distribución de ingresos y riqueza determinada por el mercado (cuando lo ha hecho). 

¿Por qué sucede esto? 

Para responder a esta pregunta, el PNUD e IDEA Internacional realizaron un análisis sobre gobernanza y desigualdades en la región, cubriendo las últimas tres décadas. Los principales hallazgos se presentan en la publicación Gobernanza Democrática, Gobernanza Efectiva y Desigualdades en América Latina. 

El marco analítico distingue entre: 

• Gobernanza democrática, que garantiza la participación y representación ciudadana, y
• Gobernanza efectiva, que se centra en la capacidad del Estado para implementar políticas. 

En LAC, la economía política de la democracia favorece estructuralmente a las élites, incluso bajo gobiernos progresistas. Cuando estos intentan redistribuir, suelen: 

1. Enfrentar una fuerte resistencia de élites empresariales, medios de comunicación e inversionistas internacionales.
2. Depender en exceso de bonanzas de materias primas para financiar programas sociales, lo cual los hace vulnerables a oscilaciones del mercado global.
3. Tener dificultades para institucionalizar las conquistas redistributivas, sobre todo cuando las instituciones son débiles y los marcos jurídicos pueden ser revertidos fácilmente por gobiernos sucesores. 

Sin reformas profundas en el financiamiento político, los sistemas tributarios y la arquitectura institucional que permite la captura del Estado por parte de las elites, las democracias seguirán sin cumplir con la promesa de redistribución, incluso cuando la desigualdad genere protestas masivas. 

Al mismo tiempo, las bajas capacidades estatales y la corrupción limitan la implementación efectiva de políticas. La desigualdad en la región es estructural, funcional por diseño, y está arraigada en la economía política regional. No es una falla del sistema: es el sistema operando como fue diseñado, para beneficiar a las élites. 

Cambiar esto requiere no solo redistribuir “a posteriori”, sino avanzar en reformas pre-distributivas, que cuestionen cómo se genera y distribuye el poder, la riqueza y las oportunidades desde el inicio. 

Romper el ciclo: ¿qué se puede hacer? 

Si no se enfrentan de forma directa estas dinámicas estructurales —a través de decisiones de política pública orientadas a la redistribución, reformas fiscales profundas, independencia judicial y políticas interseccionales que aborden explícitamente la distribución de oportunidades—, la desigualdad no solo persistirá, sino que empeorará. 

Por ejemplo: 

• La tecnología y la automatización seguirán concentrando la riqueza en manos de quienes ya controlan el capital y las infraestructuras digitales.
• El cambio climático profundizará las brechas urbano-rurales y afectará de forma desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos.
• La inestabilidad política y la polarización debilitarán aún más la capacidad del Estado para implementar medidas redistributivas. 

Según el análisis del PNUD e IDEA Internacional, las democracias en América Latina y el Caribe deben: 

• Fortalecer las capacidades estatales: Invertir en instituciones públicas profesionales y autónomas capaces de implementar políticas redistributivas. 
• Promover la participación política inclusiva: Empoderar a grupos marginados para que influyan en la agenda pública y sus necesidades sean representadas. 
• Adoptar políticas de redistribución “dura”: Reformar los sistemas fiscales y aumentar las transferencias sociales, incluso cuando sea políticamente difícil. 
• Mejorar la transparencia y rendición de cuentas: Combatir la corrupción y el patrimonialismo mediante mecanismos sólidos de gobernanza y vigilancia ciudadana. 
• Aprovechar innovaciones participativas: Expandir los mecanismos de participación directa en la formulación de políticas, asegurando aportes sociales más amplios y protección del espacio cívico. 
• Promover entornos informativos habilitantes: Enfrentar la concentración y cooptación de medios, así como la contaminación informativa, para fomentar debates informados. 
• Abordar inequidades históricas: Implementar políticas que reconozcan y reparen injusticias sociales y económicas de larga data. 

Las democracias prosperan cuando la ciudadanía siente que el sistema funciona para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Si la desigualdad no se controla, la legitimidad democrática seguirá debilitándose, especialmente entre las nuevas generaciones, que ya muestran una preocupante desconfianza hacia las instituciones democráticas. 

La pregunta “¿cuánta desigualdad (y por cuánto tiempo) puede tolerar una democracia?” exige atención urgente. La experiencia de la región sugiere que, para que la democracia sobreviva y prospere, la lucha contra la desigualdad debe estar en el centro de las estrategias de gobernanza. 

Esto requiere instituciones efectivas y también una esfera pública abierta e inclusiva. Los mecanismos innovadores de participación ciudadana, combinados con un Estado renovado y fortalecido, pueden desempeñar un papel decisivo en esta ecuación.