En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador reafirmó su compromiso con las familias de las personas desaparecidas y las instituciones que lideran su búsqueda.

Jairo Acuña-Alfaro, Representante Residente del PNUD, tomó parte en el acto conmemorativo que reunió a representantes de alto nivel del Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organizaciones de la sociedad civil y, de manera central, a las familias de las víctimas.

El Representante del PNUD recordó que la desaparición forzada es una grave y continua violación de los derechos humanos que deja una herida profunda en la sociedad. En este sentido, destacó el rol fundamental del PNUD en el acompañamiento a los procesos de memoria y justicia transicional, pues "no puede haber desarrollo sostenible, ni paz duradera, en una sociedad que no ha podido cerrar las heridas de su pasado".

En su discurso, Acuña-Alfaro subrayó que la búsqueda trasciende los procesos técnicos o judiciales. "Es una madre que guarda una fotografía. Un hermano que aún pregunta. Una hija que hereda la búsqueda de su madre. Ese amor incansable es, hoy, el verdadero centro de esta conmemoración", afirmó.

Además, reconoció la labor rigurosa y el compromiso ético de las Comisiones Nacionales de Búsqueda.

"A las familias aquí presentes: gracias por su confianza, por su paciencia y por permitirnos ser parte, aunque sea de manera modesta, de este camino. Su perseverancia es una lección de dignidad para todo el país", expresó.

El PNUD reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas de cooperación técnica y fortalecimiento institucional que doten a las comisiones nacionales y actores clave de metodologías innovadoras, capacidades forenses actualizadas y sistemas eficientes de gestión de información. Consolidar marcos de gobernanza transparentes y participativos es indispensable para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia, sentando las bases de una reconciliación nacional basada en la no repetición de los hechos del pasado.