Quito, Ecuador, 1 de septiembre de 2026.— América Latina y el Caribe se encuentran a la vanguardia de los esfuerzos para lograr que las finanzas públicas contribuyan de manera más efectiva a la naturaleza. En toda la región, los gobiernos están reorientando el gasto público existente —incluidos los subsidios perjudiciales para el ambiente— y diseñando nuevos incentivos para promover inversiones positivas para la naturaleza en la agricultura, los negocios verdes y la conservación de la biodiversidad.

En conjunto con otras soluciones de financiamiento público y privado, estos esfuerzos han permitido movilizar cerca de USD 2.000 millones para la naturaleza en América Latina y el Caribe desde 2018. Esta cifra representa más de la mitad de los más de USD 3.300 millones movilizados a escala mundial, durante el mismo periodo, mediante soluciones financieras respaldadas por BIOFIN del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del PNUD trabaja con gobiernos y socios en más de 135 países para vincular las prioridades nacionales de biodiversidad con soluciones prácticas de financiamiento. Estos resultados financieros y de política pública se sustentan en los Planes Nacionales de Financiamiento para la Biodiversidad, que ayudan a los países a mejorar el gasto público, rediseñar los incentivos financieros, involucrar a inversionistas privados y desarrollar soluciones innovadoras de financiamiento. Este trabajo también puede contribuir a que los países aprovechen las oportunidades de una economía positiva para la naturaleza, que podría generar USD 10 billones en oportunidades de negocio anuales y 395 millones de empleos en todo el mundo hasta 2030.

Estos temas constituyen el eje central del 12.º Diálogo Regional sobre Financiamiento de la Biodiversidad para América Latina y el Caribe, inaugurado en Quito con la participación de representantes de 25 países. El encuentro reúne a ministerios de Finanzas y Ambiente, bancos de desarrollo, instituciones financieras privadas, organizaciones de conservación, comunidades y socios para el desarrollo, con el propósito de movilizar financiamiento destinado a las prioridades nacionales de biodiversidad.

“Ecuador reafirma que la protección de la biodiversidad no puede ser un esfuerzo aislado. Requiere un marco financiero moderno, audaz y comprometido, en el que los recursos públicos, la banca de desarrollo y el sector privado trabajen conjuntamente por objetivos nacionales y regionales compartidos. La conservación no es un gasto, sino la inversión estratégica más rentable para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, afirmó Alicia Jaramillo Cabo, viceministra del Ambiente y Marino Costero del Ministerio del Ambiente y Energía del Ecuador.

América Latina y el Caribe albergan algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. Estos ecosistemas sustentan la seguridad alimentaria e hídrica, los medios de

vida, el turismo, la resiliencia climática y el desarrollo económico. Sin embargo, protegerlos y restaurarlos requiere financiamiento sostenido y una mayor integración de la biodiversidad en las decisiones económicas y financieras.

Los Planes de Financiamiento para la Biodiversidad permiten a los gobiernos conocer cuánto invierten actualmente en biodiversidad, estimar sus futuras necesidades de financiamiento e identificar soluciones prácticas para movilizar nuevos recursos, mejorar la eficiencia del gasto existente y reducir los flujos financieros perjudiciales para la naturaleza.

“El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra no son desafíos ambientales aislados: inciden directamente en nuestras economías, nuestra seguridad y nuestro desarrollo”, señaló Inka Mattila, representante residente del PNUD en Ecuador. “Este Diálogo busca transformar ese desafío compartido en soluciones susceptibles de inversión que impulsen el crecimiento, la equidad y la resiliencia en toda la región”, añadió.

Soluciones de financiamiento que generan resultados en la región

Los resultados recientes evidencian la creciente diversidad y escala de las soluciones de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe.

En Colombia, se movilizaron más de USD 553 millones a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y otros instrumentos de financiamiento público.

Costa Rica movilizó, catalizó y alineó USD 101,5 millones, de los cuales más del 52 % se destinó a iniciativas lideradas por mujeres. Una de sus iniciativas más recientes, Naturalia, vincula el turismo rural comunitario y el agroturismo con la conservación de corredores biológicos. Esta iniciativa ha movilizado USD 3,9 millones, ha beneficiado a 3.733 personas —el 54 % de ellas mujeres— y ha contribuido al manejo sostenible de 3.310 hectáreas de bosque.

En Ecuador, se han aplicado criterios de riesgo ambiental y social a carteras de microfinanzas por USD 1.400 millones, mediante el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS). Con el apoyo de BIOFIN del PNUD, este trabajo contribuye a incorporar consideraciones ambientales y sociales en la toma de decisiones financieras.

Los países también están desarrollando soluciones financieras adaptadas a las características de sus ecosistemas y comunidades.

Argentina amplió su Seguro de Protección del Yaguareté a municipios que, en conjunto, cuentan con una población superior a 100.000 habitantes. Este mecanismo público-privado compensa a los productores ganaderos por las pérdidas verificadas causadas por yaguaretés, lo que contribuye a proteger los medios de vida rurales y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de matanzas en represalia contra esta especie en peligro crítico de extinción.

Cuba puso en marcha su primer esquema de Pago por Servicios Ecosistémicos, que ha generado pagos acumulados por USD 239.000. Esta cifra incluye un pago de USD 175.000 realizado en marzo de 2025 por las absorciones de carbono logradas mediante el manejo forestal sostenible.

En Perú, se aseguraron aproximadamente USD 5,9 millones a través del sistema nacional de inversión pública, Invierte.pe, para financiar siete proyectos enfocados en la siembra y cosecha de agua y la restauración de ecosistemas.

Los países también están fortaleciendo las instituciones necesarias para sostener estas inversiones. Guatemala, por ejemplo, creó una Oficina de Inversión Verde dentro de su Ministerio de Finanzas, encargada de liderar el trabajo relacionado con el financiamiento para la biodiversidad y el clima, los presupuestos verdes, el desarrollo de una taxonomía de finanzas sostenibles y posibles canjes de deuda por naturaleza.

La banca de desarrollo y el financiamiento privado se incorporan a la agenda de biodiversidad

Uno de los principales temas del encuentro en Quito será el papel de los bancos nacionales y regionales de desarrollo para llevar el financiamiento de la biodiversidad desde iniciativas de escala relativamente pequeña hacia flujos de inversión más amplios y sostenidos.

Los bancos de desarrollo pueden contribuir a transformar las prioridades nacionales de biodiversidad en programas viables y carteras de inversión. También pueden combinar recursos públicos y privados, reducir los riesgos de las inversiones y mejorar el acceso al financiamiento para los gobiernos locales, las comunidades y los emprendimientos positivos para la naturaleza.

“América Latina y el Caribe aportan experiencias relevantes a la agenda mundial de biodiversidad: desde la reorientación de los incentivos públicos hasta la participación de la banca de desarrollo y la ampliación del financiamiento para las mujeres y las comunidades”, señaló Mariana Bellot, asesora global y líder del Programa Mundial de Finanzas para la Biodiversidad de BIOFIN del PNUD. “De cara a la COP17, la región puede demostrar cómo las reformas de incentivos y subsidios previstas en la Meta 18, junto con otras soluciones prácticas de financiamiento, están transformando la manera en que los recursos públicos y privados apoyan a la naturaleza”, agregó.

En Ecuador, BIOFIN del PNUD trabaja con el Banco de Desarrollo del Ecuador en la preparación de un Programa de Seguridad Hídrica. Esta iniciativa busca ampliar las inversiones en agua más allá del saneamiento y la infraestructura convencional, mediante la incorporación de la conservación de cuencas hidrográficas y fuentes de agua, así como de la participación de las comunidades locales.

Las y los participantes también analizarán cómo lograr que el financiamiento llegue de manera más efectiva a las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales y los emprendimientos cuyos medios de vida dependen de ecosistemas saludables. Esto refleja un creciente interés regional no solo por determinar cuánto financiamiento se moviliza, sino también por examinar cómo se diseña, quiénes participan en la toma de decisiones y quiénes se benefician finalmente de estos recursos.

Acelerar los avances hacia 2030

El Diálogo de Quito se desarrolla mientras los países avanzan en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y sus metas para 2030.

Adoptado en 2022, este Marco establece objetivos y metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hasta 2030, incluidos compromisos para incrementar sustancialmente los recursos financieros destinados a la biodiversidad.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP17), que tendrá lugar en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026, los países realizarán la primera revisión mundial del progreso colectivo en la implementación del Marco. Este proceso incluirá el análisis del financiamiento y de otros medios de apoyo necesarios para su cumplimiento, así como la identificación de mecanismos para acelerar las acciones hasta 2030.

Los Planes de Financiamiento para la Biodiversidad son reconocidos en el Marco Mundial como una importante medida habilitante para movilizar y alinear recursos con las prioridades nacionales de biodiversidad.

Los resultados alcanzados en América Latina y el Caribe demuestran cómo una planificación liderada por los propios países puede traducir los compromisos mundiales en cambios concretos en los presupuestos, las políticas públicas, las instituciones financieras y las prácticas de inversión.

Al reunir a gobiernos, instituciones financieras, comunidades y socios para el desarrollo, el Diálogo de Quito busca fortalecer las alianzas financieras necesarias para sostener soluciones efectivas, ampliar el acceso al financiamiento y orientar una mayor cantidad de recursos públicos y privados hacia las prioridades nacionales de biodiversidad.