LocationsRendir justicia a las mujeres
Lograr la igualdad real en el terreno de los derechos
La igualdad de trato ante la ley es un derecho humano fundamental.
Sin embargo, para millones de mujeres de todo el mundo, el camino hacia la justicia sigue plagado de obstáculos. Las mujeres gozan únicamente del 67 % de las protecciones legales de las que disfrutan los hombres. Y en la práctica, incluso cuando se logra la igualdad de trato ante la ley, esto no siempre se traduce en resultados justos para las mujeres.
De este modo, las mujeres siguen desprotegidas, lo cual tiene consecuencias que se extienden a toda la sociedad. En cambio, los sistemas de justicia que fomentan activamente la igualdad de género ayudan a construir cohesión social y a respaldar el crecimiento económico. No es casualidad que los países con garantías jurídicas más sólidas para las mujeres tiendan, en promedio, a ser más estables y más prósperos.
Desde el PNUD trabajamos con países y socios para cerrar la brecha de justicia de género fortaleciendo las instituciones y redes jurídicas, traduciendo las leyes en efectos reales en la vida de las mujeres, y abordando las normas sociales y culturales que obstaculizan el progreso. Lograr avances significativos en materia de justicia de género es esencial para que el mundo pueda cumplir la promesa de paz y prosperidad para todas las personas, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sistemas de justicia
A nivel institucional, los sistemas de justicia deben ser inclusivos y equitativos, ofreciendo a las mujeres vías reales para ejercer sus derechos y actuar. Si bien se han obtenido importantes avances, este trabajo sigue inconcluso. El ODS 5, que tiene por objeto lograr la igualdad de género, muestra que ningún país ha cerrado las brechas en relación con los marcos jurídicos, la vida pública, la protección frente a la violencia, las oportunidades económicas y el derecho de familia, y más de la mitad de los países aún presentan brechas en todos estos ámbitos.
En tiempos de crisis o conflicto, los sistemas de justicia se ven presionados y los derechos de las mujeres suelen ser los primeros en erosionarse. Si no se aborda esta situación, puede profundizar la desigualdad, socavar la confianza pública y limitar la capacidad de los sistemas para impartir justicia. Por ello, fortalecer los tribunales y los servicios de asistencia legal es fundamental, no solo para que los sistemas de justicia sean más adaptables, resilientes y capaces de atender las necesidades de la población, sino también para asegurar que las mujeres no queden en la peor situación cuando los sistemas se encuentran más presionados.
Con el apoyo de Alemania, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido, lanzamos la Gender Justice Platform junto a ONU Mujeres, la cual está contribuyendo a cerrar esta brecha. Hasta el momento, más de 300.000 personas —la mayoría mujeres— han podido acceder a servicios de justicia y seguridad a través de la Plataforma, lo que demuestra cómo los esfuerzos selectivos pueden hacer que los sistemas de justicia sean más inclusivos y receptivos.
Mujeres asisten a audiencias en los tribunales de Garowe, en Puntlandia (Somalia). Ampliar el acceso de las mujeres a los procesos legales es uno de los objetivos principales de iniciativas como la Gender Justice Platform, a través de la cual buscamos cerrar, junto a ONU Mujeres, la brecha global de justicia de género.
La mayor representación de mujeres en todos los niveles de la judicatura también está fortaleciendo los sistemas desde adentro. Desde juezas y abogadas, hasta encargadas de la formulación de políticas, los datos indican que el liderazgo de las mujeres genera confianza pública, afianza la legitimidad, promueve la adopción de decisiones equitativas y produce mejores resultados. Después de un conflicto, la participación de las mujeres es fundamental para la reconciliación y la consolidación de la paz, haciendo que los acuerdos de paz sean más duraderos y la recuperación más inclusiva.
A través de nuestro Sello de Igualdad de Género para instituciones públicas celebramos cambios concretos de políticas, servicios y lugares de trabajo que impulsan la igualdad de género. Así, apoyamos a 117 instituciones públicas en 36 países, gracias a socios como Luxemburgo, la República de Corea, la Unión Europea y otros. Y, en breve, lanzaremos una plataforma que monitoreará la representación de las mujeres en los tribunales y en otras áreas clave en más de 120 países.
No obstante, mantener este impulso requiere inversiones inteligentes y un presupuesto que responda claramente a las cuestiones de género. La reforma de la justicia ha estado históricamente infrafinanciada, aunque los datos muestran que las inversiones adecuadas pueden reducir tiempos y costos, además de mitigar la incertidumbre. Para ayudar a cerrar la brecha de financiación, desde el PNUD trabajamos con casi 30 países a través de nuestra iniciativa Equanomics, apoyando a los encargados de adoptar decisiones a gestionar presupuestos y finanzas públicas que asignen recursos adecuados en pro de la igualdad de género y de servicios de justicia más sólidos.
Eurasia
Un futuro con igualdad
Nuestra plataforma Equal Future está ampliando el impacto de las mujeres en la política y la administración pública.
La plataforma recopila y analiza datos sobre la participación y el liderazgo de las mujeres en 19 países y territorios. Reúne buenas prácticas y casos de éxito en torno a la igualdad de género y la inclusión significativa de las mujeres en la toma de decisiones.
Yemen
Impulsando a las mujeres mediadoras
En el Yemen, las mujeres se enfrentan a importantes obstáculos para ejercer sus derechos fundamentales, incluido el acceso a la justicia y su representación en el sistema judicial. Dado que el 80 % de las disputas se resuelven a través de mecanismos comunitarios, desde el PNUD hemos brindado apoyo a mujeres mediadoras y asesoras legales para que ofrezcan sus servicios mediante redes consuetudinarias e informales.
Con el respaldo de Alemania y los Países Bajos, el proyecto ha alcanzado un nuevo nivel de impacto: las asesoras legales han logrado resolver hasta 3.000 casos, que abarcan desde conflictos familiares y sucesorios hasta disputas por tierras y asuntos laborales, fortaleciendo la confianza de las comunidades y contribuyendo a sentar las bases de un sistema de justicia más inclusivo.
Marcos jurídicos
Aún hoy, en gran parte del mundo las niñas pueden contraer matrimonio legalmente antes de cumplir los 18 años. En muchos marcos jurídicos, las definiciones de violación siguen basándose en la prueba de fuerza o coerción, en lugar de centrarse en el consentimiento, lo que deja importantes vacíos de protección. Más de 45 países continúan teniendo al menos una disposición jurídica que discrimina por razón de sexo, como negar a las mujeres el derecho a otorgar la nacionalidad a un cónyuge no ciudadano en las mismas condiciones que los hombres. Y en 61 países, al menos una ley impide que las mujeres desempeñen los mismos trabajos que los hombres.
Muchos marcos jurídicos siguen perpetuando la injusticia, pero las leyes, políticas y prácticas pueden y deben reformarse para responder a las necesidades de las mujeres. Pueden, de hecho, eliminar normas discriminatorias, garantizar la igualdad de derechos tanto en la vida pública como privada, y exigir la rendición de cuentas cuando se vulneran sus derechos.
Estas reformas producen un efecto dominó que va mucho más allá de los tribunales. Por ejemplo, las reformas del derecho de familia adoptadas desde 1970 han contribuido a generar oportunidades económicas para más de 600 millones de mujeres. Un cambio similar se produjo tras la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, cuando los gobiernos avanzaron en la promulgación de leyes contra la violencia de género. En la actualidad, 162 países cuentan con medidas contra la violencia doméstica y 147 disponen de salvaguardias contra el acoso sexual en el lugar de trabajo.
Una mujer paralegal en el Yemen se reúne con un miembro de la comunidad como parte de un proceso de resolución de conflictos liderado localmente, facilitando el acceso a la justicia en lugares donde los tribunales formales están lejos o resultan costosos.
Pero sin una implementación real ni una rendición de cuentas, incluso las reformas y políticas más avanzadas corren el riesgo de quedarse en papel mojado. En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ofrece a los gobiernos estándares para identificar leyes discriminatorias y vigilar el progreso.
Los datos y pruebas sólidos son fundamentales para comprender cómo funcionan realmente las leyes y dónde fallan. Al examinar las tendencias, los resultados y las lagunas, los Gobiernos pueden detectar las normas discriminatorias, evaluar la eficacia de las políticas existentes y diseñar reformas que fortalezcan los derechos de las mujeres.
Desde el PNUD, junto a nuestros socios, trabajamos para apoyar a los países en este esfuerzo en curso. A través de nuestra iniciativa Gender Justice and the Law, en alianza con ONU Mujeres, el UNFPA y la CESPAO, ayudamos a identificar las lagunas en esferas como los derechos de propiedad y la protección contra la violencia, proporcionando datos y orientación para modernizar marcos normativos obsoletos. Y en colaboración con la Agencia Nacional de Policía Coreana, también apoyamos a 12 países en la lucha contra las formas digitales de violencia de género, combinando reformas jurídicas con herramientas de investigación cibernética, capacitación policial especializada y campañas de sensibilización para fortalecer la cooperación en favor de la justicia.
Sudán del Sur
El Parlamento en acción
En Sudán del Sur, el Parlamento promulgó dos leyes que garantizan que las mujeres tengan un lugar y una voz en los principales órganos del país encargados de la justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Regeneración, y la Autoridad de Indemnizaciones y Reparaciones.
Estas leyes permiten que las mujeres, incluidas las sobrevivientes de violencia sexual, definan las reparaciones y dirijan en conjunto la vía del país hacia la justicia, la reconciliación y la paz. Las consultas organizadas por la Gender Justice Platform garantizaron que las voces de las mujeres fueran incluidas en la redacción de legislación, demostrando cómo las reformas jurídicas pueden fortalecer la justicia en contextos frágiles.
Pakistán
Espacios digitales seguros
Desde el PNUD nos asociamos con el Gobierno del Pakistán para fortalecer las leyes que abordan la violencia de género facilitada por la tecnología.
La iniciativa reúne a organismos gubernamentales, la judicatura, las fuerzas del orden y la sociedad civil para que las mujeres puedan participar de manera segura en los espacios digitales. Esto incluye abordar el ciberacoso y amenazas emergentes como la ultrafalsificación pornográfica, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de aplicación de la ley.
Barreras estructurales
El estigma, el miedo o las dinámicas informales a veces determinan quién se atreve a hablar, a quién se le cree y a quién protege la ley en última instancia.
Aun si las leyes existentes afirman los derechos de las mujeres, su eficacia suele verse limitada por normas sociales y de género persistentes. Menos de 1 de cada 5 sobrevivientes de violencia de género accede a la justicia formal, a menudo debido a la intimidación o al estigma social. En 2024, 51 de los 92 países donde se practica la mutilación genital femenina han promulgado prohibiciones jurídicas, pero su aplicación sigue siendo desigual, especialmente en comunidades donde la práctica continúa siendo generalizada por razones sociales.
En contextos frágiles, las mujeres suelen hacer frente a obstáculos aún mayores para hacer valer sus derechos, desde sistemas de justicia debilitados hasta barreras lingüísticas y culturales. Desde el PNUD abordamos estos desafíos mediante programas de Estado de derecho centrados en las personas, que refuerzan los derechos humanos y la seguridad comunitaria.
La participación y el liderazgo de las mujeres son clave para construir sistemas de justicia inclusivos y desafiar normas estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia. Raihan Mukhametzhanova trabaja como forestal en el Parque Nacional Ile-Alatau, en Kazajstán.
La pobreza, la educación limitada y el aislamiento geográfico a menudo también se combinan con la discriminación de género para impedir que las mujeres ejerzan sus derechos. En zonas rurales o remotas, los servicios jurídicos pueden ser escasos o inexistentes. Los costos asociados con la búsqueda de justicia, como viajes, honorarios jurídicos o pérdida de ingresos compiten con necesidades básicas como alimentos, medicamentos o cuidados. Las barreras lingüísticas también influyen, especialmente en el caso de poblaciones indígenas o migrantes, dificultando la participación de las mujeres en los procedimientos jurídicos o su acceso a apoyo.
Superar estos obstáculos requiere que las normas estructurales evolucionen junto con unos sistemas de justicia más equitativos y unos marcos jurídicos más inclusivos. Esto implica cambios sociales y económicos más amplios que empoderen a las mujeres para reclamar sus derechos y participar plenamente en la sociedad. Significa invertir en educación para reforzar los conocimientos y la confianza de las mujeres a fin de solicitar reparación ante injusticias, mejorar la infraestructura para facilitar el acceso a servicios esenciales, incluida la justicia, y reducir la pobreza para fortalecer la independencia financiera de las mujeres y su participación en la vida pública. En conjunto, estas acciones contribuyen a generar condiciones de igualdad de género en los sistemas de justicia, pasando de la retórica a un impacto real en la vida de las personas.
Tanzanía
Herramientas prácticas
Las costumbres discriminatorias y las barreras socioculturales en Tanzanía a menudo mantienen a las mujeres en la ignorancia acerca de sus derechos y los mecanismos de justicia de que disponen.
Desde el PNUD, junto a ONU Mujeres, con el apoyo de Suecia, ayudamos a desarrollar la primera guía sobre derechos de las mujeres, Gender Bench Book, que actualmente funciona como guía práctica y accesible para funcionarios judiciales, ayudándolos a proteger a las mujeres y hacer valer sus derechos de manera más eficaz.
Haití
Tribunales móviles
Los tribunales móviles están contribuyendo a poner fin a la impunidad de la violencia sexual y de género en el norte de Haití.
Junto a ONU Mujeres, desde el PNUD estamos llevando la justicia a zonas remotas, donde los altos costos de viaje y los procesos lentos limitan el acceso. En colaboración con el Ministerio de Género y grupos de la sociedad civil, los tribunales móviles también aumentan la conciencia pública sobre la violencia de género y promueven cambios en el comportamiento y las normas sociales.
Garantizar los derechos, promover la justicia
Rendir justicia a las mujeres implica lograr que esta responda verdaderamente a las mujeres; es el pilar del desarrollo humano, el crecimiento sostenible y la igualdad de género.
Reformar leyes y políticas discriminatorias, fortalecer las instituciones para que promuevan la igualdad, y ampliar el liderazgo y la participación de las mujeres en los sistemas de justicia no son fines en sí mismos: son las condiciones necesarias para que el cambio real sea posible, en beneficio de toda la sociedad.
Para más información sobre nuestra oferta en materia de justicia de género, consulta aquí.
Transformando vidas con el apoyo de nuestros socios
Las personas y los gobiernos confían en el PNUD para afrontar los desafíos en materia de desarrollo, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia en tiempos de crisis y conflicto. Estos esfuerzos son posibles gracias al apoyo inquebrantable de nuestros socios, especialmente aquellos que contribuyen con financiamiento básico flexible, lo que nos permite generar un impacto duradero en todo el mundo.
