Hace treinta años, 189 países —incluido Panamá— adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que estableció una visión clara: garantizar a las mujeres un acceso igualitario y una participación plena en la toma de decisiones.

Los avances han sido significativos. En América Latina y el Caribe, la región ha sido pionera en leyes de paridad y en normativas contra la violencia política, las mujeres ocupan hoy el 36 % de los escaños parlamentarios, frente al 11 % en 1995. En Panamá, la representación femenina en la Asamblea Nacional pasó del 10 % en 1999 al 21 % en la actualidad. El país ha incorporado el principio de paridad en el Código Electoral y aprobó en 2020 la Ley 184 contra la violencia política hacia las mujeres, reflejando un compromiso creciente con la igualdad.

Sin embargo, los logros no han sido suficientes. En las últimas elecciones, aunque el padrón electoral mostró paridad, solo el 19 % de las postulaciones correspondió a mujeres y apenas el 14,5 % resultó electa. Actualmente, las mujeres ocupan el 21 % de los escaños legislativos, el 14,8 % de las alcaldías y apenas el 10,3 % de los corregimientos[1], cifras que evidencian un estancamiento de más de cinco periodos electorales. 

El sistema político funciona como un embudo: las mujeres ingresan en los partidos, participan activamente en campañas y movilizan comunidades, pero pocas logran llegar a los espacios de mayor poder.

Las causas de esta situación son múltiples: normativa de paridad incompleta, que da lugar a vacíos como la “válvula de escape” que permite sustituir candidatas mujeres por hombres, así como el acceso desigualen a recursos financieros, formativos y de decisión dentro de los partidos. El resultado es un círculo vicioso en el que, a pesar de su participación, las mujeres siguen siendo minoría en los espacios de poder político.

Otra barrera es la violencia política en todas sus manifestaciones. Esta violencia no siempre es física o explícita; muchas veces se expresa a través de comentarios sexistas, difamaciones, amenazas o campañas de desprestigio, magnificadas por el acoso digital. Un análisis realizado por el PNUD Panamá en 2024[2] mostró que la mayoría de las candidatas recibieron ataques dirigidos a su apariencia física, su raza o su religión. 

Adicionalemente,  las mujeres que participan en la política se enfrenta a brechas económicas y a sobrecargas de cuidados. Muchas, especialmente en áreas indígenas, rurales y comunidades marginadas, deben recurrir a recursos propios para financiar sus campañas. En un país donde la tasa de participación económica femenina alcanza apenas el 52 %, frente al 75 % de los hombres[3], aspirar a un cargo político se convierte en un desafío enorme. 

A esto se suma que la normativa electoral destina solo un 20 % del financiamiento público de los partidos a la capacitación de mujeres, una cifra claramente insuficiente frente a la magnitud de la brecha. Y a ello se añade que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente las tareas de cuidado, lo que restringe su tiempo y oportunidades para involucrarse en la vida pública. 

Ante esta realidad el Ministerio de la Mujer, con la asistencia técnica del PNUD, lideró un amplio proceso de consulta, a nivel nacional  (noviembre de 2024 a febrero de 2025)  para escuchar a las mujeres de diferentes territorios, etnias, condiciones sociales y partidos políticos, permitiendo visibilizar las barreras que ellas enfrentan en la participación en la política. 

Esta escucha resultó en una propuesta que se discute de cara las reformas electorales, con el fin de garantizar la paridad y condiciones equitativas de las mujeres en la política. La participación de las mujeres en los espacios de poder no es simbólica: es una necesidad democrática que amplía y enriquece las agendas públicas, coloca en el centro temas como igualdad salarial, salud, cuidados o educación inclusiva y fortalece la legitimidad de las instituciones.

Treinta años después de Beijing, los avances inspiran, pero los desafíos nos recuerdan que aún no hemos llegado a la meta. La democracia requiere que las mujeres puedan ejercer plenamente el poder y la toma de decisiones, libres de violencia, con autonomía económica y con un Estado que garantice derechos en todos los territorios.

[1] Fiscalía General Electoral (2025). Participación de la Mujer en la Política Panameña, 2024

[2]  PNUD (2024), Informe de Política 2: Revelando la violencia de género en el espacio digital.

[3]  INEC (Octubre 2024), Encuesta de Mercado Laboral (EML)