Hemos cruzado varios umbrales planetarios que sostienen la estabilidad climática sobre la que se construyeron todas las civilizaciones. Pero esta no es solo una crisis ambiental o científica. Es, ante todo, una crisis de justicia.

No todas las personas han contribuido igual al problema. No todas tienen la misma capacidad de adaptarse. Y no todas tienen voz en las decisiones que definirán su futuro. 

El 10% más rico del planeta genera entre el 34% y el 45% de las emisiones globales, mientras que el 50% más pobre genera apenas entre el 13% y el 15%. Y sin embargo, son las comunidades rurales, costeras y de montaña —en Panamá, en Afganistán o en Papúa Nueva Guinea— las que están pagando el precio más alto por una crisis que apenas contribuyeron a crear.

¿Qué significa justicia climática en la práctica?

Significa que la madre que camina kilómetros para buscar agua tiene derecho a información sobre lo que viene.

Que el agricultor que ve desaparecer sus cosechas pueda participar en las decisiones que afectan su territorio. 

Que la niña que deja la escuela durante una sequía prolongada no quede fuera del debate sobre el futuro. 

Que el joven que migra porque ya no ve futuro en su tierra tenga voz en la política climática de su país.

Porque el cambio climático no es solo temperatura: es salud, es agua, es educación, es ingresos, es estabilidad. Y amplifica todo lo que ya existía. Si hay pobreza, la profundiza. Si hay discriminación, la intensifica. Si hay violencia, la exacerba.

Sin ciencia no hay justicia

La ciencia permite identificar dónde actuar primero. Nos dice qué zonas tienen mayor inseguridad hídrica, cuáles tienen ecosistemas más frágiles, cuáles concentran más desigualdades acumuladas. Convierte una declaración de principios en mapas, métricas y sistemas alertas tempranas que pueden salvar vidas.

Pero para que esa ciencia sea realmente transformadora, tiene que ser inclusiva. Debe integrar conocimientos de pueblos indígenas, los datos locales, el monitoreo comunitario y la ciencia ciudadana. La diversidad no es solo un valor ético es una fortaleza científica.

Entendida así, la ciencia no es un privilegio ni un insumo técnico aislado. Es un derecho humano y una condición para tomar decisiones más justas.

La transición ya empezó, la pregunta es cómo y para quién

El mundo avanza hacia economías bajas en carbono. Esta transición puede generar millones de empleos, mejorar la salud pública y fortalecer el desarrollo local. Pero también puede cerrar industrias, desplazar trabajadoras y trabajadores y profundizar brechas existentes si no se gestiona con equidad.

Una transición justa requiere que las comunidades estén desde el principio, no como invitadas simbólicas sino como co-creadoras. Requiere que el financiamiento climático llegue a donde más se necesita. Y requiere que mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, trabajadoras y trabajadores informales no sean los últimos en la fila.

Un nuevo piso legal

En 2022, la Asamblea General de la ONU declaró el acceso a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal. Y las principales cortes internacionales están siendo inequívocas: los Estados tienen la obligación jurídica de prevenir daños irreversibles al clima. La ciencia ya no es solo una recomendación, es un requisito legal.

En nuestra región, el Acuerdo de Escazú le da forma concreta a eso: acceso a información ambiental, participación real en decisiones públicas y protección para quienes defienden la tierra. Es la democracia ambiental que la transición justa necesita.

La ciencia nos da la brújula. La justicia nos da el propósito. Las comunidades nos dan el rumbo. Y las juventudes nos dan la energía.

Panamá tiene talento científico, liderazgo juvenil y fuerza comunitaria. Lo que falta no son recursos ni capacidad, sino más voluntad colectiva de ponerlos al servicio de una transición que no deje a nadie atrás. Ese es el llamado. Ese es el horizonte.