En América Latina y el Caribe, el cuidado ha dejado de ser un asunto invisible. Hoy, gracias a la articulación entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, se está gestando una transformación profunda: pasar del dato a la política pública, y de la política a la vida cotidiana.

Esto formó parte de las discusiones y experiencias que se dieron en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, celebrada en agosto de 2025 en Ciudad de México, donde se adoptó el Compromiso de Tlatelolco. Este documento histórico marca el inicio de una década de acción (2025–2035) para lograr la igualdad sustantiva de género y construir una sociedad del cuidado. En este espacio, se reconoció que los cuidados son un derecho humano, un bien público y un motor económico, y se reafirmó la urgencia de transformar su organización social, históricamente injusta y desigual. Hoy, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo  retomamos aspectos relevantes discutidos en este importante foro regional. 

Durante la conferencia, se compartieron experiencias que evidencian cómo los sistemas de cuidado pueden ser motores de justicia social, inclusión y desarrollo. Desde México hasta Bolivia, pasando por Chile, Argentina y República Dominicana, se está construyendo una infraestructura pública, digital y humana que reconoce el valor del cuidado como derecho y como trabajo.

Uno de los casos más inspiradores es el programa de atención preventiva en México, donde profesionales de salud visitan hogares de personas adultas mayores. Esta iniciativa que es cien por ciento territorial no solo mejora el acceso, sino que genera datos valiosos para diseñar políticas más cercanas a la realidad.

En República Dominicana, la Encuesta Nacional de Cuidados reveló que más del 20% de la población necesita apoyo. Esto impulsó la creación de una mesa intersectorial con más de 10 instituciones, demostrando que los buenos datos pueden generar buenas decisiones y buenas políticas públicas.

Las mujeres con discapacidad también han alzado la voz, exigiendo ser reconocidas como sujetas de derechos y no como receptoras pasivas de cuidados. En Argentina y otros países, se ha visibilizado cómo enfrentan barreras estructurales que no solo las excluyen de los sistemas de cuidado y apoyo, sino que también les niegan la posibilidad de decidir libremente si desean o no asumir roles de cuidado. A menudo, este trabajo se les impone como un destino inevitable, invisibilizando su autonomía y sus proyectos de vida. La justicia del cuidado exige reconocer, redistribuir y dignificar el tiempo que ellas —y todas las cuidadoras— dedican a sostener la vida, sin que ello limite su libertad de decidir cómo quieren vivirla.

Bolivia ha dado un paso audaz al despatriarcalizar el Estado, integrando el cuidado como eje de su política pública. Chile, por su parte, ha implementado el programa “Chile Cuida”, con presupuesto definido y acciones concretas, demostrando que el compromiso político puede traducirse en cambios reales.

México, Colombia, Honduras, Uruguay y Panamá son de los países que ha estado trabajando en el desarrollo de  cartografías o mapas georreferenciados del cuidado, herramientas que permiten visualizar dónde y cómo se necesita intervenir. Estas iniciativas muestran que el enfoque territorial y la interoperabilidad de datos son claves para avanzar.