El último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)^[1] ha vuelto a advertir al mundo sobre la necesidad de implementar transiciones rápidas y de gran alcance, que abarquen todos los sectores y sistemas, y que consigan reducciones de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) profundas y sostenidas para garantizar un futuro habitable y sostenible. El incremento de la temperatura global de la superficie ha alcanzado ya 1.1°C, propiciado por emisiones que han seguido aumentando a través de contribuciones históricas y desiguales que se fundamentan, mayormente, en un uso insostenible de la energía y de la tierra. Concretamente, en 2019, aproximadamente el 79% de las emisiones de GEI a nivel global provenía de los sectores de la energía, la industria, el transporte y la edificación juntos, y un 22% de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Además, los expertos aseguran que, en el escenario de que las emisiones anuales de CO² se mantuvieran en promedio en el mismo nivel que en 2019, hacia 2030 se agotaría el presupuesto de carbono restante para poder limitar el calentamiento global a 1.5°C.

Sin embargo, en el camino hacia una transición justa, las condiciones propicias para ello difieren en términos de circunstancias nacionales, regionales y locales, y en las distintas capacidades y acceso a recursos oportunos. Las cumbres internacionales siguen poniendo sobre la mesa la problemática de conciliar las distintas visiones de los países en lo que respecta a la implementación de los planes de acción en el marco del cambio climático. En la COP27, por primera vez los países acordaron la creación de un fondo de pérdidas y daños asociado a los efectos adversos de cambio climático que sufren los países más vulnerables, junto con otra serie de decisiones sustantivas en áreas cruciales para la implementación, tales como la mitigación, la adaptación y la financiación, pero dejando sin determinar las respectivas fechas de cumplimiento. Ante este contexto, Colombia hizo hincapié en la necesidad de asegurar el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, abogando por abandonar los combustibles fósiles y que todos los países se esfuercen por limitar el calentamiento global a 1.5°C. En este sentido, el presidente de Colombia propuso un decálogo de acciones que se fundamentan en la coherencia entre el llamado global para atender la crisis climática y las acciones concretas en materia de desarrollo energético, financiamiento para el desarrollo y protección ambiental, insistiendo no sólo en la limitación del consumo de los hidrocarburos, sino también en la protección de la biodiversidad. 

Colombia, por su parte, ha avanzado en la implementación de estas acciones y se ha comprometido a una reducción de un 51% de las emisiones de GEI para el 2030, y al logro de carbono neutralidad para 2050. En coherencia con la petición internacional de la reducción de emisiones y de aportes decididos a la transición energética a los países más desarrollados, la propuesta nacional plantea descarbonizar la política de atención social del país y presenta un plan de ampliación de la participación de energías renovables no convencionales en los próximos años. 

No obstante, hay que tener muy en cuenta la situación particular que se da en el país. Colombia no es sólo un bajo emisor a nivel internacional, sino que difiere también en los sectores que más emisiones producen. Mientras en el mundo el sector de la energía es el responsable del 70% de las emisiones de GEI, en Colombia este sector sólo aporta el 31% de emisiones nacionales. Asimismo, la matriz energética de Colombia es limpia (cerca del 70% proviene de fuentes renovables). Sin embargo, el 60% de las emisiones GEI de Colombia tiene origen en las actividades agrícolas y silvicultura, siendo posiblemente la deforestación una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el país.

Alineado con los desafíos políticos y económicos que enfrenta Colombia en la implementación de una transición energética justa y sostenible, un análisis de las redes sociales a través del social listening en los últimos 6 meses (octubre de 2022 a marzo de 2023) ha revelado que el tema que mayor preocupación genera en los ciudadanos colombianos es el impacto económico de la transición energética en la industria y empleos relacionados con los combustibles fósiles y el sector minero, abarcando un 15% del total de 124,277 publicaciones analizadas; mientras que en segundo lugar (9%) se encuentra una fuerte preocupación por la protección de las fuentes hídricas y, en tercer lugar, con un 8% la preocupación generada por la deforestación. 

Por todo ello, si bien es necesario determinar una dirección clara, rápida y exhaustiva de transición a nivel internacional, también hay que tener muy en cuenta las condiciones específicas que se dan en cada región, y cómo todo ello impacta en los ciudadanos, en especial de la población más vulnerable. 

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^[1] Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf