El aumento de la pobreza multidimensional en 2020 se concentró en las zonas rurales
10 de Septiembre de 2021
Por Santiago Plata Diaz
El Índice de Pobreza Multidimensional, permite evaluar y medir de manera directa si los hogares tienen privación o no de elementos que se consideran vitales tales como acceso a salud, educación, empleo, vivienda y las condiciones de la niñez y juventud. Estas se conocen como dimensiones, compuestas a su vez por 15 variables, que no solo permiten caracterizar los hogares, sino que a su vez ayudan a identificar de manera concreta qué aspectos generan que la calidad de vida de los hogares mejore o empeore en el tiempo. De esta manera, los hogares son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores.
En Colombia, el IPM venía disminuyendo sostenidamente, lo cual reflejaba que la calidad de vida y la provisión de servicios y derechos básicos iba mejorando. No obstante, ante la llegada de la pandemia este panorama cambió, pues durante 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional aumentó a nivel nacional, pasando de 17,5%, en 2019, a 18,1% en 2020.
Este detrimento en el IPM fue jalonado principalmente por las zonas rurales, donde para centros poblados y rural disperso el IPM aumentó 2,6 p.p., 13 veces más alto que el presentado en las cabeceras (0,2 p.p.). Esto profundizó la brecha urbano- rural en la pobreza multidimensional pasando de 22,2 p.p. en 2019 a 24, 6 p.p. en 2020. Poblacionalmente esto implica que en el país hay 9,0 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, de las cuales 4,8 millones se encuentran en las zonas urbanas (ingresaron 165 mil en 2020) y 4,2 millones están en las zonas rurales (ingresaron 324 mil en 2020).
¿Qué generó el mayor aumento de la pobreza en la zona rural?
Si se analizan las variaciones en las contribuciones a la incidencia ajustada del IPM a nivel nacional, se observa que las dimensiones que tuvieron un mayor aumento en la contribución fueron la de condiciones de la niñez y juventud (5,8 p.p.) y, en menor medida, la de Trabajo (0,7 p.p.), jalonadas respectivamente por la Inasistencia y Rezago escolar, por un lado, y por el Desempleo de larga duración por el otro.
Al observar estas variables por dominio se encuentra que su detrimento se dio mayoritariamente en las zonas rurales. Así, mientras que en las cabeceras el aumento en la inasistencia escolar fue de 10,3 p.p., en los centros poblados y el rural disperso fue de más del doble con 25,5 p.p. Asimismo, respecto al desempleo de larga duración se observa un fenómeno similar, mientras que para las zonas urbanas el aumento fue de 1,6p.p. para las zonas rurales de 2,1 p.p.
Este aumento en la inasistencia escolar se da en el marco de una crisis sanitaria en la que la asistencia escolar pasó de ser una interacción presencial entre el estudiante y el profesor, a ser una interacción mediada por diferentes estrategias implementadas por el gobierno nacional para mitigar el efecto de la crisis, como plataformas virtuales, aplicaciones web, llamadas o visitas. De esta manera, el DANE incorporó estas estrategias dentro de la medición de esta variable, haciendo necesaria la tenencia por parte de los hogares de canales habilitadores como internet, dispositivos electrónicos, radio o televisión.
Sin embargo, la profunda desigualdad en la tenencia de dispositivos electrónicos, así como en el acceso a internet entre las zonas urbanas y rurales, generaron que las estrategias para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria en el sistema educativo no tuvieran el efecto deseado en los centros poblados y el rural disperso. Como se puede ver en la gráfica a continuación, al desagregar el porcentaje de hogares que tienen acceso a internet entre las áreas urbanas y rurales se observa que existe una alta brecha en la provisión de este servicio a nivel nacional, especialmente en las regiones Caribe y Pacífica donde la diferencia de acceso a internet es 4 veces más alta en las zonas urbanas.
En este mismo sentido, los resultados de la dimensión trabajo muestran que, aunque el mercado laboral ha experimentado una recuperación progresiva, esta se está dando relativamente más lenta en comparación con su ritmo de deterioro en 2020, reflejado en un aumento en el desempleo de largo plazo, especialmente en las zonas rurales. Según el Reporte de Mercado Laboral No. 18 del Banco de la República, esto es producto de que el mercado laboral no ha podido generar la misma cantidad de empleos que había antes de la pandemia, pues muchos de ellos fueron eliminados por aumentos en la eficiencia de las empresas, la automatización derivada de la virtualidad y la incertidumbre del futuro que se ha vivido durante la pandemia.
Implicaciones generales del aumento de la pobreza Multidimensional
Una de las realidades que muestran las cifras del IPM, es que cada vez más se amplían las brechas que existen entre el centro y la periferia del país, no solo por el carácter regresivo de la crisis sanitaria, sino también por los problemas estructurales que viene cargando el país desde hace tiempo. En el corto plazo se está observando a través de la desigualdad de acceso a educación y tecnologías de la información y la comunicación (TICs), sin embargo, tiene la potencialidad de convertirse en un problema de largo plazo[1], especialmente para los niños(as) y jóvenes de las zonas rurales, a través de la pérdida de oportunidades, capital humano e ingresos potenciales, reforzando el ciclo de desigualdad en Colombia.
Esto resulta determinante en el contexto actual, en el que no solo importa hacer avances en materia de las capacidades básicas[1] , sino también en esas capacidades aumentadas que cada vez más toman un papel clave en el empoderamiento y generación de capital humano de las personas, así como en el cierre de brechas y disminución de la pobreza. De esta manera, la crisis de la COVID-19 visibilizó la importancia de una de estas capacidades aumentadas (acceso y apropiación de la tecnología e internet), no solo en la resiliencia de los hogares para futuras crisis, sino en la mejora de la calidad de la educación y la productividad de las personas[2].
El panorama caracterizado por el IPM hace un llamado hacia un cambio en el paradigma del desarrollo, en el que las políticas públicas no solo deben estar enfocadas hacia el aumento de la cobertura de los servicios básicos convencionales, donde los avances marginales cada vez son más bajos, sino en su calidad, así como en la provisión de los que se hacen necesarios en la actualidad. Adicionalmente, estas políticas deberán contar con una focalización territorial y con enfoques diferenciales que permitan resarcir las brechas que exacerbó la crisis y mitigar sus efectos en el largo plazo. Esta visión, resultará determinante para lograr un crecimiento sostenible y efectivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
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[1] Para más información consultar: https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-potential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates y https://thedocs.worldbank.org/en/doc/641601599665038137-0090022020/original/ColombiaCOVIDeducationfinal.pdf
[2] A nivel mundial ha habido progreso en la capacidad de superar la privación extrema, generando aumento en las Capacidades básicas, entre las cuales está el acceso a educación, salud y tecnología básica: Muchas personas que otrora estaban privadas de estas, hoy en días gozan de un mínimo de acceso. Sin embargo esto ha generado que surja otro tipo de desigualdad, en las capacidades aumentadas, la que surge del diferencial que hay entre la calidad de provisión de las capacidades básicas. Para mayor información puede acceder al Informe de Desarrollo Humano, en el siguiente link: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es.pdf
[3] De acuerdo con Stiglitz (2010). Fronteras de la economía del Desarrollo. Banco Mundial