La participación ciudadana constituye un mecanismo para la construcción de la democracia y es, por sí misma, un derecho constitucional que debe ejercerse en un marco de respeto a los derechos humanos—civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— y de superación de cualquier forma de exclusión, discriminación o desigualdad.

En materia ambiental, México promueve la participación de la sociedad civil en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de políticas e instrumentos de gobierno que favorezcan la sustentabilidad ambiental del desarrollo. Lo anterior, se lleva a cabo a partir de los acuerdos firmados en las convenciones internacionales sobre medio ambiente, como Agenda 21 en Río de Janeiro (1992) y la Declaración de Johannesburgo, Sudáfrica (2002), reiterando su compromiso en Río+20 (2012) y con la Agenda post 2015.

En este marco, el proyecto del PNUD trabaja con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el fortalecimiento de la corresponsabilidad gobierno-sociedad en la política y gestión ambiental para garantizar la preservación del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales.

Lo anterior, a través de una participación ciudadana libre, activa e informada en un marco de igualdad, derechos humanos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) son espacios de participación ciudadana y concertación social impulsados desde 1995 por el gobierno mexicano para cumplir con los acuerdos asumidos sobre participación social en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.