El conjunto de problemas que existen en la consulta, de la voz de personas que han participado en dichos procesos y su propuesta para alcanzar el ejercicio pleno de este derecho en México

Este informe aborda el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios en México, una obligación del Estado mexicano para garantizar la participación de estas comunidades en la toma de decisiones de asuntos susceptibles de modificar sus formas de vida y, con ello, sus derechos, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. A través de un análisis basado en las experiencias de personas que han participado en procesos de consulta de macroproyectos energéticos y de hidrocarburos, el informe busca problematizar el reto para el desarrollo que implica alcanzar el ejercicio pleno del derecho en México y proponer ejes de acción que atiendan las causas de los problemas identificados desde un enfoque sistémico. El objetivo es conformar un portafolio de intervenciones con potencial para impulsar cambios sistémicos y de largo plazo.  

El primer capítulo se presenta la justificación del estudio y una introducción al marco jurídico internacional y nacional que regula el derecho a la consulta previa en México, destacando la importancia de garantizar que las consultas sean previas, libres, informadas y culturalmente apropiadas. El informe forma parte de un ciclo de aprendizaje del Laboratorio de Aceleración del PNUD en México para entender qué implica para los gobiernos realizar ejercicios de consulta más inclusivos y efectivos. El segundo capítulo descompone el reto para el desarrollo que implica alcanzar el ejercicio pleno del derecho a la consulta en 16 problemas que fueron identificados a partir de actividades de investigación como la revisión bibliográfica y entrevistas a profundidad a personas que han participado en estos procesos, y que posteriormente fueron validados en talleres participativos. El tercer capítulo estructura un portafolio de intervenciones conformado en cinco ejes de acción para detonar cambios sistémicos que conlleven a soluciones sostenidas y de largo plazo. Estos ejes incluyen desde el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la promoción de la participación de actores en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, y la concientización empresarial y de funcionarios del Estado sobre el derecho a la consulta. En el último capítulo se presentan, a modo de conclusión, las lecciones aprendidas y recomendaciones de los ejes de acción para garantizar que los procesos de consulta previa sean más inclusivos y efectivos, promoviendo así un diálogo abierto y culturalmente apropiado, así como la construcción de confianza entre todas las partes involucradas.