El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica de manera oficial el Gasto en Protección Ambiental a favor de la Biodiversidad (GPAB), esto gracias al trabajo conjunto entre la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y el INEGI.

Desde 2015, ambas instituciones han trabajado para el desarrollo de una metodología armonizada para estimar el gasto público destinado por los gobiernos nacionales y subnacionales para acciones de conservación de la biodiversidad. Históricamente, este estudio se publicaba de forma externa por BIOFIN, contando siempre con el aval técnico del INEGI, y fue hasta 2023 que la cuenta se ha institucionalizado de manera oficial como parte de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México que elabora el Instituto. 

La metodología de cálculo se construyó utilizando como base el Marco Central del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas de Naciones Unidas (SEEA-CF, por sus siglas en inglés) utilizado por INEGI durante más de 30 años y armonizándolo con el Manual de BIOFIN. Esta armonización permitió vincular los conceptos, definiciones, reglas contables, así como las clasificaciones funcionales de ambos manuales para construir un catálogo de correspondencias que vincula las cuentas de Gasto en Protección Ambiental y Gestión de los Recursos Naturales del SEEA con la taxonomía de gasto en biodiversidad, resultando en una configuración que podía informar las tendencias actuales y pasadas del gasto. 

Un primer ejercicio del GPAB se publicó por BIOFIN en el documento “Análisis de gasto público federal a favor de la biodiversidad en México 2006-2015”; posteriormente, con base en esa experiencia se difundió el “Análisis del Gasto en Biodiversidad en México 2019”. Para el año 2023, el INEGI institucionalizó el cálculo del GPAB del Gobierno Federal, publicando la serie de resultados desde el año 2003 hasta el 2021. 

Adicionalmente, en 2022, ambas instituciones ampliaron el GPAB para incluir las inversiones del sector privado y los empleos ambientales utilizando una cuenta adicional del SEEA, Bienes y Servicios Ambientales (BySA), que permite conocer las inversiones privadas en los principales sectores de la economía, así como un estimado de los empleos ambientales en el país. 

Estos resultados se encuentran disponibles en la sección “tabulados” de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México y se pueden consultar bajo las categorías: 

• Gasto en protección ambiental total a favor de la biodiversidad
• Sector de bienes y servicios ambientales (BySA) y empleos ambientales

Otra particularidad para el caso mexicano es la extensión de la metodología de cálculo a nivel subnacional, teniendo en cuenta la autonomía de los gobiernos estatales para la presentación de su información en la Cuenta Pública y en la gestión de sus recursos económicos. Entre los resultados destaca el trabajo con tres entidades: Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, de este último pueden consultarse los resultados en la página de BIOFIN. 

También se han generado documentos de apoyo que se pueden adaptar y aprovechar para la implementación del cálculo en otros estados. Por ejemplo, se desarrolló un Cuestionario de Gasto en Biodiversidad que facilita la recopilación de información, así como un taller de capacitación para las instituciones responsables en materia ambiental de cada entidad, con el fin de que entiendan los fundamentos del cálculo, lo adapten y se sensibilicen sobre su importancia.

Actualmente el INEGI y BIOFIN están trabajando en la actualización del GPA en Biodiversidad del Gobierno Federal al año 2022 y evalúan la factibilidad de adoptar la Clasificación de Funciones Ambientales (CEF, por sus siglas en inglés) propuesta por la Comunidad Europea, con miras a la actualización del SEEA-CF y la Clasificación de Actividades Ambientales. 

A continuación, se presenta la última versión del GPAB. La gráfica permite entender la tendencia del gasto entre 2003 y 2021 de la totalidad de la cuenta pública con impacto positivo en biodiversidad.  Esta gráfica, a diferencia de una tendencia presupuestal del ramo ambiental, ofrece una mejor aproximación de las erogaciones que toda la Administración Pública Federal realiza en favor de la biodiversidad.