En América Latina y el Caribe, los países avanzan —a ritmos distintos y desde realidades diversas— en la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles, justos e incluyentes. En las últimas décadas, muchas naciones han logrado reducir la pobreza, ampliar el acceso a derechos y fortalecer capacidades institucionales, aun en contextos marcados por transformaciones demográficas, presiones ambientales y profundas desigualdades estructurales.

La región ha sido escenario de innovaciones relevantes en políticas sociales, gestión pública y protección del medio ambiente, y ha demostrado que es posible combinar crecimiento, inclusión y sostenibilidad. 

Sin embargo, a nivel global, sostener y profundizar estos avances requiere enfrentar un desafío común: contar con financiamiento suficiente, oportuno y alineado con las prioridades nacionales de desarrollo.

La complejidad de movilizar recursos y dirigirlos de manera estratégica hacia objetivos de largo plazo ha estado en el centro del debate internacional desde hace más de dos décadas. En 2002, representantes gubernamentales, del sector privado, de la sociedad civil y de organizaciones financieras y comerciales internacionales se reunieron en Monterrey, Nuevo León, para celebrar la Primera Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo; donde se reconoció explícitamente el papel habilitador que tiene el uso efectivo y la movilización de financiamiento para el desarrollo, así como la brecha que existía entre los recursos efectivamente destinados al desarrollo y aquellos necesarios para alcanzar las metas internacionales establecidas en la Declaración del Milenio. 

De ese encuentro nació el Consenso de Monterrey, un acuerdo que puso sobre la mesa la importancia de mejorar la gestión pública, fortalecer la gobernanza, fomentar la coherencia de las políticas y estrategias de desarrollo, impulsar la inversión productiva y aumentar los flujos de asistencia internacionales para mejorar las capacidades de los Estados para atender las necesidades de desarrollo. Fue el inicio de una agenda global que sigue vigente. 

A partir de entonces, se han celebrado tres Conferencias Internacionales sobre Financiamiento para el Desarrollo más que se encuentran materializadas en la Declaración de Doha (2008), la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) (2015) y, más recientemente, el Compromiso de Sevilla (2025). Cada uno de estos documentos reafirma los compromisos asumidos previamente y complementa con base en los retos emergentes y en las crisis sistémicas que incrementan las presiones financieras para el logro de los objetivos de desarrollo. 

Este año, en seguimiento a la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), los países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) se reunieron en la Ciudad de México para abordar los compromisos asumidos en Sevilla desde las realidades y prioridades regionales. Las y los representantes de los gobiernos de ALC, de bancos de desarrollo, de organismos internacionales, del sector privado y de la sociedad civil aprovecharon el espacio – convocado por el Gobierno de México, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Mecanismo de Marcos Nacionales Integrados de Financiación (INFF, por sus siglas en inglés) – para identificar retos comunes que enfrentan las naciones que integran la región para financiar e invertir coherente y eficientemente en políticas para eliminar la pobreza, reducir desigualdades y proteger el medio ambiente. 

Los intercambios que tuvieron lugar en el Foro de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible confirmaron que ALC está a la vanguardia cuando de innovar se trata: México, no solo ha sido precursor de las metodologías de etiquetado presupuestal y de la emisión Bonos Soberanos vinculados a los ODS, sino que ha llevado a cabo esfuerzos por integrar coherentemente todos los instrumentos en una Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible; Brasil ha asumido compromisos e iniciativas ambientales emblemáticas que incentivan la protección de ecosistemas y la reducción de emisiones de carbono a través de instrumentos financieros novedosos, acompañados de robustos mecanismos de seguimiento; Barbados ha incursionado en instrumentos de canje de deuda que incrementan el espacio fiscal al tiempo que promueven la inversión en la acción climática y en la conservación de recursos marinos; Paraguay ha recurrido a la banca de desarrollo para apalancar esfuerzos que promueven la igualdad de género,  mediante productos financieros dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas encabezadas por mujeres, pero que enfrentan barreras de acceso a financiamiento en la banca comercial. 

El Foro también contó con la participación del sector privado, que expuso que existe una creciente oferta de productos para dirigir el financiamiento a objetivos verdes y sociales, bajo esquemas de gobernanza robustos para prevenir el green y social-washing. Entre ellos, se encuentran los préstamos bilaterales, garantías, financiamiento comercial y cartas de crédito vinculadas a objetivos de sostenibilidad. Además, se discutió sobre las estrategias que los países han asumido para alinear las operaciones del sector privado con la planeación para el desarrollo y con políticas específicas para avanzar objetivos ambientales y de inclusión social. En ese sentido, el desarrollo de taxonomías sostenibles y el ajuste de los marcos normativos y regulatorios son fundamentales para contar con criterios objetivos de impacto ambiental y social y para generar incentivos financieros adecuados que permitan sumar esfuerzos entre sectores. 

Este Foro abrió canales de comunicación e intercambio entre los países de ALC y dio cuenta de que un adecuado financiamiento es la base para que las políticas públicas tengan impacto real en la vida de las personas. En América Latina y el Caribe, donde las brechas sociales son profundas y la vulnerabilidad ambiental es significativa, resulta urgente invertir mejor y de forma más coherente.

El Foro de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible dejó claro que no existen soluciones universales. Sin bien cada país debe encontrar su propio camino, los espacios de encuentro regional son vitales: permiten compartir experiencias, fortalecer compromisos y, sobre todo, inspirar nuevas formas de cooperación.