Con la Adopción del Acuerdo en Paris en 2015 y su ratificación al día de hoy por 179 países, implica una nueva era en términos de la oportunidad de lograr un crecimiento económico que también reduzca el riesgo climático y logre co-beneficios socioeconómicos en pro de la sostenibilidad. La reducción de la pobreza, uno de los principales objetivos de la Agenda 2030, está ligado intrínsecamente a la variable climática. Desarrollar resiliencia ante los impactos del cambio climático contribuye sin duda a mantener las actividades económicas y proteger a las personas de caer o recaer en la pobreza.

América Latina, mayormente constituida por países en vías de desarrollo con relativamente bajas emisiones de CO2, no escapará a los efectos adversos del cambio en el clima. Es por esta razón que la región se ha comprometido a contribuir a las metas globales de mitigación y con un enfoque muy marcado en incluir medidas de adaptación.

La publicación presenta resultados de algunos países pioneros en Latinoamérica con la metodología del CPEIR, enfrentando el desafío de construir sistemas para canalizar de manera efectiva el financiamiento climático hacia sectores prioritarios. El informe presenta evidencia que confirma que el gasto público en cambio climático es significativo en la región (0.27 – 2.24% PIB) con una proporción de participación de gasto doméstico importante, entre 60,2 y 79,43%, y hasta un 95% en un caso que consideren los prestamos también como un gasto futuro adquirido por el estado.