Este documento analiza el impacto de los incendios forestales ocurridos en Viña del Mar en 2022 y 2024, destacando las devastadoras consecuencias en vidas humanas, viviendas, infraestructura, economía local y salud mental. Ambos eventos pusieron en evidencia la alta vulnerabilidad de las comunidades en las zonas urbano-forestales, donde predominan asentamientos precarios y población en situación de pobreza que está más expuesta a los riesgos y con menor capacidad de recuperación. El análisis revela también que los incendios intensificaron desigualdades de género y socioeconómicas, afectando de manera desproporcionada a mujeres jefas de hogar y a comunidades carentes de servicios básicos. Asimismo, se identifican impactos en la educación, la cohesión social y la identidad territorial, en un contexto de creciente exposición a riesgos asociados al cambio climático.

Basado en estas experiencias, el estudio concluye que, pese a avances normativos e institucionales con la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la gestión estatal del riesgo sigue siendo más reactiva que preventiva, con falta de coordinación, recursos y pertinencia territorial. La respuesta en ambos incendios mostró falencias en los sistemas de alerta, en la entrega de beneficios y en la planificación urbana, mientras que el rol de organizaciones comunitarias, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y del sector privado resultó clave para complementar al Estado en la prevención, respuesta y recuperación. Frente a un futuro de desastres más frecuentes y extremos, el documento enfatiza la urgencia de robustecer las capacidades institucionales, fomentar la prevención, mejorar la planificación territorial y promover una cultura de resiliencia que involucre de manera activa a las comunidades.