El crimen relacionado con la vida silvestre (IWC, por sus siglas en inglés) ha cobrado una relevancia cada vez mayor como desafío ambiental en América Latina y el Caribe, afectando tanto la biodiversidad como a las comunidades que dependen de ella. Más allá de afectar la extraordinaria biodiversidad de la región —con casi 700 especies ya impactadas— socava los medios de vida locales, alimenta la inseguridad, aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas y deteriora los ecosistemas de los que dependen millones de personas. El IWC suele ocurrir junto a otras actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas y de personas, la tala ilegal, la minería y el acaparamiento de tierras. Estos delitos están impulsados por una compleja interacción de presiones económicas, problemas de gobernanza y poderosas redes criminales —a menudo globales— que exigen soluciones igualmente integrales y coordinadas. 

En toda la región, el PNUD trabaja con gobiernos, comunidades y organizaciones de conservación para abordar las causas profundas del IWC y fortalecer las instituciones responsables de proteger la vida silvestre y los paisajes que habitan. 

Fortaleciendo la fiscalización ambiental y la concientización en Ecuador 

En Ecuador, el PNUD se asoció con la Wildlife Conservation Society y el Ministerio de Ambiente y Energía en una iniciativa de conservación de la vida silvestre financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que reforzó la capacidad del país para combatir el tráfico de fauna, beneficiando a más de 3.500 personas. Se desarrollaron herramientas regulatorias clave, incluido un Plan de Acción Nacional para Combatir el Comercio Ilegal de Vida Silvestre —actualmente en revisión— y protocolos mejorados para el manejo de evidencia relacionada con fauna silvestre. 

Los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades alcanzaron a una amplia gama de actores: desde la policía, autoridades ambientales y fiscales hasta especialistas forenses, jueces y expertos en fauna. El proyecto fortaleció la coordinación interinstitucional y estableció alianzas con operadores de transporte y aeropuertos para detectar el tráfico y difundir materiales educativos de prevención. La participación pública desempeñó un papel clave, con una campaña nacional de sensibilización sobre el tráfico de fauna, un programa educativo para comunidades rurales y cámaras trampa con monitores comunitarios. Paralelamente, el proyecto promovió medios de vida sostenibles y fuentes alternativas de proteína para reducir la caza y el comercio ilegales. 

Enfoques integrados para combatir el crimen relacionado con la vida silvestre en Argentina 

Argentina está avanzando en una respuesta coordinada y multisectorial al IWC. Un proyecto financiado por el GEF e implementado por el PNUD trabaja en alianza con la Subsecretaría de Ambiente de Argentina, la Administración de Parques Nacionales, autoridades ambientales provinciales, instituciones de investigación, centros de rescate de fauna silvestre, asociaciones ganaderas, Pueblos Indígenas y comunidades locales, así como socios de la sociedad civil, para frenar la caza y el tráfico ilegales. 

El proyecto puso en marcha plataformas de gobernanza multisectorial en provincias focalizadas y apoya modelos de gestión compatibles con la biodiversidad en más de 20.000 hectáreas de paisajes prioritarios, beneficiando a especies amenazadas como los jaguares y las aves acuáticas migratorias. Los esfuerzos incluyen el fortalecimiento de los sistemas de control provinciales, la mejora en la identificación de especies traficadas y el desarrollo de una Estrategia Binacional de Conservación del Jaguar con Brasil. 

La tecnología y el equipamiento desempeñan un papel clave en la fiscalización ambiental. Radares de velocidad, sistemas de monitoreo vial, equipos para puestos de control contra el tráfico de fauna y collares GPS para jaguares están fortaleciendo el monitoreo, la generación de evidencia y la fiscalización. Complementando estas medidas se encuentra el innovador esquema de Seguro del Jaguar, que compensa a propietarios ganaderos por pérdidas por depredación, reduciendo las matanzas por represalia y alineando la conservación con la resiliencia económica. 

Fomentar la paz mientras se protegen los jaguares en Colombia 

Un nuevo proyecto de cinco años financiado por el GEF en Colombia, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del PNUD, se lanzará próximamente para reducir el conflicto entre humanos y jaguares mediante el desarrollo de protocolos de coexistencia en alianza con Pueblos Indígenas, comunidades locales y autoridades ambientales. 

Para frenar el comercio ilegal de partes de jaguar y de sus presas, el proyecto fortalecerá la gobernanza, los marcos regulatorios y la capacidad institucional, y piloteará una plataforma de información para rastrear el conflicto humano–jaguar y las dinámicas de tráfico, permitiendo respuestas más rápidas y coordinadas. 

Además del fortalecimiento de la fiscalización ambiental, el proyecto apoyará medios de vida sostenibles basados en la biodiversidad, incluyendo producción sostenible, cadenas de valor de productos de agrobiodiversidad, conservación y restauración, y mecanismos financieros para la resiliencia comunitaria. 

¿Por qué importa la cooperación regional y global? 

Dado que las especies y las redes criminales cruzan fronteras, la coordinación regional es esencial. Plataformas como el Programa Global de Vida Silvestre y las redes de cooperación Sur–Sur ayudan a los países a compartir experiencias y desarrollar estrategias conjuntas. Un sólido ejemplo de esta colaboración en acción es el liderazgo del PNUD en el Comité de Coordinación Jaguar 2030, que reúne a organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU, convenios ambientales y bancos multilaterales de desarrollo para apoyar a los gobiernos en la protección del hábitat del jaguar. 

Para sostener y ampliar los avances, destacan tres prioridades: 

Movilizar el apoyo público para resaltar la urgencia de combatir la caza y el comercio ilegales de vida silvestre y de proteger los ecosistemas; 

Fortalecer el compromiso político y la capacidad institucional, garantizando recursos adecuados para la fiscalización ambiental y mecanismos de cooperación a largo plazo; 

Profundizar alianzas multisectoriales entre gobiernos, sociedad civil, agencias de la ONU —como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito— y los sistemas de justicia para desmantelar redes de tráfico y desarrollar sistemas efectivos de inteligencia ambiental. 

El crimen relacionado con la vida silvestre amenaza no solo la rica biodiversidad de la región, sino también la estabilidad y el bienestar de sus comunidades. A través de una gobernanza fortalecida, la acción colectiva y soluciones impulsadas por las comunidades, la región puede trazar un camino hacia paisajes más seguros y sostenibles tanto para las personas como para la vida silvestre.