LocationsMensaje para la Cumbre Judicial -República Dominicana-2025
Michelle Muschett, Subsecretaria General - directora regional de PNUD para América Latina y el Caribe
3 de Junio de 2025
Michelle Muschett en cumbre de Justicia República Dominicana 2025
PNUD República Dominicana- Fuente Externa
- Sobre los riesgos actuales para la conexión entre justicia y democracia en Iberoamérica.
- Tal vez antes de señalar los riesgos, reconocer y celebrar algunas fortalezas. La primera de ellas es precisamente la conexión entre la democracia, el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. En perspectiva histórica, nuestras democracias son jóvenes, pero son el resultado de mucho trabajo. Nuestra Alta Jurisprudencia tiene la ventaja de la experiencia y más años de consolidación. Pero desde luego que ha dedicado estas últimas cuatro décadas a consolidar la democracia, mediante el ejercicio activo de la separación de poderes, el control de la constitucionalidad, el control de legalidad y la defensa de los derechos. La segunda fortaleza es la de presidir un edificio jurisdiccional, del más remoto juzgado a la más alta Corte, que sirve justicia a la ciudadanía.
- Pero la pregunta era sobre el riesgo para la conexión, el riesgo de desconexión entre Justicia y Democracia. Yo le diría que hay dos riegos mayores, que son el reverso de las fortalezas. Uno, que la gente perciba que en el país no hay justicia, que no tiene derechos, o que se sienta en desigualdad ante la justicia, que vea a la justicia como una institución lejana y difícil de entender. Una de cada 4 personas en la región tiene dificultades para reconocer que se encuentra ante un problema legal y que, por ende, puede acceder a un servicio de justicia. Ese es un riesgo que debe enfrentar la totalidad del sistema judicial: el riesgo de permanecer inaccesible al justiciable.
- Al otro riesgo solo puede darle solución el más alto Tribunal de la nación: haciendo cumplir el principio del imperio de la Ley en el ámbito de la separación de poderes, evitando las crisis constitucionales y la vulneración del ordenamiento jurídico democrático o su erosión.
- Para enfrentar ambos riesgos, a la Justicia le faltan medios. Nuestro poder judicial está infra presupuestado en toda la Región. Falta desde personal hasta tecnología, desde formación hasta valoración de la función, desde cobertura del territorio a especialización. Y una justicia con medios insuficientes tiene que contribuir con su aportación insustituible a ofrecer seguridad a la ciudadanía, protegiéndola de la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado – algunos de los temas capitales que la ciudadanía más valora en la Región.
- Este derecho a la seguridad, a la propiedad, a estar protegido de la violencia, ha venido a juntarse con los derechos que la judicatura viene protegiendo desde hace tiempo: el trabajo, la libertad de empresa, la libertad de expresión, la igualdad, la propiedad intelectual, la privacidad y la negación de toda discriminación. Todos los derechos, que son indivisibles, merecen ser defendidos. Corresponde a los tribunales de justicia la última línea de defensa de los derechos ciudadanos.
- Todas las encuestas revelan que una mayoría de personas en nuestra Región están insatisfechas con su democracia. Y a la raíz de esa insatisfacción, exacerbada por la inseguridad y la corrupción, está la desigualdad. La desigualdad social se plasma en la educación que se recibe, la salud a la que uno tiene acceso, la vivienda que comparte con su familia, el barrio en el que vive, la tarea que uno realiza en la economía. Los dos únicos foros en los que el arco de la igualdad se acerca más a los ciudadanos son el foro democrático y el foro judicial. Solo ante las urnas y ante la curia pueden los ciudadanos corregir con la igualdad ante la ley y la igualdad en el voto, las desigualdades de la sociedad. Hay ahí también un riesgo: que los ciudadanos sientan que la desigualdad económica les causa desigualdad política e indefensión ante la Ley. De ahí la crucial tarea de la justicia al afirmar la igualdad ciudadana.
- Rol que debe jugar la justicia en la protección de los valores democráticos cuando estos se ven amenazados por populismos o crisis institucionales
- Sin duda debe jugar un rol importante de protección, de guardarraíl como se viene diciendo en la ciencia política de la Región. Pero para ello necesita fortaleza, capacidades, ser reconocida por su contribución a la convivencia. Desde las Naciones Unidas lo creemos así. Varias instancias ONU apoyan al poder judicial en la gran mayoría de los países en desarrollo y de renta media del mundo. El PNUD sin ir más lejos, lleva más de una década apoyando al poder judicial en este país, marcando vanguardia en enfoques innovadores y procesos de co-creación en sus planes estratégicos. Hemos trabajado en la mejora del sistema de evaluación y desempeño de jueces, así como en la optimización de los procesos de trabajo judicial y gestión de casos. El Poder Judicial Dominicano1 ha obtenido el Sello de Género de Oro, que reconoce su rigor y sus resultados en la promoción de la igualdad de género. Aquí y en varios países de la región, facilitamos la transición digital de la justicia, apoyamos los esfuerzos del sistema judicial para hacerse accesible, y para enfrentar las nuevas realidades de nuestras sociedades, desde la justicia ambiental a las invasiones de privacidad o los derechos de propiedad intelectual.
- Las Cortes Supremas son el actor clave para la agenda de justicia pronta, expedita y cercana, un servicio público para la ciudadanía. En el año 2022, el PNUD destinó USD 83 millones a reforzar la institucionalidad de la Justicia en la Región. Además de los recursos movilizados junto a socios que entienden la importancia de la Justicia, lo más importante es que la región aporta innovación en diferentes transformaciones del sistema judicial. Seguiremos apoyando desde nuestra posición de aliado los marcos de acción comunes – como el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, el Acuerdo de Escazú-; los espacios de diálogo regionales - como la Alianza Iberoamericana de Acceso a la Justicia, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y la Iniciativa Justice Action Coalition.
- Y nuestro apoyo es tanto más activo cuanta mayor es la tarea de protección de la democracia que realiza la justicia. Por ejemplo, mediante la especialización de Magistrados y Magistradas en justicia electoral, o suministrando asistencia técnica para la creación de Ministerios de Justicia, como en el Uruguay – una intervención de vanguardia y de futuro. En síntesis, los valores democráticos se protegen desde abajo, cuando nuestros tribunales nos pronuncian iguales ante la Ley, y desde arriba, cuando nuestras Altas Cortes cumplen con su función constitucional de guardar la legalidad. Y para ambas tareas nos encuentran trabajando en la misma dirección en toda la región.
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