La existencia de un salario mínimo alto -en relación con lo que efectivamente gana más de la mitad de trabajadores colombianos- causa problemas adicionales. Quizá el más importante sea el de la contribución a la seguridad social. ¿Por qué? No importa si un trabajador es dependiente o independiente, el sistema de protección social asume que el mínimo ingreso posible sobre el cual se pueden realizar los aportes necesarios para la seguridad social es el salario mínimo. Quienes ganan menos de ese valor no tienen muchas opciones. Si son empleados, no pueden cotizar salud y pensión pues su nivel de remuneración es inferior a la legal. Y si son independientes, no importa su ingreso mensual, deben hacer sus aportes sobre la base de un mínimo.

Es decir, para los trabajadores por cuenta propia -que representan el 48% de los ocupados- contribuir a salud y a pensión cuesta cerca de $280.000 mensuales, sin importar cuánto les reporte su actividad económica. O sea que un independiente que gane medio salario mínimo, tendría que destinar más de la mitad de su ingreso para aportar a la seguridad social. Si no se hacen aportes a la seguridad social, la cobertura ante riesgos de longevidad, enfermedad y desempleo es más precaria. Lo anterior sucede a pesar de esfuerzos valiosos por otorgar protección en la vejez a la población excluida de la contribución en seguridad social, tales como el esquema de BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), cuya cobertura aún es muy baja.

Primera consecuencia: una población con protección incompleta en la vejez, enfermedad y desempleo.

Por providencia de la Corte Constitucional, desde 2008, el aseguramiento en salud de los colombianos es prácticamente el mismo independiente de si son formales, informales o desempleados. Aun así, los no cotizantes no tienen derecho a licencias de maternidad y subsidios por incapacidad, por lo que su protección sigue siendo incompleta.

El caso de la protección en la vejez es definitivamente más crítico. Como ya lo vimos anteriormente, los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, en la práctica están excluidos de la cotización a una a pensión y por lo tanto de acumular las semanas y el ahorro necesarios para obtener una mesada pensional en la vejez. De entrada, sabemos entonces, que la mayoría de ese 50% que gana menos de un salario mínimo no está ahorrando para pensión^[5] y que, el avance de su vida laboral hará cada vez más difícil cumplir las condiciones necesarias para lograrlo. De hecho, en 2019, había 1,6 millones de pensionados en Colombia, es decir solo el 24% de toda la población en edad de pensión. Adicionalmente, Natixis publica un índice que pretende identificar los mejores países para jubilarse. Colombia ocupa el puesto 40 entre 44 naciones listadas^[6].

Por su parte, la protección en caso de desempleo es muy precaria tanto para trabajadores formales como informales y se debe más a la ausencia de un seguro de desempleo como los que tienden a prevalecer en países de mayores ingresos^[7]. Los trabajadores que tienen contratos laborales dependientes sí gozan de alguna protección. Por un lado, está el ahorro de cesantías, aunque se usa con frecuencia para inversión en vivienda y educación. Por otro lado, está la indemnización por despido sin justa causa a cargo de los empleadores. Indemnización que con frecuencia los despedidos no reclaman por aversión al proceso de litigio en tribunales^[8], pero que sí representa un costo contingente alto para los empleadores, en caso de quiebra o un choque adverso a sus ingresos.

Con excepción de la salud, el arreglo actual no resulta eficiente en dar protección social a la población adulta. La utilización del salario mínimo como punto de referencia para la cotización a la seguridad social es la principal razón, pues esta opera como un mecanismo que excluye a la mitad de los trabajadores de Colombia que devengan menos del mínimo a que no tengan cobertura completa de la seguridad social.

Segunda consecuencia: fomentar la informalidad tiene implicaciones económicas de largo alcance

Ya hemos visto que un salario mínimo relativamente alto acaba por segmentar a la población trabajadora y termina excluyendo a más de la mitad de ella de una protección social más completa. Ello, sumado a las cargas parafiscales y los costos potenciales de los despidos ante una crisis de solvencia de una empresa, representan incentivos importantes a no formalizar los empleos. Por otro lado, el arreglo institucional de Colombia ha creado algunos mecanismos para proteger a la población que queda excluida de la seguridad social, pero su alcance ha sido limitado y han generado otros incentivos para permanecer en la informalidad. En cuanto a protección efectiva, la salud es una excepción pues tanto los contribuyentes como no contribuyentes gozan de protección similar.

La consecuencia de lo expuesto anteriormente, es que la forma predominante de empleo en Colombia sea la informalidad, lo que a su vez tiene implicaciones profundas para la forma en que se organiza la producción de bienes y servicios en el país, pues la mano de obra informal solo puede soportar la existencia de formas de autoempleo y empresas diminutas, con pocas perspectivas de aprendizaje y pocas perspectivas de mejoras de los ingresos de los trabajadores, lo que se traduce en una trampa de bajo crecimiento de la productividad de las empresas y los trabajadores, y en últimas implica un crecimiento del ingreso per cápita del país inferior al potencial[9].

Para entender la dimensión que adquiere esta observación sobre las empresas pequeñas, basta con observar este dato: los expertos de la Misión de Empleo calculan que 9 de cada diez empresas en Colombia tiene tres trabajadores o menos. Y tan solo 72.000 empresas emplean a más de 11 personas, aun cuando la población trabajadora de Colombia supera los 22 millones de personas. La otra cara de la moneda puede observarse en la figura 2, es la distribución del número de empleados dependiendo del tamaño de la empresa: el 60% de la ocupación en Colombia está concentrada en empresas de 5 personas o menos.