¿Qué son los TOAR y por qué son necesarios para avanzar en la reparación y la reconciliación?

2 de Diciembre de 2022

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR contempla la imposición de sanciones partiendo de la base de un aporte a verdad exhaustivo y detallado, así como del reconocimiento de responsabilidad de aquellos responsables de la comisión de hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Estas sanciones son de tres tipos y van dirigidas a los partícipes determinantes y máximos responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos en el marco del conflicto: (i) las sanciones ordinarias, con privación de la libertad por un período de 15 a 20 años; (ii) las sanciones alternativas, con privación de la libertad de 5 a 8 años[1]; y (iii) las sanciones propias, que se imponen a quien aporte verdad plena y detallada y acepten responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, Determinación de los Hechos y Conductas.

Las sanciones propias tienen un componente restaurativo que se traduce en los trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (en adelante llamado Toar)[2], y un componente retributivo que consiste en la restricción efectiva de libertades y derechos. El modelo sancionatorio de la JEP representa un cambio a la lógica retributiva y al modelo carcelario tradicional, ya que se orienta por un paradigma restaurativo que busca contribuir a la reconstrucción de lazos sociales y a la reconciliación entre víctimas y comparecientes.

Es importante indicar, que la Corte Constitucional[3] señaló que aún si la finalidad de la sanción es restaurativa, esta debe “ser real y no meramente simbólica o formal”[4]

Con corte de noviembre de 2022, la JEP reportó un total de 13.508 personas sometidas ante esa jurisdicción, de las cuales 9.834 pertenecen a las FARC-EP, quienes representan el 73% de los comparecientes; 3.496 pertenecen a la Fuerza Pública (25,9%); 95 se identifican como agentes del Estado (0,7%), 71 son terceros civiles (0,5%) y; 12 se encuentran relacionados con la protesta social (0,1%) (ver Gráfico 1)[5].

Fuente. Datos: Justicia Especial para la Paz (JEP) a corte del 18 de noviembre de 2022– Elaboración: PNUD Colombia.

 

Desde el PNUD Colombia, se ha realizado seguimiento al avance de los Toar en el país y a la información presentada por la JEP en el marco de su rendición de cuentas 2022. En la revisión, se encontró que, a noviembre de 2022, la JEP ha reportado la certificación de 173 Toar por parte de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Los TOAR certificados han contado con la participación de al menos 2.453 comparecientes[1] .

Las iniciativas Toar reportadas por la JEP se encuentran en 17 de los 32 departamentos (incluyendo Bogotá D.C) y en 55 municipios de Colombia, en su gran mayoría ubicados en zonas rurales del país y en municipios categorizados como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (ver Mapa 1 y 2).