El Foro Explorando Caminos del proyecto Pionero en Inserción Social, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llegó a su décimo capítulo con el tema “La justicia restaurativa, de los principios a la práctica”.

Dos expertos internacionales presentaron la experiencia de sus países sobre la aplicación de la justicia restaurativa como un proceso que contribuye a la construcción de paz, mediante el involucramiento de las víctimas, ofensores y la comunidad.

En las palabras de apertura, la Representante Residente Adjunta del PNUD, Kryssia Brade, indicó que los distintos temas desarrollados en el foro permitieron reflexionar sobre las mejores prácticas para el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas en torno a la inserción social.

“La justicia restaurativa reconoce la importancia de considerar esta necesidad de reparación de las víctimas, así como la responsabilidad que conlleva para los ofensores; de manera que se logre cerrar este ciclo, que en definitiva solo debería construirse en favor de mejores relaciones para la sociedad, buscando nuevos caminos de justicia penal que nos permitan transformar personas. El PNUD se ha propuesto acompañar procesos de transformación estructurales en las sociedades y este es uno de esos temas pilares para ello”, remarcó la Representante Adjunta.

En el foro, los participantes conocieron la experiencia de Costa Rica, cuya exposición estuvo a cargo del doctor Gerardo Alfaro, máster en Derechos Humanos, docente universitario, coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial de Costa Rica, magistrado de la Sala de Casación Penal y juez. También ha dirigido proyectos para la integración social de las personas en conflicto con la Ley penal y juvenil.

De acuerdo con su exposición, el proceso de consolidación de justicia restaurativa en el poder judicial costarricense inició en 2012, con la aprobación de un plan piloto implementado en la capital, San José. El proyecto incluyó la capacitación del personal, instrumentos de actuación, indicadores, así como el seguimiento y la evaluación, lo que permitió comprobar resultados positivos que promovieron la ampliación de la atención en otros sectores del país.

“En 2018, con la aprobación de la Ley de Justica Restaurativa, la iniciativa trascendió de ser un programa de interés institucional a convertirse en un procedimiento para la resolución de los conflictos jurídicos, penales, penales juveniles y contravencionales, con la participación activa de la víctima, la persona ofensora y la comunidad para la reparación efectiva del daño causado y la reintegración de la persona ofensora”, indicó el magistrado Alfaro.

Agregó que durante todas las etapas del proceso se da un acompañamiento para la víctima que garantiza la asesoría y acceso a una atención integral, así como el acompañamiento a la persona ofensora en el reconocimiento de su responsabilidad activa y durante el cumplimiento de las condiciones del acuerdo. “Todo este trabajo demanda articulación y trabajo en equipo bajo un enfoque conjunto restaurativo” acotó.

Asimismo, se contó con la participación del Doctor Mario Camilo Torres, juez penal de adolescencia en Paraguay, especialista en ciencias penales, en justicia restaurativa, justicia penal adolescente, autor de libros sobre justicia restaurativa y justicia penal, indicó que la justicia restaurativa puede contribuir hacia una verdadera reinserción social, especialmente en la población juvenil.

El especialista remarcó que “cada país debe poner su propia marca a su proyecto de justicia restaurativa, conocer su marco legal, limitantes, etc. En Paraguay vimos la necesidad de contar con especialistas para cada área de las instituciones involucradas en el ámbito penal adolescentes”, dijo.  A diferencia de Costa Rica, en Paraguay la aplicación de justicia restaurativa ocurre únicamente en casos con adolescentes.

“El proceso involucra componentes educativos, laboral, social, salud y además implica a un equipo interinstitucional que analiza la posibilidad de recomendar algún tipo de salida”, dijo el juez Torres. También destacó que las redes comunitarias son claves porque son quienes deben recibir nuevamente a la persona joven y dar contención. Actualmente indicó que trabajan con 117 redes comunitarias, universidades y centros de salud que tienen programas de inserción juvenil.

 El Proyecto Pionero en Inserción Social es implementado por el PNUD, la OIM, UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El Banco Mundial contribuye como socio clave en el desarrollo de las actividades del Foro.