El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia y la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional suscribieron hoy un Memorando de Entendimiento estratégico para fortalecer la gobernabilidad democrática y modernizar la gestión pública del país. El documento fue firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, y la Representante Residente del PNUD en Bolivia, Renata Rubian, marcando el inicio de una nueva etapa de cooperación técnica institucional.

El núcleo de esta alianza se centra en brindar asistencia técnica especializada en derecho constitucional, técnica legislativa y transformación digital de los procesos de fiscalización y evaluación de leyes. Asimismo, el acuerdo hace un fuerte énfasis en la incorporación de criterios de igualdad de género dentro de la gestión legislativa y en la promoción de espacios de diálogo y concertación que garanticen la inclusión y la participación democrática ciudadana.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Renata Rubian reafirmó el compromiso del PNUD en Bolivia para aportar su experiencia comparada y redes globales de conocimiento. "La firma de este documento es el impulso de una agenda concreta de asistencia técnica que deberá traducirse en acciones y resultados", destacó la Representante del PNUD, agradeciendo la confianza depositada por el equipo legislativo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, destacó la trascendencia de este acuerdo para el diseño de políticas públicas. “La suscripción de este acuerdo consolida nuestra alianza institucional con el PNUD y nos convoca a emprender de manera inmediata una agenda de trabajo conjunta y coordinada. Es momento de traducir estas intenciones en acciones legislativas concretas que fortalezcan la gestión parlamentaria en beneficio directo del pueblo boliviano”, puntualizó la autoridad legislativa.

El Memorando entra en vigor a partir de la fecha de su firma con una duración inicial de dos años, prorrogables, sentando las bases normativas e intencionales para desarrollar proyectos específicos que acerquen el trabajo legislativo a las necesidades reales de la población boliviana.