Una vendedora en Monrovia, Liberia. Las mujeres representan el 89% de la economía informal en África subsahariana. Estos trabajadores informales, como los vendedores ambulantes o los trabajadores domésticos que no tienen protección social, podrían enfrentar enormes cargas financieras debido a los costos de salud que borrarían cualquier beneficio económico de los programas temporales de ingresos básicos. Foto: PNUD/Morgana Wingard

 

Sin programas gubernamentales de estímulos, cientos de millones de personas perderán sus medios de subsistencia durante la pandemia del coronavirus.

Mientras dura esta crisis es necesario que las personas tengan acceso a una renta básica y a una cobertura sanitaria universal.

En algunos países esto ya está sucediendo.

Con más de 55 millones de casos de COVID-19 registrados hasta el momento en que se escribe esto, muchos países luchan ahora contra la segunda oleada del virus. Al mismo tiempo, gran parte de los programas de estímulo establecidos por los gobiernos para proporcionar asistencia monetaria de emergencia a los más vulnerables están llegando a su fin.

Sin estos programas, cientos de millones de personas que perdieron sus empleos o tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas en medio de esta pandemia se ven obligadas a tomar decisiones muy duras sobre cómo usar sus limitados recursos. Para muchas de esas personas, elegir entre usar el dinero en gastos médicos o en necesidades como alimentos o refugio supone decidir, literalmente, entre la vida y la muerte. Incluso aunque dichas protecciones sociales y económicas se mantengan, la inexistencia de servicios de salud accesibles y asequibles significa que una factura por gastos médicos puede dejar a una familia en la pobreza extrema.

Varios países ya han puesto en marcha con éxito programas para mitigar el impacto económico de la pandemia. Un informe reciente del PNUD sostiene que la adopción de políticas temporales de ingresos básicos puede ayudar a proteger a las familias pobres que carecen de ayudas sociales o de seguro de protección ante los peores efectos de la crisis.

El Gobierno de Colombia ha introducido un programa de ‘Ingreso Solidario’ para trasladar recursos a otros tres millones de familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el Gobierno de Togo distribuyó más de US $19,5 millones mensuales en forma de transferencias digitales de efectivo a más del 12% de su población, en su mayor parte mujeres que trabajan en el sector informal.

Pero la ayuda financiera temporal no es suficiente. Sin servicios de salud asequibles, este tipo de programas fallarán inevitablemente a la hora de estimular la economía y evitar las dificultades económicas de los personas más pobres y vulnerables. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó esta realidad en su llamamiento reciente a los países para que refuercen de manera urgente las inversiones en servicios de salud para llegar a todos los sectores de la población. “La enorme brecha en cobertura sanitaria es una de las razones por las que la COVID-19 ha causado tanto dolor y sufrimiento”, dijo.

Las mujeres conforman el 89% de la economía informal en el África subsahariana. Estas trabajadoras informales, vendedoras ambulantes o en el ámbito doméstico, por ejemplo, carecen de protección social y pueden verse empujadas a soportar enormes gastos médicos que eliminarían cualquier beneficio que puedan obtener de los programas de ingresos básicos. Ya antes de la pandemia, todos los años 100 millones de personas se veían abocadas a la pobreza extrema debido al costo de los servicios sanitarios. La COVID-19 solo ha exacerbado esta crisis, con un impacto desproporcionado sobre las mujeres y otros grupos marginados.

A pesar de la ayuda monetaria de emergencia, los trabajadores del sector informal pueden no realizarse la prueba de la COVID-19 y, sin saberlo, contribuir a la propagación de la pandemia debido a la falta de atención sanitaria asequible y accesible en muchas comunidades. Más aún, la presión sanitaria provocada por la COVID-19 está afectando a otros servicios para la salud que son de vital importancia para estas comunidades, como la inmunización infantil, el tratamiento del VIH, la tuberculosis y la malaria, la atención sanitaria a la maternidad, la planificación familiar, y el tratamiento de enfermedades no infecciosas como la diabetes o la hipertensión. Estos efectos se multiplican y podrían tener consecuencias perjudiciales a largo plazo para las personas, sus comunidades y las economías nacionales.

Nadie debería verse forzado a elegir entre su salud y su seguridad económica. Las inversiones en programas de renta básica temporal (TBI, por sus siglas en inglés) y cobertura sanitaria universal (UHC, siglas en inglés) constituyen la mejor estrategia para una recuperación a largo plazo. Y ambas son posibles.

El PNUD ha llegado a la conclusión de que muchos programas TBI costarían a la mayoría de los países en desarrollo sustancialmente menos de un 1% de su PIB mensual, y que proporcionarían importantes beneficios a los hogares en situación de vulnerabilidad que necesitan ayuda inmediata para comprar productos básicos, como alimentos para sus miembros.

Estudios muestran que la UHC es un objetivo ambicioso pero factible, incluso en los países más pobres del mundo. La atención sanitaria equitativa, asequible y de alta calidad constituye la base de un sistema de salud resiliente capaz de responder en las emergencias futuras y de ofrecer servicios esenciales, tanto en tiempos de crisis como de bonanza.

Ambas estrategias exigen inversiones y voluntad política, pero la situación actual no es la adecuada para limitar o rebajar los esfuerzos. Solo así podemos proteger a los más vulnerables durante esta pandemia y evitar futuras crisis sanitarias y económicas.

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