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Hace unos días, se llevó a cabo en Chile un plebiscito histórico para decidir si el país debía elaborar una nueva constitución, y a través de qué mecanismo: una totalmente electo Convención Constituyente, con la paridad de género, o una convención mixta integrada por los actuales miembros del Congreso y ciudadanos elegidos. Este fue el primer referéndum nacional desde que se inició la transición a la democracia en 1988 y 1989.

Las elecciones - originalmente programada para el 26 de abril de 2020, pero que tuvieron que ser pospuesta a debido a la pandemia por COVID-19 - se llevaron a cabo de una manera ordenada y con resultados finales anunciados sólo unas pocas horas después de que cerraron las urnas, aceptados por todos los actores políticos, y en paz celebrados en todo el país.

La opción “Apruebo” para redactar una nueva Constitución ganó por una mayoría abrumadora, obteniendo el 78% de la votación, y la segunda votación, la opción de elegir “Convención Constitucional” obtuvo el 79% de los votos. Esta Convención será necesaria para asegurar la paridad de género en la asignación de escaños, utilizando un mecanismo electoral innovador. Haciendo de Chile el primer país en el mundo con una constitución redactada por un número igual de mujeres y hombres.

Hay una expectativa de que se aseguren asientos para los pueblos indígenas, pero un acuerdo al respecto está pendiente.

La apertura de este proceso participativo fue el resultado de un acuerdo histórico entre los políticos partidos en el Congreso, posteriormente puesto en marcha por el presidente de la República, y una respuesta institucional tras la crisis política y social después de las masivas de protestas que comenzaron a finales de 2019. La redacción de una nueva Constitución fue una de las demandas planteadas por la ciudadanía, junto a otras que reclamaban una mayor igualdad socioeconómica.

El proceso es también reconocido como un medio para introducir cambios estructurales en el país. La constitución actual nació en 1980, durante la dictadura de Pinochet y, a pesar de las muchas modificaciones que ha sufrido, su idoneidad ha sido cuestionada por varios sectores desde el retorno del país a la democracia.

Encuestas había predicho una gran victoria para las opciones de "Apruebo" y "Convención Constitucional". La participación electoral, crucial para la legitimidad del proceso, seguía siendo un signo una incógnita, teniendo en cuenta que la concurrencia de votantes se había reducido drásticamente desde los años noventa, permanecer por debajo de los promedios regionales y mundiales. El PNUD Chile lleva años estudiando este fenómeno, publicando una evaluación en profundidad de la participación electoral en 2017 y un análisis más amplio de la democracia en 2020, mostrando que este declive se había convertido en una característica estructural de la democracia chilena. Esto se interpretó como una consecuencia y un indicador de un deterioro de los mecanismos de representación y una disminución de la confianza en las instituciones.

A pesar de las tendencias del pasado y los nuevos obstáculos planteados por la COVID-19, la participación electoral alcanzó el 50,9% de los votantes registrados. Más de 7. 5 millones de personas votaron, aproximadamente 500.000 más que en la última elección presidencial en 2017, el número de votante más alto jamás registrado en la historia de Chile. Otro aspecto positivo fue la menor brecha entre municipios y ciudades más pudientes y pobres, particularmente evidente en la capital de Santiago, donde la participación alcanzó el 56% con mayores aumentos en la votación en los barrios pobres, donde la opción “Apruebo” ganó por márgenes aún mayores que en el promedio nacional.

El proceso constitucional parece haber contribuido a revertir la tendencia a la baja en la participación. Los esfuerzos renovados para aumentar la participación electoral seguirán siendo fundamentales para fortalecer la democracia representativa.

El siguiente paso en el proceso será la elección de los miembros de la Convención Constitucional en abril de 2021, junto con las elecciones municipales y regionales. La Convención se reunirá durante nueve meses que se pueden extender - una sola vez - para un adicional de tres. Al final de ese período, se les pedirá a los ciudadanos votar de nuevo sobre el texto final en un referéndum constitucional con voto obligatorio. El proceso constitucional se desarrollará en paralelo al ciclo electoral más grande del país desde el retorno a la democracia, con elecciones primarias, municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales programadas hasta principios de 2022.

En un año marcado por retos sin precedentes, exacerbados por la pandemia, el proceso constitucional ha abierto una oportunidad de oro para atender las demandas de los ciudadanos y construir una nueva relación con la política y las instituciones del Estado. Ofrece una ruta institucional para el diálogo social sobre el modelo de desarrollo, el papel del Estado en la provisión de bienes sociales y la distribución del poder en una sociedad desigual persistente.

El hito alcanzado con la exitosa celebración del plebiscito es una buena noticia para el país y todos sus ciudadanos en un desafiante camino por delante. La sociedad chilena ha dado un ejemplo al mundo en la elección de vías políticas pacíficas para hacer frente a los retos nacionales y construir un mundo más nación inclusiva y próspera.
 

 

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