Bases Para La Cooperación Publico-Privada En Los Países De La Región

Bolivia

En cuanto al aspecto legal y normativo, en Bolivia existe un marco legal regulatorio que ha permitido avanzar en las concesiones sobre todo en el ámbito local. Es evidente que aún es necesario a nivel macro el establecer un marco sectorial, es por ello que actualmente se viene desarrollando un marco más general para el sector de residuos sólidos.

Existen reglamentos específicos sobre residuos, aguas y electrificación que dan pautas para prestar los servicios. Además de normas para la contratación y adquisición de bienes y servicios del sector público, que aún necesitan modificaciones. Pero aún existe la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades que permita la cooperación público-privada pero, sin mermar la autonomía de los municipios.

A nivel gubernamental existe voluntad política, en particular para procesos de concesiones y formación de microempresas. Sin embargo existen inconvenientes producidos a nivel local pues, los municipios piensan que pierden autonomía al dar a empresas privadas la prestación de los servicios. Esto se relaciona, principalmente, a la falta de conocimiento de las ventajas de la cooperación público-privada.

En el aspecto de aceptación de la sociedad, existe una resistencia de la población a las empresas privadas y a la privatización; pues se piensa que sólo van a ganar dinero a su costa y que van a incrementar las tarifas de los servicios.

También, los municipios que tienen servicios públicos a su cargo, encuentran una mayor resistencia del personal antiguo hacia la privatización, pues sienten temor al percibir el riesgo de perder sus puestos de trabajo cuando se produzcan procesos de despido masivo. Se habla de que es posible trasladar el pasivo social a las empresas que asumen el servicio, pero esto no es fácil. Por tanto, demanda la búsqueda de soluciones en cada municipio, en función al contexto y a sus características.

En lo que respecta a las empresas privadas, demuestran interés de prestar los servicios públicos, pero muestran temor al incumplimiento de contratos por parte del sector público.

En cuanto a la participación de las empresas pequeñas y medianas, éstas todavía tienen ciertas limitaciones técnicas y financieras y, un bajo nivel de competitividad. Pero, hay experiencias donde las microempresas han resultado ser una alternativa de solución al problema de recolección de residuos, como en la Paz, donde estas se encargan de recolectar en las laderas de los cerros, donde no puede acceder el sistema convencional de limpieza pública.

Cabe mencionar que una modalidad que opera con relativa eficiencia es la de las cooperativas quienes tienen alta relevancia en la prestación de servicios de agua potable, pero muestran limitaciones en cuanto a inversión y por tanto no son sujeto de crédito que les permita su crecimiento.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta son los prerequisitos empresariales. En el caso del sector privado, éste solicita una mayor continuidad política que permita una estabilidad temporal del contrato; además del cumplimiento y respeto de éste. Porque, en el caso de las microempresas se detectan muchos problemas de retraso de los pagos y su poca capacidad financiera, lleva a estas a parar sus operaciones y en la mayoría de casos a desaparecer.

En cambio, lo que pide el sector público al sector privado es mayor capacidad técnica administrativa y financiera para el incremento de la calidad del servicio. Además de un incremento en la capacidad de atención a emergencias y la posibilidad de innovación tecnológica, reinversión y cumplimiento de metas.

Colombia

En este país también existe un marco legal favorable que permite la inversión privada en la gestión de la infraestructura urbana. Por ejemplo, esta la Ley 142 que permite que las comunidades se organicen para ver como resolver sus problemas no solucionados por el municipio ni por la empresa privada; además, éstas tienen la facultad de contratar al mismo Estado a través de las Empresas Solidarias de Servicios Públicos (ESSP).

La voluntad política para desarrollar la normativa depende de la importancia que las administraciones den al marco legal. No todas las administraciones tienen voluntad de acceder a la cooperación público-privada y en muchos casos depende de los intereses políticos de turno y no de una obligación legal.

La aceptación social también se encuentra restringida, y la comunidad tiene aún el concepto de no-privatización total de las empresas. Acepta la participación del capital privado principalmente como socio del Estado, donde el control lo tenga éste último y donde pueda generar beneficios y reinvertido en obras de beneficio común. En otros casos se prefiere reestructurar las empresas públicas para convertirlas en instituciones eficientes.

En general, existe una sensación de rechazo a las concesiones, en donde el Estado limita su participación y en muchos casos donde no se utiliza mano de obra local, donde no se transfiere tecnología a la región y donde no se realiza reinversión social de utilidades.

En lo que respecta a la participación de empresas pequeñas y medianas, se considera que en un contexto de mercado abierto es muy difícil que éstas puedan competir y, su posibilidad de crecimiento estaría centrada en la figura de asociación, entre ellas o con el Estado.

Chile

En este país, los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas es tarea de empresas públicas regionales, no de las municipalidades. Estas funcionan en las 13 regiones del país, excepto en Santiago y en la región de Los Lagos. Esto debido a que todavía no se ha definido un sistema para la incorporación de capitales privados a las actividades de saneamiento básico. Por ejemplo, en la V Región se da la incorporación mediante ampliación de capital y venta de acciones para constituir una empresa mixta, donde el Estado retiene un 35% de este capital. Por tanto, es necesario la experiencia técnica de organismos internacionales para la determinación del sistema que convenga aplicar en cada caso.

Además, la Ley Orgánica Municipal no permite a los municipios asociarse con la empresa privada, lo que se hace es licitar los servicios a los privados para que estos realicen la construcción y operación.

En cuanto a la comunidad en general, esta todavía no conoce las ventajas y aplicaciones de la cooperación público-privada, es por ello es necesario propiciar un debate nacional sobre el tema. En otros casos, como en el área rural, la articulación Comunidad, Estado y Municipalidad permite desarrollar una política de mejora e incremento de la cobertura de los servicios de saneamiento básico.

La coyuntura actual no permite la competencia de las pequeñas empresas en la prestación de este tipo de servicios en especial cuando, por ejemplo, en materia de residuos sólidos imperan grandes empresas públicas y privadas a través de concesiones.

En cuanto a los condiciones del sector privado, las empresas necesitan que se defina claramente el sistema de incorporación de capitales a las actividades de saneamiento. Además, se necesita la definición de un tema pendiente, el del tratamiento de aguas servidas, donde existe un gran espacio para la participación del capital privado.

Ecuador

La nueva Constitución Política vigente desde Agosto de 1998, amplia las posibilidades de realizar cooperaciones público-privadas, pero falta aprobar reglamentaciones específicas aplicables a cada tipo de actividad.

En general, el marco legal es complicado, hay mucha influencia política, no a nivel de gobiernos locales (alcaldes) sino a nivel de provincias (prefecto). Pero existe firme voluntad del gobierno central para favorecer este tipo de procesos y se reconoce la imposibilidad de solucionar los problemas fundamentales con recursos propios y que es necesario buscar cooperación privada; aunque todavía hay resistencia a la privatización de los servicios, por parte de varios sectores políticos y de sindicatos del sector público.

En el Ecuador, la población tiene el concepto de que lo privado es mejor, pero también se teme al aumento de las tarifas por los servicios. Existe un deseo mayoritario de mejorar los servicios deficitarios, tanto por parte de la comunidad, del sector público y del sector privado pero, existe una falta de cultura de pago respecto a los servicios municipales. Existe una inseguridad del personal operativo acerca de su propia capacidad de respuesta ante las nuevas exigencias.

Con respecto a las pequeñas empresas, no existe un mercado suficiente de empresas pequeñas y medianas que se interesen por proyectos en ciudades de alrededor de 100.000 habitantes, que son en promedio las que predominan en el país.

Es necesario mejorar la capacidad técnico-operativa de los municipios para elaborar y presentar los proyectos. Se han planteado reformas importantes a las leyes de contratación pública para facilitar la participación de empresas extranjeras debidamente calificadas y de consorcios nacionales que acrediten solvencia técnica.

Perú

En el Perú, la ley contempla concesiones privadas, pero no hay iniciativas o decisión más efectiva del gobierno. La concesión subsidiaria es una modalidad específica de la normatividad legal peruana y se da cuando una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) da en concesión parte del servicio a una empresa privada. No existen entes que promuevan la participación público-privada, ya que los municipios no tienen las facultades para realizar esta labor.

La legislación debería agrupar a todos los actores de los diferentes sectores: Salud, Agricultura, Industria, Vivienda y otros y, se debería promover la confianza en una Superintendencia que defienda los intereses de la población a nivel de calidad de servicio y tarifas reales. También, debe buscarse la formación de una comisión nacional de cooperación público-privada para la adecuada prestación y control de los servicios públicos.

Existe un problema de cultura de pago por parte de la población, sobre todo en el caso del servicio de limpieza pública, además de no existir un adecuado mecanismo de cobranza por parte de las municipalidades.

Sobre todo en el caso del sector de residuos sólidos existe la posibilidad de intervención de pequeñas empresas a través de prestación de servicios con métodos no convencionales y en áreas no atendidas. Muchas veces la sostenibilidad de éstas se afecta por los cambios de gobiernos locales pero, se debe promover la inversión nacional y eliminar el sesgo de que la inversión privada significa consorcios y grandes empresas extranjeras.

Venezuela

Existe una serie de restricciones debido a que aún se mantienen vigentes muchas ordenanzas municipales obsoletas y debido a que aún no se aprueban marcos sectoriales por parte del Congreso. Además, la falta de un consenso por parte de los diferentes actores involucrados hace difícil el desarrollo de asociaciones público-privadas.

También, se tiene un sesgo hacia la incorporación de grandes empresas para la prestación de los servicios, dejando de lado a las pequeñas, motivados por la poca competitividad de estas últimas. Pero, en ciertos casos se han dado condiciones de liquidación favorables con seguimiento y apoyo a la reinserción laboral a través de la formación de microempresas. además, la entrega de información necesaria y la negociación oportuna con los gremios de trabajadores y la sociedad civil ha permitido un involucramiento de estos en la prestación de los servicios.

La deficiente calidad de los servicios públicos ha inducido a una aceptación favorable de la incursión del sector privado. A esto se debe sumar los procesos de descentralización como instrumentos de impulso para la participación público-privada y el poder de convocatoria política de los gobiernos municipales y regionales.

En cuanto a los requisitos empresariales; las empresas privadas requiere de una serie de garantías jurídicas y un marco de seguridad política y financiera que les dé la confianza de poder invertir. El sector público exige capacidad técnica y de gestión a las empresas privadas con el fin de que presten un eficiente servicio a la comunidad.

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