1. Antecedentes

Tendencias actuales en la prestación de los servicios de agua y manejo de residuos sólidos.

En todo el mundo las ciudades están creciendo a un ritmo sin precedentes. Durante las tres últimas décadas, el número de personas que vivía en las ciudades de los países en desarrollo se ha triplicado. Se calcula que para el año 2025 en Latinoamérica 85% de la población vivirá en centros urbanos. Este crecimiento urbano ha venido acompañado por un alarmante aumento de la población pobre, como lo demuestra el hecho de que desde 1970, el número de pobres urbanos en Latinoamérica ha crecido de 44 a 115 millones de personas. Actualmente, una de cada cuatro personas que vive en la ciudad se encuentra en absoluta pobreza; otra de cada cuatro es clasificada como relativamente pobre, lo que ubica la cantidad de pobres urbanos por encima de la cifra de pobres rurales.

La rápida concentración de cientos de millones de personas en las áreas urbanas ejerce una gran presión en los gobiernos, tanto nacionales como locales, a la hora de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Muchos gobiernos se están dando cuenta, por ejemplo, de que la infraestructura de abastecimiento de agua potable, servicios sanitarios y aseo urbano no tiene ni la capacidad, ni la flexibilidad para servir a una población en expansión rápida. Además, esos gobiernos están comprobando que tienen recursos financieros limitados, los cuales no alcanzan para cubrir las demandas. Más aún, cuando encuentran los recursos, la calidad del servicio que prestan, a menudo es baja y deja fuera a varios sectores de la población.

Los pobres son los que sufren más en estas circunstancias. La Organización Mundial de la Salud calcula que entre el 25% y 30% de los residentes urbanos en Latinoamérica, Africa y el Medio Oriente no tiene acceso al agua potable. Las autoridades municipales recogen menos de la mitad de los residuos generados cada día en las grandes ciudades y normalmente los que se quedan sin el servicio son los sectores populares.

Encontrando soluciones a través de las asociaciones público-privadas (APP)

Tratando de buscar salidas, los gobiernos han acudido a los impuestos y a la asistencia oficial al desarrollo, como vías para obtener los ingresos, sin embargo, no han logrado cubrir el vacío. Se necesitan con urgencia nuevos enfoques que aborden estos problemas y que propicien la colaboración entre el sector público y el privado. Las APP son una de las formas más promisorias de tal colaboración.

El término "asociación público-privada" engloba una gama de posibles relaciones entre ambos sectores para responder, de manera cooperativa, al mejoramiento y desarrollo de la infraestructura necesaria para prestar un servicio adecuado en las áreas de agua y manejo de residuos sólidos (ver Figura Nº 1). El ingrediente esencial es cierto grado de participación privada en la prestación estos servicios que tradicionalmente han sido del dominio público. En este contexto, los actores privados pueden ser empresas privadas, organizaciones no-gubernamentales (ONG.) y/u organizaciones comunitarias (OC.) .

En las ciudades de toda Latinoamérica y el mundo, las firmas privadas han demostrado su habilidad para ayudar a mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. A través de las APP, las ventajas del sector privado - innovación, acceso a recursos, conocimiento de tecnologías, eficiencia gerencial - se combinan con la responsabilidad social, la conciencia ambiental y el conocimiento local del sector público, en un esfuerzo por resolver problemas urbanos. La participación del sector privado de ningún modo elimina las responsabilidades del sector público, más aún lo compromete como ente regulador en función de los intereses de los habitantes. Los gobiernos deben mantener la responsabilidad de asegurar que se presten servicios adecuados y económicos a todos los ciudadanos. El que ejerzan esta responsabilidad como proveedores, socios, o reguladores dependerá de sus necesidades, obligaciones y capacidades.

¿Cómo se iniciaron las asociaciones público-privadas?

Ya sea que usted provenga del sector público o del privado, el involucrarse en una APP puede no parecer una solución conveniente a primera vista. La mayoría de las organizaciones prefieren mantenerse en los caminos que conocen, compartiendo metas y prácticas de trabajo con otros grupos que piensan y actúan como ellas (gobiernos que trabajan con gobiernos, empresas con empresas, grupos sin fines de lucro con grupos sin fines de lucro).

El trabajo conjunto entre los gobiernos y las empresas privadas, se ha limitado a la compra por parte del gobierno, de productos que son producidos por el sector privado. Sin embargo, a menudo dudan si deben entrar en relaciones más complejas, tales como la prestación conjunta de servicios públicos, en las áreas de agua y manejo de residuos sólidos, puesto que las empresas a menudo consideran que los enfoques del gobierno son una carga y una pérdida de tiempo.

Entonces, ¿Qué está persuadiendo a estos grupos a dejar sus métodos convencionales para trabajar juntos y abordar problemas ambientales urbanos?. Sin duda, ha sido la crisis producida por la incapacidad de responder a las exigencias. Los problemas substanciales que enfrentan tantas ciudades en Latinoamérica, afectan los intereses básicos tanto del sector público, como del privado y al no lograr las respuestas efectivas se están buscando salidas. Esa búsqueda de salidas ha venido acompañada de una tendencia más amplia hacia la descentralización en la región, lo cual lleva a la transferencia de las responsabilidades relacionadas con los servicios públicos de gobiernos nacionales a gobiernos municipales. Frente a sus nuevas responsabilidades y al encontrarse a menudo con recursos sumamente limitados, los gobiernos municipales están poniendo la mira en el sector privado para encontrar soluciones y las APP se convierten en la salida más idónea.

La iniciativa también está surgiendo de individuos, grupos u organizaciones, al darse cuenta de que las acciones separadas, no coordinadas, están creando redundancias y haciendo perder oportunidades de aprovechar al máximo los recursos. Tales "innovadores" suelen ser funcionarios del gobierno, ONG, empresarios, o ciudadanos que incentivan la formación de las asociaciones conscientes de la necesidad de trabajar juntos, para enfrentar la situación de crisis.

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