Términos de referencia para la ventana temática de Construcción de la Paz

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El presente documento proporciona directrices sobre políticas a los Equipos de las Naciones Unidas de Apoyo a los Países con respecto a su solicitud de financiamiento en el ámbito de la ventana temática del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) del PNUD-España para Construccion de la Paz. El marco, que se detalla a continuación, tiene por objeto establecer las metas de las políticas del Fondo en este ámbito, e ilustrar los tipos de intervenciones a las que el Fondo respaldará. Esta directriz será aplicada asimismo por el proceso de valoración técnica que examinará las solicitudes. Los presentes términos de referencia deben ser leídos conjuntamente con el "Documento Marco" del Fondo, que establece la estrategia global para el F-ODM y el "Formato de Nota Conceptual" que marca el formato de las presentaciones. Lo anterior puede consultarse en el sitio web del Fondo www.undp.org/mdgf. Se debe tener en cuenta que las Ventanas Temáticas del F-ODM sólo aceptarán solicitudes de los Coordinadores Residentes de la ONU en los países elegibles que presenten la solicitud en nombre de su respectivo Equipo de las Naciones Unidas de Apoyo a los Países.


El Fondo para el Logro de los ODM pretende reducir el riesgo de caer o recaer en un conflicto violento mediante el fortalecimiento de las instituciones y capacidades locales y nacionales en los países elegibles para desarrollar, implementar y supervisar políticas y programas efectivos de construcción de la paz mediante intervenciones focalizadas en entornos de alto riesgo.



1. Antecedentes y fundamento
2. Desafíos y oportunidades claves claves en esta área temáticaa
3. Intervenciones ilustrativaspara Áreas Prioritarias de Apoyo
4. Directrices operacionales adicionales para el desarrollo de la Nota Conceptual
5.¿Cómo sabremos que nuestro apoyo está surtiendo efecto?


1. Antecedentes y fundamentos

Uno de los principales obstáculos para el logro de los ODM en los países en vías de desarrollo es el estallido frecuente y de gran escala de conflictos violentos. Más de 40 países han sufrido conflictos violentos desde el cambio de siglo, lo cual ha acarreado más de 25 millones de desplazados internos y, de acuerdo con las estimaciones, 12 millones de refugiados. Al mismo tiempo, la violencia ha continuado devastando comunidades tanto en zonas urbanas como rurales en países donde, de no ser por esto, reina la paz. Se estima que 1,6 millones de personas perdieron la vida a consecuencia de la violencia en 2000. Alrededor de una tercera parte de estas muertes se debió a homicidios y una quinta parte fue víctima de los conflictos armados. Gran parte de estos homicidios se concentra en las metrópolis del mundo en vías de desarrollo.

Mientras que los conflictos violentos suelen anular los beneficios en materia de desarrollo, en los países con niveles elevados de pobreza y desigualdad han agravado los problemas ya existentes. Este hecho se acentúa especialmente en los países que sufren conflictos prolongados. Estos países a menudo se caracterizan por un índice de desarrollo humano bajo, privaciones severas en los servicios sociales básicos, ingresos nacionales bajos y escasas oportunidades de empleo. Muchos países se ven atrapados en un círculo vicioso de crisis, pobreza y violencia que puede estimular la inestabilidad en todos los planos. A menudo les falta la capacidad para enfrentarse a estos problemas por sí mismos, al no tener los recursos suficientes o estar atrapados en dinámicas mundiales, regionales o transfronterizas. La asistencia internacional que apoya las iniciativas nacionales para la construccion de la paz puede permitir que los países restablezcan las bases necesarias para el logro de los ODM, reduzcan el sufrimiento humano y mejoren las condiciones de vida de los pobres. Para mejorar la coherencia del enfoque de la ONU acerca de la construccion de la paz, se utiliza la siguiente definición práctica de construccion de la paz relacionada con la labor de la Oficina de Apoyo a la Construcción de la Paz:

La construcción de la paz implica una serie de medidas destinadas a reducir el riesgo de caer o recaer en un conflicto mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales a todos los niveles para la gestión de conflictos y a sentar las bases para la paz y el desarrollo sostenibles. Las estrategias de construcción de la paz deben ser coherentes y adaptadas a las necesidades específicas del país en cuestión, basadas en el poder de decisión nacional, y deben consistir en una serie de actividades priorizada cuidadosamente, ordenada y, por tanto, relativamente reducida, destinada a lograr el objetivo precedente.

La prevención de conflictos —tanto en situaciones “normales” como posteriores a conflictos— es parte inseparable de la construcción de la paz. El proceso de desarrollo puede generar conflictos debido a la reasignación de recursos, la redefinición de las prioridades nacionales y el empoderamiento de nuevos agentes. Si se gestiona bien, la competencia puede ofrecer oportunidades para el cambio social y conducir a sociedades más abiertas y unidas, más procesos de gobernanza democrática y, por lo tanto, una mayor posibilidad de lograr los ODM. Los complejos desafíos de la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la competencia por los recursos naturales escasos a los que se enfrentan muchas sociedades en vías de desarrollo tienden a convertirse en mucho más problemáticos en sociedades divididas, en las que las comunidades tienen poca o ninguna relación entre sí o con las estructuras gubernamentales. Dentro de estas sociedades divididas y de los países que carecen de capacidades locales y nacionales para gestionar las consecuencias de un cambio rápido o una exclusión prolongada, los conflictos pueden desembocar en inestabilidad o tensión violenta y comprometer o impedir los beneficios en materia de desarrollo. Se debe abordar de modo exhaustivo el trabajo con los agentes nacionales para desarrollar capacidades nacionales que resuelvan las tensiones sin el uso de la violencia, prestando apoyo a los sistemas locales y nacionales incluyentes para la gestión de los cambios rápidos y los conflictos.

Para promover un enfoque sensible para el desarrollo y la  recuperación posteriores a conflictos es necesario que los programas aborden tanto los síntomas como las causas del conflicto. Por un lado, se requiere que los marcos de planificación, las políticas y los programas no agraven las tensiones de forma involuntaria. Por otro lado, los marcos sensibles a los conflictos para la planificación y la programación garantizarían que las respuestas aborden las causas fundamentales del conflicto en las esferas social, de seguridad, económica o de gobernanza, ayudando a los asociados nacionales a establecer las bases necesarias para progresar hacia el logro de los ODM. Los civiles a menudo son víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos bajo el derecho internacional humanitario y relativo a los derechos humanos, así como bajo la legislación nacional. La falta de un estado de derecho puede originar abuso, desplazamiento e impunidad, con lo que se reduce más la confianza en el gobierno y las instituciones del estado. La falta de cumplimiento de la ley y de mecanismos judiciales efectivos a menudo va acompañada de la destrucción de infraestructura y de medios de vida, el colapso de los sistemas de prestación de los servicios sociales básicos, la ruptura del tejido social y la imperante discriminación por motivos de género. Por ello, la primera etapa de la recuperación requiere intervenciones que se centren en el pronto desarrollo de las capacidades de las instituciones de gobierno y el fortalecimiento de los procesos de desarrollo locales para generar procesos nacionales autosostenibles y resistentes que sean preventivos y reconstituyentes.

Hasta hace poco tiempo, la prevención de conflictos y la construcción de la paz se centraban principalmente en los países que participaban en un conflicto armado o que acababan de salir de él. Sin embargo, hay mayor reconocimiento de que se observan altos niveles de violencia interpersonal, inseguridad pública, tensiones violentas o competencia por los recursos escasos en países que, no obstante, son políticamente estables y en países mucho más avanzados en los procesos de transición posteriores a un conflicto. Estas situaciones merecen una mayor atención por parte de los agentes nacionales pertinentes dado el impacto negativo que tales tensiones y violencia ejercen en la estabilidad, el desarrollo y el logro de los ODM.



2. Desafíos y oportunidades principales en este ámbito

Los desafíos y oportunidades clave para implementar con éxito medidas para la prevención de conflictos y la construcción de la paz incluyen lo siguiente:

  • La sensibilidad a los conflictos significa que los programas se desarrollan e implementan considerando plenamente los conflictos pasados o potenciales. En la práctica, esto implica que la asistencia toma en cuenta los intereses de varias partes interesadas, las tensiones esperadas, los conflictos y las consecuencias involuntarias (como para las poblaciones vulnerables). Las instituciones nacionales y locales a menudo requieren apoyo para llevar a cabo análisis y consultas con las partes interesadas —incluidas mujeres y jóvenes— que aseguran que sus políticas y planes de desarrollo son sensibles a los conflictos. Esto es particularmente urgente en sociedades caracterizadas por diversidades étnicas o de otro tipo. En tales situaciones, los planes y las políticas deben incluir medidas concretas para gestionar las tensiones y la distribución equitativa de los recursos. Además, las políticas deben abordar modelos de cambio espacial y del uso de la tierra, ya que estos a menudo sientan la base para las cuestiones de protección y seguridad.

  • La construcción de la paz requiere inversiones en el estado de derecho a través del compromiso y el trato equitativo de todas las partes interesadas. Esto implica la promoción de la rendición de cuentas de las partes interesadas —incluidos el gobierno y los sectores de justicia y de seguridad— ante leyes que sean consonantes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. El restablecimiento del estado de derecho también requiere medidas que garanticen la adhesión a los principios de supremacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, justicia en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la toma de decisiones, certeza jurídica, elusión de la arbitrariedad y transparencia jurídica y de procedimiento.

  • Se deben llevar a cabo esfuerzos especiales para garantizar la autonomía de la mujer como participante dinámico en la prevención de conflictos y la construcción de la paz, reforzar la seguridad de la mujer y la justicia de género, abrir nuevos espacios para puestos de liderazgo a las mujeres, y garantizar el compromiso del gobierno con la mujer.

  • Se requieren una amplia gama de capacidades para ser totalmente sensible a los conflictos en situaciones de conflicto cada vez más complejas. Más allá de las habilidades tradicionales de diplomacia y desarrollo, hay una creciente demanda de expertos capacitados en técnicas de transformación institucional y de conflictos. La sensibilidad a los conflictos también exige la recopilación y el análisis de datos. Este es un problema concreto en los escenarios post-conflicto y de conflicto de baja intensidad, donde los datos actualizados y fiables a menudo son escasos. Más allá de la experiencia y los datos, estas situaciones requieren compromisos a largo plazo para lograr resultados sostenibles. Muchos esfuerzos requieren una transformación considerable de las actitudes y relaciones de la sociedad en entornos complejos y de gran fragilidad que evolucionan con rapidez. Esto es especialmente cierto en el caso de los esfuerzos para crear consenso entre múltiples interesados en cuestiones críticas para la construcción de la paz. También se aplica a los esfuerzos para impartir habilidades para la negociación constructiva y el logro de consenso que pueden utilizarse en la prevención o resolución de disputas.

  • Las políticas y programas para la prevención de conflictos y la construcción de la paz deben evitar enfoques fragmentarios. En su lugar, se requiere un enfoque multisectorial integrado, basado en una evaluación completa de las necesidades y en una planificación estratégica, que ofrezca un compromiso coordinado entre las capacidades y la experiencia nacional con aquellas de la ONU. Esto exige que la ONU tome contacto y trabaje estrechamente con todas las partes interesadas locales y nacionales pertinentes. Esto incluye a los gobiernos en todos los niveles, agentes políticos, el sector de seguridad, la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, el sector privado y la comunidad internacional (de donantes).

  • Se deben abordar de manera simultánea los aspectos económicos, de seguridad y de justicia para evitar una espiral descendente de inseguridad, delitos y subdesarrollo. Los sistemas de justicia y seguridad eficientes, responsables y democráticos favorecen la reducción de los riesgos de conflicto, con lo que se crea un entorno propicio para el desarrollo y la actividad socioeconómica. El desafío para la ONU es apoyar mejoras sostenibles para la administración de la justicia y la seguridad de individuos y comunidades.

  • Los programas deben extenderse a los entornos tanto urbanos como rurales. A menudo no se le da prioridad suficiente a las necesidades de desarrollo de las poblaciones locales, lo cual hace que sea difícil abordar tensiones cuando se producen y aportar “dividendos de paz” tangibles. Las capacidades locales limitadas, los marcos y las políticas de descentralización débiles, así como la falta de intercambio de conocimientos, obstaculizan las aptitudes de los gobiernos y los agentes locales para contribuir a los esfuerzos de construcción de la paz.

  • El restablecimiento de la cohesión social y la construcción de capacidades de colaboración entre los principales dirigentes es fundamental para una prevención de conflictos eficaz y una construccion de la paz sostenible. En las sociedades donde los individuos o las comunidades tienen poca relación entre sí o con las estructuras gubernamentales locales y nacionales, la aptitud de mediar intereses contrapuestos y la sostenibilidad de la asistencia estarán en peligro.

  • A pesar de que muchos países que se enfrentan a grandes niveles de violencia interpersonal e inseguridad pública reciben asistencia para el desarrollo, es posible que ésta no esté destinada a la construcción de capacidades que gestionen las tensiones o que aborden las causas fundamentales de la violencia armada. Este tipo de asistencia requiere la comprensión del papel y el impacto de la violencia, la carga que tiene en las economías locales y en los grupos vulnerables (por ejemplo, los desplazados internos y los niños), y sus vínculos con los procesos de desarrollo.

  • El establecimiento de una estructura macroeconómica estable y políticas económicas viables es un gran desafío en los escenarios post-conflicto.  Es posible que requiera el consenso entre distintos grupos y elementos que hasta el momento puedan haber estado involucrados en conflictos violentos.  Para revertir el impacto de los conflictos generados por los beneficios económicos y la explotación de los recursos humanos y naturales, puede ser necesario neutralizar los obstáculos económicos, junto con la reconstrucción de sistemas de mercado transparentes, abiertos y justos.  La generación de empleo ayuda a mitigar el riesgo de conflicto que a menudo se vincula con las escasas perspectivas económicas de los jóvenes subempleados. La creación de empleo no sólo es importante a corto plazo para el socorro y la estabilización, sino que es una medida de prevención de conflictos decisiva y un contribuyente muy importante para el regreso sostenible de las poblaciones desplazadas y la reinserción de los excombatientes y otros grupos afectados por los conflictos.
  • La construcción de la paz implica un equilibrio entre las preocupaciones de alta prioridad y las consideraciones de equidad. Es importante determinar las secuencias. A menudo es necesario destacar a grupos objetivo específicos para lograr la estabilización inmediata de situaciones post-conflicto. Sin embargo, si se prolonga el objetivo, se puede avivar el resentimiento en comunidades donde, por ejemplo, se estén llevando a cabo reinserciones. Las tensiones étnicas, religiosas y regionales pueden agravarse si se percibe que los programas favorecen constantemente a un grupo o región, sea urbano o rural. El acceso desigual a los recursos y la distribución desigual de ingresos a menudo son generadores de conflictos.
  • Iniciar la recuperación temprana en los escenarios post-conflicto plantea desafíos especiales para el desarrollo de capacidades. La primera etapa de la recuperación implica sentar las bases para capacidades locales y nacionales a más largo plazo a partir de las etapas más tempranas de crisis. Un desafío clave es cómo aplicar la respuesta de construcción de capacidades apropiada a los sectores y funciones más críticos para fomentar actitudes y prácticas que sean preventivas y reconstituyentes, y comprometer a los agentes locales y nacionales clave en el proceso. Se deben adaptar medidas para abordar las carencias en capacidades: las necesidades y prioridades variarán según el país y según el tiempo y la geografía para los mismos países. El objetivo es generar procesos nacionales autosostenibles y resistentes para prevenir y recuperar, que estén acompañados por capacidades que medien intereses contrapuestos y que encuentren soluciones sensibles a los conflictos, sostenibles e inclusivas.

El Fondo para el Logro de los ODM pretende reducir el riesgo de caer o recaer en un conflicto violento mediante el fortalecimiento de las instituciones y capacidades locales y nacionales en los países elegibles para desarrollar, implementar y supervisar políticas y programas efectivos de construcción de la paz mediante intervenciones focalizadas en entornos de alto riesgo.

3. Intervenciones ilustrativas para Áreas Prioritarias de Apoyo

Esta sección esboza algunos de los resultados claves que busca el Fondo en cuatro áreas prioritarias e identifica intervenciones o actividades ilustrativas a considerar en la preparación de las solicitudes.

Como información de base para la selección de las cuatro áreas prioritarias se utilizó una gama de marcos de políticas y operaciones, incluyendo políticas y directrices del OCDE/CAD, resoluciones y decisiones del órgano rector sobre la labor del sistema de las Naciones Unidas, las capacidades, programas y mandatos de los organismos de las Naciones Unidas, y las tendencias de la demanda de los países del programa afectados por los conflictos. Al determinar las cuatro áreas en las que se centrará este fondo, se dio preferencia a las intervenciones que sea más probable que respondan a la demanda del país, sean más apropiadas para la interacción entre organismos, puedan cosechar beneficios catalíticos específicos de los fondos de esta fuente y, en la medida en que proceda, tengan efectos transversales en los imperativos humanitarios, políticos, de seguridad y de desarrollo. Estos TdR reconocen que muchas de las intervenciones que forman parte de la respuesta internacional existente en escenarios afectados por conflictos —como por ejemplo la remoción de minas, la gestión y destrucción de arsenales, el desarrollo del sector privado y los sistemas para la gestión de la asistencia— son igualmente cruciales, pero se atienden mejor a través de otros mecanismos.

Todas las intervenciones propuestas deben ser explícitamente sensibles a los conflictos y aportar pruebas de que se basan en un análisis del conflicto y una evaluación de las necesidades a nivel del país y, de ser pertinente, la región. Todas las intervenciones deben construir capacidad para el seguimiento, no sólo de los resultados del programa, sino de las causas, riesgos y patrones de conflicto y violencia continuos; brindar pruebas del desarrollo de capacidades a nivel nacional y local, según sea relevante; garantizar un enfoque participativo en el diseño e implementación; y crear medidas explícitas para promover la igualdad de género a través de disposiciones presupuestarias y de fondo. Se insta a los Equipos de las Naciones Unidas de Apoyo a los Países a que asignen sumas específicas del presupuesto del programa (sugerimos del orden de un 15% de los recursos del programa) para las dimensiones de género. Cada solicitud debe examinar a fondo los diferentes papeles, comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. Las propuestas deben especificar cómo abordarán las iniciativas propuestas los modelos tradicionales de discriminación basados en el género, qué impacto diferenciado tendrán las iniciativas en hombres y mujeres, y cómo se abordarán las consecuencias adversas potenciales.

Se alienta a los Equipos de Países a que desarrollen propuestas multianuales que cubran una o más de las cuatro áreas identificadas a continuación, según su relevancia en el escenario del país. Teniendo en cuenta que el área de mejorar los sistemas y las capacidades para la gestión y prevención de conflictos (I) ha sido un área de escasa atención para la construcción de la paz, las propuestas en cualquiera de estas áreas que incluyan el desarrollo de capacidades para la gestión y prevención de conflictos tendrán prioridad. Se alienta a los Equipos de Países a que traten esta cuestión como un área de intervención dedicada o transversal, según las necesidades del país. Al diseñar e implementar estos programas de gestión y prevención de conflictos, la finalidad de los Equipos de Países debe ser construir medidas que mejoren las capacidades de colaboración de los agentes locales y nacionales, sean o no estatales.

Mejora de los sistemas y capacidades para la gestión y prevención de conflictos

En esta área, el F-ODM dará la bienvenida a solicitudes de financiación que apoyen a los países a:

  • Crear consenso y participación entre los múltiples interesados en la articulación de planes y prioridades nacionales, especialmente donde la falta de consenso puede generar tensiones que impidan el logro de los ODM

  • Establecer sistemas y capacidades institucionales locales y nacionales sostenibles, según corresponda y se solicite, para gestionar y resolver tensiones y conflictos en curso o que estén comenzando a surgir.

Con el objeto de lograr este tipo de objetivos, las solicitudes pueden contener algunos o la totalidad de los siguientes elementos ilustrativos:

  • Ayudar a los agentes locales y nacionales a desarrollar procesos de diálogo con múltiples interesados, con el objeto de lograr consenso en cuestiones económicas y sociales críticas, y respaldar la participación de organizaciones de mujeres y jóvenes en estos procesos;

  • Apoyar el establecimiento de sistemas y procesos nacionales para la gestión transparente y consensuada de los ingresos obtenidos por recursos naturales;
  • Ayudar a las partes interesadas locales y nacionales a adquirir habilidades para negociación y comunicación y otros recursos técnicos para la gestión de conflictos y para la resolución de disputas (por ejemplo, conflictos por la tierra, recursos naturales, ubicación y asignación de vivienda e infraestructura, asignación de riqueza por recursos minerales o petróleo, y distribución de poder y recursos);
  • Construir la capacidad de gobiernos locales y nacionales para que desarrollen e implementen planes que tomen en cuenta los posibles generadores de conflictos y garanticen la inclusión y participación suficiente de grupos (tales como mujeres, jóvenes y minorías) en los procesos nacionales clave;
  • Apoyar iniciativas a largo plazo para construir capacidades de colaboración, como la capacitación en la toma de decisiones de colaboración, actividades para volver a lograr la confianza y el consenso sobre las “reglas del juego” locales y nacionales, y el fortalecimiento de las habilidades para la comunicación y la negociación para los responsables de las decisiones pertinentes;
  • Fortalecer los procesos e instituciones nacionales, como por ejemplo los comités parlamentarios y las comisiones independientes, con la aptitud o el mandato para forjar consensos, promover la reconciliación o mediar en conflictos concretos;
  • Desarrollar iniciativas para la mejora del papel de la mujer en los esfuerzos para evitar, gestionar y resolver conflictos;
  • Ayudar a la construcción de capacidades de organizaciones cívicas representativas—incluidos sindicatos, organizaciones religiosas, organizaciones de mujeres y cámaras de comercio— para desempeñar un papel constructivo en los consensos sobre cuestiones críticas y promover el diálogo y la reconciliación dentro de la sociedad en general;
  • Ayudar a los gobiernos locales, estatales y nacionales a desarrollar e implementar programas de modo sensible a los conflictos, teniendo debidamente en cuenta la diversidad de las sociedades y comunidades y de un modo transparente y participativo que tome en cuenta las opiniones y contribuciones de todas las partes interesadas.

Apoyo a los sistemas y capacidades para la prevención y reducción de la violencia armada

En esta área, el F-ODM dará la bienvenida a solicitudes de financiación que apoyen a los países a:

  • Integrar la cuestión de la prevención de la violencia armada en marcos de desarrollo nacionales;

  • Mejorar o desarrollar políticas que eviten la violencia armada y reduzcan el riesgo de que los grupos se involucren en la violencia;
  • Establecer sistemas y capacidades institucionales locales y nacionales sostenibles, según corresponda y se solicite, para comprender, hacer el seguimiento, evitar y gestionar la prevención y reducción de la violencia armada;
  • Fomentar el consenso y participación entre los múltiples interesados en el desarrollo de estos marcos, políticas y capacidades, para que sean sensibles a los conflictos y aborden los factores de riesgo y preocupaciones de los grupos de la sociedad más vulnerables a la violencia (mujeres, niños, habitantes de barrios marginales y minorías).

Con el objeto de lograr este tipo de objetivos, las solicitudes deben capturar el impacto diferenciado que tiene la violencia armada en hombres y mujeres, y puede contener los siguientes elementos ilustrativos:

  • Construcción de capacidades a nivel local y nacional para comprender y hacer el seguimiento de la violencia armada e implementar estas políticas, programas y medidas específicas;

  • Apoyo a los métodos multisectoriales (gobernanza, socioeconómico, seguridad, derechos) y integrales (campo y ciudad, local y nacional) para abordar la violencia armada en la sociedad;
  • Ayuda a los gobiernos locales y nacionales para que integren medidas específicas en sus programas y políticas de desarrollo nacionales que eviten o reduzcan los niveles de la violencia armada;
  • Apoyo a los procesos y estrategias de prevención de delitos y violencia locales de los múltiples interesados, abordando las causas económicas, físicas, sociales e institucionales de la violencia;
  • Apoyo al análisis y la adquisición de conocimiento acerca de las causas y dimensiones de la violencia y los delitos a nivel local, incluida la recopilación de datos sobre las armas pequeñas y la violencia armada;
  • Apoyo al establecimiento de mecanismos de supervisión sostenibles (como observatorios de violencia);
  • Apoyo al establecimiento de vínculos de políticas entre la violencia armada y el desarrollo de los jóvenes, incluida la promoción de la educación, el empleo, etc.;
  • Apoyo a las actividades que abordan los vínculos entre la proliferación de las armas pequeñas y las sustancias ilícitas;
  • Apoyo a las actividades que introducen aspectos transfronterizos de la violencia armada;
  • Apoyo a las actividades que abordan directamente la dinámica de la mujer y la violencia armada;
  • Apoyo a la capacitación en las actividades de toma de decisiones de colaboración para volver a lograr la confianza y el consenso sobre las “reglas del juego”, el fortalecimiento de las habilidades para la comunicación y la negociación para los responsables de las decisiones pertinentes.

Apoyo a la reforma del sector de seguridad y fortalecimiento del estado de derecho

En esta área, el F-ODM dará la bienvenida a solicitudes de financiación que apoyen a los países a:

  • Promover la seguridad de la comunidad y la resolución pacífica de los conflictos;

  • Contribuir a marcos nacionales sobre la reforma del sector de justicia y de seguridad para fortalecer el estado de derecho;
  • Contribuir a la supervisión civil eficaz de las fuerzas armadas y los proveedores de seguridad uniformados;
  • Fortalecer las capacidades de los proveedores de servicios de justicia y de seguridad —civiles y uniformados— para que respeten y promuevan los derechos humanos y administren la justicia y la seguridad en base a la rendición de cuentas, transparencia, predictibilidad e igualdad ante la ley;
  • Mejorar el desempeño de las instituciones del estado de derecho (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, establecimientos penitenciarios) y la capacidad de la sociedad civil para mejorar el acceso a la justicia para todos;
  • Lograr la participación de los múltiples interesados en el consenso y toma de decisiones de seguridad, especialmente de las mujeres, en el desarrollo de estos marcos, políticas y capacidades para que sean sostenibles y sensibles a los conflictos y al género.

Con el objeto de lograr este tipo de objetivos, las solicitudes pueden contener algunos o la totalidad de los siguientes elementos ilustrativos:

  • Facilitación y apoyo al diálogo entre los múltiples interesados sobre la justicia, la seguridad y cuestiones relacionadas con el estado de derecho incluida la participación de profesionales legales, la sociedad civil y las comunidades;

  • Apoyo a los procesos de reforma del sector de seguridad y de justicia mediante la valoración, el diseño y la implementación de programas nacionales;
  • Apoyo a la capacidad nacional en el desarrollo de programas de reducción de las fuerzas, incluida la reinserción de los excombatientes o del exceso de fuerzas;
  • Capacitación y actividades de sensibilización sobre el estado de derecho para una amplia gama de partes interesadas, incluidos funcionarios del gobierno, líderes tradicionales, sociedad civil, representantes de la comunidad, jóvenes y grupos de mujeres;
  • Apoyo al diseño e implementación de reformas estructurales —mediante asesoramiento técnico, capacitación, reforma jurídica, procesos presupuestarios, etc.— para fortalecer la supervisión civil de las fuerzas uniformadas;
  • Apoyo a la seguridad de la comunidad y la resolución pacífica de los conflictos, incluso mediante la asistencia letrada, y el fortalecimiento de mecanismos de derecho consuetudinario y estatutario;
  • Apoyo a los programas que se centran en la vigilancia policial comunitaria, justicia de transición, asistencia letrada y promoción de los derechos humanos, incluida la justicia de género;
  • Apoyo a las reformas educacionales de los proveedores de servicios de los sectores de justicia y de seguridad, garantizando la incorporación de normas de logro internacionales, de derechos humanos y de violencia de género;
  • Apoyo a la igualdad de género en oportunidades de empleo dentro del estado de derecho y el sector de seguridad, incluido un porcentaje mínimo de abogados, jueces, fiscales, policía, etc.;
  • Apoyo a las medidas de fomento de la confianza, incluido el diálogo con las comunidades y entre varias partes interesadas como jóvenes, mujeres, funcionarios del gobierno e instituciones civiles y del estado de derecho uniformadas;
  • Apoyo a las actividades que establecen vínculos entre los programas del estado de derecho y otras dimensiones de construccion de la paz como DDR (desarme, desmovilización y reinserción), retorno, gobernanza local, administración pública, etc.;
  • Apoyo al fortalecimiento de prevención de conflictos y los mecanismos de gestión dentro de estos programas, como la capacitación en la toma de decisiones de colaboración, las actividades para volver a lograr la confianza y el consenso sobre las “reglas del juego”, y el fortalecimiento de las habilidades para la comunicación y la negociación para los responsables de las decisiones pertinentes.

Apoyo a la recuperación y la reinserción sostenibles a nivel local

En esta área, el F-ODM dará la bienvenida a solicitudes de financiación que apoyen a los países a:

  • Facilitar un “dividendo de la paz” post-conflicto temprano, tangible y duradero a las comunidades en riesgo en los escenarios post-conflicto, apoyando métodos participativos para abordar los conflictos locales y las necesidades de desarrollo, y promover la responsabilidad de las comunidades;

  • Fomentar la autoconfianza de las poblaciones afectadas por los conflictos y reducir la dependencia a nivel local de la ayuda humanitaria, mediante el apoyo a iniciativas locales de recuperación y regeneración de medios de vida;
  • Contribuir a un entorno de seguridad propicio para la recuperación a nivel local mediante la focalización en el fortalecimiento de las capacidades locales, medios de vida, estado de derecho, servicios básicos e inversiones a largo plazo en infraestructura económica;
  • Apoyar la reconciliación y la reinserción eficaz de los excombatientes en sus comunidades receptoras mediante la promoción de la cohesión social y la construcción de capacidades de colaboración a nivel local; el apoyo de la reinserción económica y social; el apoyo al retorno duradero de los grupos de desplazados, incluidos los desplazados internos, refugiados y repatriados;
  • Ayudar al consenso y la participación entre los múltiples interesados en el desarrollo de capacidades, políticas y marcos de recuperación locales para que sean sostenibles y sensibles a los conflictos.

Con el objeto de lograr este tipo de objetivos, las solicitudes pueden contener algunos o la totalidad de los siguientes elementos ilustrativos:

  • Apoyo a la programación basada en las áreas, haciendo hincapié en la obtención (temprana) de resultados tangibles para las comunidades afectadas por la guerra, las poblaciones desplazadas, los excombatientes y los niños soldados;

  • Apoyo a las oportunidades de generación de ingresos para las comunidades afectadas por los conflictos, fortaleciendo así los programas de reinserción y retorno;
  • Apoyo a la rehabilitación de la infraestructura primaria de la comunidad para las comunidades afectadas por los conflictos;
  • Apoyo en la construcción o el resurgimiento de capacidad a las autoridades gubernamentales locales para permitir la prestación de servicios básicos y la coordinación de las actividades de recuperación (iniciales) y humanitarias;
  • Apoyo en la construcción de capacidad a comunidades locales para mejorar el acceso y el apoyo a las oportunidades de medios de vida;
  • Apoyo en el diseño, implementación o incremento gradual de los programas de cohesión social a nivel local, que incluirán la amplia participación de todos los grupos, incluidos los jóvenes y las mujeres;
  • Apoyo a las iniciativas sostenibles de construccion de la paz que abordan las causas fundamentales de crisis y la promoción y participación en los procesos de reconciliación locales y nacionales;
  • Actividades que apoyan un entorno propicio para la participación del sector privado en las iniciativas locales de recuperación;
  • Apoyo al fortalecimiento de prevención de conflictos y los mecanismos de gestión dentro de estos programas, como la capacitación en la toma de decisiones de colaboración a nivel local, las actividades para volver a lograr la confianza y el consenso sobre las “reglas del juego”, el fortalecimiento de las habilidades para la comunicación y la negociación para los responsables de las decisiones pertinentes, y el diálogo entre el gobierno y las poblaciones locales.

4. Directrices operacionales adicionales para el desarrollo de la Nota Conceptual

Se recomienda que todas las solicitudes para esta ventana tomen en cuenta las siguientes directrices operacionales al desarrollar sus estrategias:

  • Aprovechar las fortalezas del sistema de la ONU en el ámbito de los países, con estrategias y análisis conjuntos, así como con programas multianuales;

  • Desarrollar una estrategia de divulgación que permita la comunicación eficaz de intenciones y la gestión de las expectativas, y garantice el acceso equitativo de las partes interesadas a la información relativa a todas las cuestiones y decisiones relacionadas con los programas que afecten a sus vidas;
  • Estén diseñadas en base a los resultados, con resultados, metas y puntos de referencia cuantificables y precisos (desglosado entre hombres y mujeres), para facilitar al máximo la supervisión y la evaluación sistemática de los resultados. Se debe centrar la atención en obtener resultados cuantificables y creíbles sobre las vidas de los grupos vulnerables, en riesgo, desfavorecidos o excluidos.
  • Las solicitudes deben ser explícitas acerca de dónde y cómo se han informado las modalidades operacionales y de implementación por principios operacionales destinados a “no perjudicar”, incluyendo con respecto al compromiso de las contrapartes y las partes interesadas, la contratación de personal local, la contratación de suministros para programas, la selección de áreas geográficas de intervención, etc.;
  • Las solicitudes deben hacer especial referencia a las buenas prácticas y la experiencia adquirida anteriormente, e indicar en qué medida han influenciado y se han incorporado al diseño del programa. Se alientan en particular los enfoques innovadores que estén basados en lo mencionado anteriormente;
  • Las solicitudes deben ser explícitas respecto a cómo se apoyará y compartirá en el sistema de las Naciones Unidas la construcción de conocimiento para la prevención de conflictos y la construccion de la paz;
  • Cuando sea necesario, las solicitudes deben tener en cuenta los requisitos de apoyo para el diseño e implementación de programas, incluyendo la contratación de capacidades o experiencia externas (especialmente, de ser necesario, en áreas como la prevención de conflictos y la construcción de capacidades de colaboración entre los agentes nacionales).

5. ¿Cómo sabremos que nuestro apoyo está surtiendo efecto?

De los programas que sean financiados por el F-ODM se requerirá que demuestren resultados cuantificables y creíbles (descritos según sean específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada), desglosados por género. Por tanto, las solicitudes para el Fondo tendrán que identificar los indicadores clave que se pueden usar para medir y hacer un seguimiento del éxito y los medios para recabar esos datos durante y después del período del programa propuesto. La función de seguimiento y evaluación incluirá un componente para la participación que contará con los beneficiarios y las partes interesadas nacionales.

Versión final del 3 de marzo de 2008