Leyes punitivas y abusos de los derechos humanos obstaculizan la respuesta global al SIDA

09 jul 2012

imageTest de HIV en Haití (Foto: PNUD Haití)

Un informe histórico encuentra evidencia de que la aplicación de leyes punitivas obstaculiza las respuestas al VIH y malgasta los recursos. La comisión reclama urgentemente leyes que protejan los derechos humanos para salvar vidas, ahorrar dinero y terminar con la epidemia.

Nueva York – Las leyes punitivas y los abusos de los derechos humanos están costando vidas, desperdiciando dinero y entorpeciendo la respuesta global al SIDA, de acuerdo a un informe de la Comisión Global sobre VIH y Derecho, un organismo independiente de líderes y expertos globales. El informe de la Comisión, “VIH y derecho: riesgos, derechos y salud”, haya evidencia de que los gobiernos, en cada una de las regiones del mundo, han desaprovechado el potencial de los sistemas legales en la lucha contra el VIH. El informe también concluye que las leyes basadas en la evidencia y los derechos humanos fortalecen la respuesta global al SIDA – estas leyes existen y deben ser ampliadas en forma urgente.

“Malas leyes no deben se interponer en el camino de las respuestas efectivas al VIH", afirmó Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. "En la Declaración Política sobre VIH/SIDA de 2011, los Estados Miembro se comprometieron a revisar las leyes y políticas que impiden las repuestas efectivas al VIH. Una de las contribuciones clave del trabajo de la Comisión ha sido intensificar este proceso en algunos países y catalizarlo en otros”.

La Comisión Global sobre VIH y Derecho – compuesta por exjefes de estado y expertos líderes en temas legales, derechos humanos y VIH – basa su informe en abundante investigación y testimonios de primera mano de más de 1.000 personas en 140 países. La Comisión, apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como representante del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, encontró que las leyes punitivas y las prácticas discriminatorias en muchos países socavan el avance contra el VIH.

Por ejemplo, leyes y costumbres legalmente permitidas que desprotegen a las mujeres y las niñas de la violencia profundizan las inequidades de género e incrementan su vulnerabilidad al VIH. Algunas leyes y políticas de propiedad intelectual no son consistentes con las leyes internacionales de derechos humanos e impiden el acceso a los tratamientos y la prevención que salvan vidas. Las leyes que penalizan y deshumanizan a las poblaciones con mayor riesgo de infectarse con el VIH – incluyendo hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, personas transgénero y usuarios de drogas inyectables– impulsan a las personas a la clandestinidad, las alejan de los servicios de salud esenciales, y aumentan su riesgo al VIH. Las leyes que penalizan la transmisión del VIH, la exposición al mismo o la no revelación de la condición de VIH desalientan a las personas de realizarse la prueba o recibir tratamiento. Más específicamente:

  • En más de 60 países, exponer a otra persona al VIH o transmitírselo constituye un crimen. Más de 600 personas VIH positivas en 24 países, incluyendo los Estados Unidos, han sido condenadas por estos crímenes. Estas leyes y prácticas desalientan a las personas a realizarse la prueba de VIH y revelar su condición.
  • La actividad sexual entre personas del mismo sexo está penalizada en 78 países. Irán y Yemen imponen la pena de muerte por actividad sexual entre hombres; Jamaica y Malasia castigan los actos homosexuales con duras penas de cárcel. Estas leyes dificultan la prevención del VIH entre las personas más vulnerables a la infección.
  • Las leyes en algunos países penalizan intervenciones eficaces para los usuarios de drogas inyectables, incluyendo Camboya, China, Myanmar, Malasia y las Filipinas, a pesar que los países extraoficialmente están prestando de servicios de reducción del daño. Por el contrario, los países que legalizan los servicios de reducción del daño, como Suiza y Australia, han detenido casi por completo las nuevas infecciones por VIH entre los usuarios de drogas inyectables.
  • Más de 100 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual. El contexto legal en muchos países expone a los y las trabajadoras sexuales a la violencia y provoca su exclusión económica y social. También les impide acceder a los servicios de prevención y atención del VIH.
  • Las leyes y costumbres que limitan las posibilidades de las mujeres y niñas, desde la mutilación genital hasta la negación de los derechos de propiedad, socavan su capacidad para negociar sexo seguro y protegerse de la infección del VIH. No se cuenta con legislación contra la violación matrimonial en 127 países.
  • Las leyes y políticas que niegan el acceso de los jóvenes a la educación sexual, los servicios de VIH de reducción del daño y reproductivos contribuyen a la propagación del virus.
  • La excesiva protección de la propiedad intelectual que obstaculizan la producción de medicamentos de bajo costo, especialmente los tratamientos de segunda generación, está impidiendo el acceso al tratamiento y la prevención.

La aplicación de malas leyes malgasta recursos y debilita las respuestas efectivas al VIH
A lo largo de las últimas tres décadas, los descubrimientos científicos y miles de millones de dólares de inversiones han llevado a una expansión notable de la prevención y el tratamiento del VIH que salvan vidas, lo que ha beneficiado a innumerables personas, familias y comunidades. Sin embargo, el informe de la Comisión encuentra que muchos países desaprovechan los recursos al promulgar y aplicar leyes que socavan estas inversiones esenciales.

“Demasiados países desperdician recursos vitales al aplicar leyes arcaicas que ignoran la ciencia y perpetúan el estigma", afirmó el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien preside la Comisión. “Ahora, más que nunca, tenemos la oportunidad de liberar a las futuras generaciones de la amenaza del VIH. No podemos permitir que la injusticia y la intolerancia debiliten este progreso, especialmente en estos duros tiempos para la economía.”

Los gobiernos deben promulgar leyes basadas en la evidencia, los derechos humanos y la salud pública
El informe encuentra que las leyes basadas en la evidencia de salud pública y los derechos humanos pueden transformar la respuesta global al VIH. De acuerdo al informe de la Comisión, existen y deben ser replicadas las leyes y las prácticas basadas en una evidencia firme de salud pública y los derechos humanos. Para terminar con la epidemia de malas leyes y promover buenas leyes que sustenten las respuestas efectivas al VIH, la Comisión exhorta a los gobiernos a prohibir la discriminación por condición de VIH y a revocar las leyes que penalizan la transmisión del VIH o la no revelación de la condición de VIH. La Comisión hace un llamado a los gobiernos para que utilicen las leyes para terminar con el flagelo de la violencia contra las mujeres y niñas y a que resistan las presiones internacionales para priorizar el comercio sobre la salud de sus ciudadanos. La Comisión también recomienda la despenalización de la actividad sexual entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual voluntario y el consumo de drogas, lo que permitirá a las poblaciones vulnerables acceder a los servicios de VIH.

“Las mujeres conforman la mitad de la población mundial y los jóvenes son nuestro futuro”, dijo Nevena Ciric, una mujer serbia que vive con VIH. “Los países deben promulgar leyes que prevengan la violencia contra las mujeres y las niñas, y asegurarse también que las leyes sustenten la prestación de educación y servicios de salud sexual integrales para los jóvenes.”

La comunidad global juega un rol crucial. Los líderes globales, los grupos de la sociedad civil y las Naciones Unidas deben exigir a los gobiernos que cumplan con los más altos estándares en derecho internacional, la salud pública y los derechos humanos universales, y promuevan políticas y prácticas.

“Los gobiernos en todo el mundo tienen la responsabilidad de tomar medidas audaces y rechazar las leyes que surjan de la intolerancia y la ignorancia”, afirmó Maurice Tomlinson, un abogado jamaiquino y consejero legal del Mundo Libre de SIDA (AIDS-Free World). “En Jamaica, donde la prevalencia del VIH entre los hombres que tienen sexo con hombres se encuentra entre las más altas del mundo, las leyes anti sodomía producen temor y violencia y alejan a estos hombres de la atención y el tratamiento que necesitan".

Los gobiernos deben seguir el liderazgo de los países que han promulgado leyes que ayudan a un avance efectivo en las respuestas al VIH. Por ejemplo, los países africanos y caribeños que no penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo tienen una menor prevalencia de VIH entre los hombres que tienen sexo con hombres. Los países que tratan a los usuarios de drogas inyectables como pacientes en vez de criminales – incluyendo Nueva Zelanda, Alemania, Australia, Suiza y Portugal – han aumentado el acceso a los servicios de VIH y reducido las tasas de transmisión entre ellos.

“Debemos asegurar que las intervenciones para prevenir y tratar el VIH alcancen a las personas que más los necesitan”, aseguró el ex presidente de Botsuana, Festus Mogae, miembro de la Comisión. “Las leyes que prohíben la discriminación y la violencia y protegen a las poblaciones en riesgo son un instrumento poderoso y de bajo costo para asegurar que no se desperdicien las inversiones en VIH. Sin duda, aplicar tales leyes es complejo y políticamente difícil, pero nuestro informe muestra que se puede y se debe llevar a cabo"

Información de Contacto

Ben Humphrey
Global Health Strategies
(212) 929-7888 x24
bhumphrey@globalhealthstrategies.com

Para mayor información visite:
www.hivlawcommission.org

 

 

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