Timor-Leste elimina obstáculos al acceso a la justicia de las víctimas de la violencia doméstica

Mujer en Timor-Leste
Una beneficiaria del Programa del Sistema de Justicia en Timor-Leste. (Foto: PNUD en Timor-Leste)

Se calcula que entre un 30 y un 50 por ciento de las mujeres timorenses sufren abusos por parte de sus parejas en algún momento de su relación, esto a pesar de que en 2010 el país promulgara la Ley Contra la Violencia Doméstica, que la define como un delito público que exige que el estado responda independientemente de si la víctima presenta o no una denuncia penal.

Aspectos destacados

  • El Programa del Sistema de Justicia (JSP) apoya a las instituciones de justicia de Timor-Leste para proporcionar un sistema de justicia imparcial, eficiente y eficaz para todos.
  • El JSP es financiado por Australia, Irlanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Oficina del PNUD para la Prevención y Recuperación de Crisis.
  • El proyecto tiene un presupuesto de 2015 de EE.UU. $ 1,1 millón.

Ya sea que se identifique como violensia iha uma laran (violencia dentro de la casa) o como problema bikan ho kanuru (problema entre un plato y una cuchara), promover la idea de que este tipo de violencia constituye delito es todo un desafío.

 "Cuando le pego a mi esposa y sus padres se quejan", afirma un anciano tradicionalista, "les digo que ya he pagado barlake (el precio de la novia): golpear a mi esposa es como golpear a mis animales".

Para las mujeres víctimas de la violencia doméstica, la decisión de si deben recurrir a la justicia y de qué modo hacerlo se ve afectada por las preocupaciones relacionadas con la preservación de su red familiar ampliada. Además, a menudo son económicamente dependientes del autor y dudan del resultado de una denuncia. Las presiones sociales, culturales y económicas para que recurran a la justicia tradicional pueden ser muy fuertes.

"Las mujeres eligen la forma tradicional porque tienen miedo de las consecuencias si recurren al sistema de justicia formal", explica una de las pocas mujeres Chefe de Suco (jefa de aldea elegida).

La capacidad de las víctimas para acceder a la justicia mejoraría si se refuerza la aplicación de los mecanismos de apoyo previstos en la ley y se proporcionan formación y legislación mejor enfocadas, a fin de aclarar el papel de los sistemas de justicia tradicionales. Estas son las principales recomendaciones extraídas de un estudio presentado por el Programa del sistema de justicia del PNUD.

El estudio examina el contexto jurídico y social y los desafíos que enfrentan las mujeres a la hora de decidir si deben recurrir a la justicia, y cómo y dónde hacerlo. El estudio, producido por el Programa del sistema de justicia del PNUD en Timor-Leste, hace recomendaciones para fortalecer la aplicación de la ley actual y para aprovechar las fortalezas de los sistemas de justicia tradicionales del país a fin de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia doméstica.

"Uno de los principales aspectos destacados en esta investigación es la necesidad esencial de establecer un vínculo jurídico entre la justicia formal del estado y los sistemas de justicia tradicional en Timor-Leste", señaló S.E. el Dr. Dionisio Babo-Soares , Ministro de Justicia. "Por este motivo", añadió el Dr. Babo-Soares, "el Ministerio de Justicia está colaborando con el PNUD para elaborar un proyecto de ley que respete el papel primordial y la responsabilidad del sistema de justicia estatal al tiempo que establece el reconocimiento formal y la exigibilidad legal de los acuerdos realizados en el marco de los distintos sistemas tradicionales locales en Timor-Leste".

A partir de 2011, los investigadores entrevistaron a autoridades comunitarias, autoridades tradicionales y espirituales, representantes de las mujeres, miembros de las organizaciones no gubernamentales locales, miembros de las comunidades, organizaciones relacionadas con la justicia en Dili y representantes de todas las instituciones de justicia formal en los cuatro distritos judiciales. Los entrevistados provinieron de 13 subdistritos en 10 distritos. Las organizaciones no gubernamentales de Timor proporcionaron ayuda logística, identificando a los entrevistados, facilitando el acceso a las comunidades y proporcionado servicios de traducción.

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