Timor-Leste: las condenas impulsan el sistema de justicia estatal

Los acusados, vestidos de azul, en la sala de audiencia el día de la sentenciaaFoto: PNUD/Slava Mysak
Los acusados, vestidos de azul, en la sala de audiencia el día de la sentenciaaFoto: PNUD/Slava Mysak

Sentado en el porche de su casa, Camilio dos Santos, jefe de la aldea de Galitas, en Timor Oriental, reflexiona sobre el modo en que en el pasado se resolvían los conflictos en Timor-Leste.

"Antes de la independencia, nos basábamos exclusivamente en la justicia tradicional para resolver las controversias en las comunidades. Es bueno que ahora tengamos nuestro propio sistema de justicia estatal en el cual podemos confiar", dice.

Aspectos Destacados

  • El PNUD ha venido trabajando en el fortalecimiento del sector de justicia de Timor-Leste desde el año 2003, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el Centro de Formación Jurídica (CFJ), la Oficina del Fiscal General y la Oficina del Defensor del Pueblo
  • Desde el año 2007, 51 jueces, fiscales y defensores públicos de Timor-Leste se han graduado del CFJ.
  • El PNUD también ha apoyado la descentralización de los servicios jurídicos. Los jueces, fiscales, defensores públicos y personal de asistencia trabajan ahora a tiempo completo en cada una de las cuatro jurisdicciones de distrito.

Todavía está fresco en su mente el recuerdo de un conflicto en 2011 entre jóvenes locales en el cual dos grupos rivales desataron una ola de actos de violencia que arrasó la aldea de Galitas y quemó 57 casas.

Los enfrentamientos, los disturbios y el acoso a los residentes locales duraron dos días antes de que la Policía Nacional lograra restablecer el orden. Un par de meses después se llevó a cabo el Simu Malu (reunificación), un tradicional diálogo de consolidación de la paz, esencial para restablecer la estabilidad y la cohesión social en las comunidades. A pesar de ello, no se penalizó a los autores del delito ni se retribuyó a las víctimas.

No obstante, en enero de 2013, los responsables fueron condenados por el Tribunal y se les ordenó pagar una indemnización a los residentes de Galitas cuyas casas habían resultado quemadas.

 "Este veredicto envía un mensaje a los ciudadanos de este país de que la quema y destrucción de casas es un acto muy grave al que se tiene que poner fin", declaró el juez Alvaro Maria Freitas.

Como casi todos los jueces timorenses que se encuentran actualmente en la magistratura, el juez Freitas es graduado del Centro de Formación Jurídica (CFJ), una institución educativa que cuenta con el apoyo del PNUD desde el 2003 y que constituye el único instituto de formación de postgrado para profesionales de la justicia en Timor-Leste.

El CFJ ofrece programas de formación de postgrado de una duración de dos años y medio para jueces, fiscales y defensores públicos timorenses. Los egresados del CFJ están capacitados para trabajar en los tribunales del país, la Oficina del Fiscal General y la Oficina del Defensor del Pueblo.

Desde el año 2007, un total de 51 jueces, fiscales y defensores públicos timorenses, entre ellos 13 mujeres, se han graduado del CFJ y constituyen la espina dorsal del sistema de justicia del país. En 1999 no había un solo juez, fiscal o defensor público en el país.

Con el apoyo del Programa del Sistema de Justicia del PNUD, una iniciativa de justicia móvil también acerca el sistema formal de justicia a la ciudadanía y las comunidades rurales. Desde el 2010, se han registrado un total de 88 casos, distribuidos en 15 sesiones de justicia móvil. Más de 850 ciudadanos han asistido a las audiencias y a las sesiones de divulgación que tienen lugar después de las audiencias, y actualmente  el Consejo de Coordinación del Ministerio de Justicia y los donantes están en conversaciones para ampliar el alcance del programa de justicia móvil.

Informe Anual 2013
"En Apoyo del Progreso Global"

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