Lucha contra la violencia sexual en República Democrática del Congo

The office walls of the special police unit for the protection of women and children, which specializes in crimes of sexual violence, Goma, DRC. Photo: Bertrand Ginet UNDP / DRC
Imagen de Policía para la protección de mujeres y niños, especializada en delitos de violencia sexual. Goma, RDC (Foto: Bertrand Ginet-PNUD/RDC)

Gisèle* espera en la seguridad relativa de una clínica para víctimas de la violencia sexual en el distrito de Ituri. Esta madre de tres hijos, cuyo marido perdió la vida en los enfrentamientos recientes, relata la historia angustiosa aunque tristemente típica de su experiencia en el conflicto que asola a la parte oriental de la República Democrática del Congo.

“Me refugié en un campamento de desplazados, donde fui violada por tres hombres armados”, dice.  “El dolor físico y psicológico fue enorme. Estaba tan afligida que sentí que no podía cuidar a mis hijos después del ataque. Sentí que mi familia y la comunidad me habían abandonado totalmente.”

Aspectos Destacados

  • El programa Acceso a la justicia del PNUD, respaldado principalmente por los Estados Unidos y Suecia, está en funcionamiento desde 2009. Cuando finalice el programa en 2013 se habrán gastado 14 millones de dólares
  • El PNUD ha ayudado a investigar más de 6.500 casos de violencia sexual, llevar más de 650 casos a los tribunales y a lograr una tasa de condenas del 60%
  • Nueve clínicas médicas y jurídicas respaldadas por el PNUD trabajan para proteger a las mujeres y lograr que se enjuicien sus causas

Al igual que miles de mujeres en la República Democrática del Congo, Gisèle es una superviviente de la violencia sexual que se ha convertido en un hecho habitual durante el conflicto civil de larga data que atraviesa el país. El Hospital Heal Africa, con sede en Goma, informó recientemente que aproximadamente 5.000 mujeres fueron violadas en una provincia solo este año. Todas las partes en el conflicto obligan a mujeres y niños a ejercer el comercio sexual, dejan embarazadas a mujeres por la fuerza e incluso propagan deliberadamente enfermedades de transmisión sexual.

El trato brutal que Gisèle y muchas otras mujeres congoleñas han recibido y la aparente impunidad de los peores infractores se han convertido en un grave problema para el país, que intenta romper con su pasado y restablecer la paz, la seguridad y el estado de derecho.

Un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los distritos de los Kivus e Ituri, que forma parte de un programa más amplio de acceso a la justicia en la República Democrática del Congo, tiene por objeto cambiar todo esto restableciendo la confianza en el sistema judicial; proporcionando un mayor acceso a la justicia y la seguridad de las víctimas de la violencia sexual; capacitando a la policía para investigar y al poder judicial para enjuiciar a los responsables; despertando la conciencia sobre los derechos; y documentando los numerosos delitos cometidos.

Con frecuencia las mujeres congoleñas sienten cierto miedo a denunciar la violencia sexual porque carecen de conocimientos acerca del sistema judicial, o no quieren ser objeto de estigma. Como respuesta a ello, el PNUD ha contribuido al establecimiento de la Dependencia Especial de la Policía para la Protección de la Mujer y el Niño, que se ocupa en particular de los delitos de violencia sexual. La Dependencia ha comenzado a documentar la infinidad de casos que han quedado como secuela de esta guerra que se viene librando en el país desde hace mucho tiempo.

El PNUD ha ayudado a la Dependencia mediante capacitación y apoyo para investigar más de 6.500 delitos desde 2010. Más de 650 de estos se habían llevado ante los tribunales a fines de 2011 y decenas de casos más se enjuiciaron en 2012, que dieron lugar a una tasa de condenas de aproximadamente el 60%.

Los juicios se realizan lo más cerca posible del lugar del delito y del hogar del demandante a fin de que el proceso de justicia sea accesible para los supervivientes. A veces esto significa que deben celebrarse audiencias al aire libre y en tribunales itinerantes. Estos tribunales, a los que el PNUD impartió capacitación y prestó ayuda, están en condiciones de hacer justicia hasta en las zonas más remotas.

“Las víctimas que defiendo sienten alivio cuando saben que realmente pueden participar en el juicio”, dice la Licenciada Lorianne Shakira, una abogada de Kisangani. “Antes de que funcionaran los tribunales itinerantes, aunque una mujer pudiera interponer una demanda, pasaban varios meses antes de enterarse del estado de su causa. Con frecuencia el tribunal estaba lejos de su aldea y perdía la esperanza de que se la escuchara. Los tribunales itinerantes y las audiencias públicas permiten llevar la justicia a estas personas vulnerables.”

Se han establecido nueve centros con la ayuda del PNUD. Suministran asistencia jurídica y médica a las mujeres que piden justicia y ofrecen “un servicio especial de asistencia letrada” a las víctimas de la violencia sexual. “Las víctimas acuden al centro en busca de tratamiento”, dice Justin Ntanyanya, un abogado de uno de los centros. “Las mujeres obtienen ayuda física de los médicos y asistencia letrada por conducto de nuestros servicios. Como la mayoría de ellas no conocen sus derechos, las alentamos a que interpongan demandas y las remitimos a la asistencia letrada apropiada.”

Dado que la violación suele ser tanto una táctica como una consecuencia del conflicto, también se ha impartido capacitación a más de 2.200 soldados acerca de legislación relativa a la violencia sexual y la responsabilidad penal de los altos mandos. Cabe esperar que por medio de laformación de las unidades militares acerca de sus obligaciones jurídicas, así como de técnicas de investigación y procesos judiciales, se conviertan en parte de la solución y no en parte del problema, y que en el futuro menos mujeres como Gisèle deban enfrentarse con el trauma físico y psicológico de la violencia sexual.

*se ha cambiado el nombre