El Salvador: Un ejemplo de consolidación de la paz

El conflicto armado que se desató en El Salvador a finales de la década de los setentas, y se extendió durante la década de los ochentas, finalizó en 1992 con los Acuerdos de Paz de Chapultepec. En los años siguientes, el PNUD colaboró para reconstruir instituciones y abordar las causas subyacentes de la violencia social tras el conflicto.

En 1997, 36.691 beneficiarios habían recibido tierras, entre ellos, miles de excombatientes y soldados desmovilizados.

A pesar del progreso, la consolidación de la gobernabilidad democrática se vio truncada por constantes problemas, como un débil sistema de protección de los derechos humanos; un sistema electoral obsoleto; una cultura política muy polarizada; un aparato estatal centralizado; y la falta de capacidades para negociar y resolver conflictos sociales. Asimismo, el progreso se vio socavado por la violencia social generalizada. Uno de los esfuerzos del PNUD durante los siguientes catorce años fue abordar la violencia.

El PNUD comenzó fomentando una mayor comprensión de la violencia, identificando distintos factores, como instituciones débiles, consecuencias de la guerra civil, fácil acceso a las armas, factores psicosociales, patrones culturales y crimen organizado internacional de tráfico de armas y narcóticos. A pesar de que se destacaron varios aspectos de la violencia, las respuestas se enfocaron en la manifestación más visible: las armas de fuego. El PNUD respaldó el fortalecimiento del marco legal para el control de armas y los mecanismos administrativos para implementarlo. Algunos proyectos abordaron el problema en un ámbito nacional, mientras que otros se probaron en el ámbito local.

Una de las contribuciones más importantes del PNUD ha sido aportar información sobre la violencia al debate nacional, mediante investigaciones, pruebas de operaciones y diálogos participativos. Un estudio del PNUD sobre armas de fuego y violencia en El Salvador fue fundamental para la formulación de propuestas del Gobierno para enmendar las leyes y regulaciones existentes sobre armas de fuego. El estudio involucró a 70 investigadores y 35 supervisores, e incluyó datos policiales sobre 80.000 delitos.

Aunque estas intervenciones no han tenido un impacto cuantificable en la violencia, ofrecieron marcos de referencia que se han adoptado en el país. En el municipio de San Martín, una reducción del 49 % de la violencia mortal y del 24% del número de delitos cometidos con armas de fuego se asoció al proyecto piloto del PNUD “Municipios libres de armas”. En 2007, una comisión nacional sobre seguridad ciudadana recomendó que el programa se extendiera a los veinte municipios más violentos.

De forma similar, en 2009, alcaldes del área metropolitana de San Salvador trabajaron con el Gobierno nacional para implementar la prohibición de armas. Para febrero de 2011, los homicidios locales habían disminuido un 19%, los robos un 78% y las heridas por armas un 68%. El Gobierno anunció recientemente la extensión de la prohibición a veintisiete municipios.