• Buscando juntos soluciones a la inseguridad | Pablo Ruiz Hiebra

    17 abr 2014

    En los últimos años, el clamor público por una mejor seguridad ciudadana ha generalizado el recurso a soluciones rápidas y efectistas -como sacar el ejército a la calle o reformar con urgencia los códigos penales. Lamentablemente,  los resultados de estas intervenciones son mucho más cuestionables que la popularidad inicial de las mismas.

    Frente a estas medidas, algunos países –como Bolivia, Brasil, Costa Rica, o República Dominicana- han iniciado la búsqueda de soluciones más integrales -que combinen una mejor capacidad coercitiva del Estado con un esfuerzo notable en la prevención social de la violencia-, y han logrado elaborar políticas públicas integrales de seguridad ciudadana, con  medidas tanto a corto, como a medio y largo plazo.

    El apoyo al diseño y la evaluación de dichas políticas es una de las áreas que en el PNUD hemos priorizado en los últimos años, con una atención especial al respeto por los derechos humanos y a la lucha contra la violencia de género.  Me parece interesante abordar dos procesos de participación ciudadana por ser una referencia en la región, Brasil y Costa Rica.

    En Brasil, la convocatoria de la 1ª Conferencia Nacional de Seguridad Pública (CONSEG) marcó un hito histórico al congregar a municipios, estados, profesionales de la seguridad, entidades sociales y gestores públicos de la seguridad ciudadana, mediante un amplio proceso participativo que llegó a movilizar a 1.5 millones de brasileños. El objetivo de todo este proceso fue definir los principios y las directrices orientadoras de la Política Nacional de Seguridad Pública, así como el fortalecimiento de la seguridad como un derecho humano fundamental. Nosotros participamos en este proceso, así como en la organización de una Feria de Conocimiento sobre prácticas y políticas de seguridad ciudadana donde se mostró la sistematización de 470 iniciativas novedosas en materia de seguridad ciudadana en el país.

    En Costa Rica,  la Presidenta Laura Chinchilla convocó a un proceso de consulta nacional para la elaboración de una política pública, con el objetivo de responder a la principal preocupación de la ciudadanía: la seguridad ciudadana. Dicho proceso, que nosotros como PNUD apoyamos técnicamente,  incluyó además a los principales partidos políticos del país. A través de diversas modalidades, que incluyeron grupos de discusión con comunidades y grupos sociales, redes sociales, y una línea telefónica gratuita específica para recibir insumos, se elaboró la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ), que representa una herramienta de elaboración de políticas y articulación del quehacer estatal.

    A pesar de algunas críticas iniciales, tras tres años de implementación se percibe una evidente reducción en la tasa de homicidio, que pasa de 12,4 por ciento en 2010, a 8,8 por ciento en 2012 .  En materia de percepción, el porcentaje de personas que consideran la inseguridad el mayor problema del país, pasó de un 49 por ciento en julio de 2011, a 18 por ciento en marzo de 2013.

    Ambas experiencias nos ofrecen aprendizajes importantes acerca de la participación ciudadana, el involucramiento de las personas en la vida comunitaria y la necesaria cercanía de las instituciones a las comunidades. Sugieren también que el nivel de popularidad inicial de una política no es sinónimo de impacto real y continuado, o que la amplia participación de la población puede mejorar la calidad de las respuestas a la inseguridad ciudadana.

    Cuestiones sobre las que, sin duda alguna, hay que seguir aprendiendo a través de la experiencia.

    Cuéntanos: ¿cómo pueden los ciudadanos colaborar con los gobiernos para reducir la violencia o mejorar la seguridad?