• La justicia internacional comienza en casa | Jordan Ryan

    21 nov 2012

    Jueces de Timor Leste prestan juramento y toman posesión de sus cargos. FOTO: PNUD Timor Leste
    Jueces de Timor Leste prestan juramento y toman posesión de sus cargos. FOTO: PNUD Timor Leste

    La restauración de la justicia y el castigo de quienes cometen violaciones de los derechos humanos pueden ser unos primeros pasos vitales para la construcción de la paz, tanto en los países que se recuperan de un conflicto como en las sociedades que intentan superar el trauma de la violencia.

    En marzo del presente año, la Corte Penal Internacional (CPI), primer tribunal penal internacional permanente encargado de investigar y procesar a los responsables de genocidios y crímenes contra la Humanidad, dictó su primera sentencia desde que fuera establecida, en 2002. El comandante congolés Thomas Lubanga Dyilo fue declarado culpable de utilizar a niños menores de 15 años en las disputas armadas.

    Este proceso ha inaugurado una nueva era, en la que la CPI actúa como tribunal de última instancia.

    Este concepto de "complementariedad" constituye un principio fundamental de la CPI, según el cual la responsabilidad primera de investigar y enjuiciar delitos graves corresponde a las autoridades nacionales y los Estados. Si los países están dispuestos y son capaces, la justicia deberá impartirse, más adecuadamente, en el lugar donde ocurrieron los delitos.

    Sin embargo, muchos países en situación de post conflicto no tienen la capacidad para llevar a cabo tales investigaciones. Incluso cuando existe la voluntad política, los sistemas judiciales nacionales con frecuencia carecen de servicios adecuados de protección de testigos, instalaciones penitenciarias y otros recursos para llevar a cabo juicios justos. Para hacer realidad el principio de complementariedad, es necesario que haya una relación más estrecha entre los actores internacionales de la justicia, los organismos de desarrollo y los encargados de la aplicación de la Ley. Jueces, abogados, fiscales, policías y funcionarios de prisiones necesitan ayuda y capacitación.

    Con el fin de fortalecer este conocimiento en la práctica, el PNUD y el Centro Internacional para la Justicia Transicional han contribuido a poner en un primer plano los derechos de las víctimas en numerosos países en los que trabajamos.

    En los últimos años, las medidas para hacer frente a la impunidad en Guatemala han llevado ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos, y han permitido al Fiscal General de dicho país enjuiciar a un ex jefe de Estado por genocidio. En la República Democrática del Congo, tribunales móviles y otras medidas están contribuyendo a hacer justicia a las víctimas de la violencia sexual.

    Ambas organizaciones antes citadas coinciden en la importancia de la agenda de la complementariedad. Y van a seguir trabajando conjuntamente para ayudar a los países en crisis a construir sus propias instituciones de justicia de manera que estos terribles crímenes no queden impunes. Es un paso en la dirección correcta que ayudará a fortalecer el imperio de la ley en muchos países frágiles y promoverá la confianza ciudadana y los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

    Jordan Ryan
    Secretario General Adjunto y Director de la Oficina de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD

    Cuéntanos: ¿cómo pueden los países afectados por la crisis construir sus instituciones de justicia?