• Es momento de integrar la justicia tradicional y formal | Olav Kjørven

    26 sep 2012

    Mujeres participando en una reunión comunal en India. Photo: Sephi Bergerson/PNUD
    Mujeres participando en una reunión comunal en India. Photo: Sephi Bergerson/PNUD

    En algunos países en desarrollo, los sistemas de justicia informales o tradicionales resuelven hasta el 80% de las disputas, las cuales versan sobre cuestiones tan diversas como ganado, contratos, ajuares o divorcios.

    Estos mecanismos afectan desproporcionadamente a mujeres y niños.

    Un nuevo informe (en inglés) encargado por el PNUD, UNICEF y ONU Mujeres, y producido por el Instituto Danés de Derechos Humanos, ofrece el estudio más exhaustivo realizado por la ONU hasta la fecha sobre este complejo aspecto de la justicia. Las conclusiones a las que llega el trabajo se basan en investigaciones realizadas en Bangladesh, Ecuador, Malawi, Níger, Papua Nueva Guinea, Uganda, y otros 12 países en desarrollo.

    Según el informe, estos sistemas son una realidad de la justicia en la mayoría de los países en los que trabaja el PNUD a fin de mejorar las condiciones de vida y las capacidades de servicio de los gobiernos. La evidencia ilustra el impacto directo que estos sistemas consuetudinarios tienen sobre el empoderamiento legal de mujeres y niños, cubriendo aspectos que van desde el matrimonio y el divorcio hasta la custodia de los hijos, la sucesión y los derechos de propiedad.

    Ha llegado la hora de abordar sin reservas los sistemas de justicia consuetudinaria e integrarlos en iniciativas de desarrollo más amplias dirigidas a garantizar los derechos humanos y el acceso de todas las personas a la justicia.

    A menudo, estos sistemas son mucho más accesibles que los mecanismos formales y presentan la posibilidad de ofrecer remedios rápidos, baratos y culturalmente relevantes. Sin embargo, durante muchos años los modelos tradicionales de desarrollo apenas les han prestado atención.

    Ambos sistemas de justicia —el sistema formal, apoyado por los gobiernos y basado en la ley escrita, la policía, los tribunales y las prisiones— y el informal o tradicional pueden violar los derechos humanos, reforzar la discriminación y despreciar la justicia procedimental. Pero, asimismo, ambos pueden adaptarse y utilizarse para potenciar el respeto a los derechos humanos y el acceso universal a la justicia.

    En Somalia, la comunicación del PNUD con las autoridades consuetudinarias siguió a los intentos fallidos por apoyar las instituciones jurídicas formales en Somaliland, orientadas en un principio hacia un sistema centrado en el Estado, incluso cuando las instituciones de gobierno se desmembraban debido a los conflictos armados.

    Después de una encuesta donde se mostraba que hasta el 80% de la población prefería el arbitraje de los líderes del clan, se puso en marcha una nueva estrategia que empleaba el acceso de las mujeres a la justicia como punto de entrada para esa implicación: traer organizaciones de mujeres con más legitimidad y capacidad que cualquiera de las instituciones formales.

    En Bangladesh y Malawi, ONGs obtuvieron acceso a sistemas de justicia informales prestando apoyo y ganándose la confianza de líderes y comunidades. 

    La formación de mediadores, el aumento del número de mujeres en posiciones de responsabilidad, el empoderamiento de asistentes legales y grupos de mujeres para monitorizar y tratar con los líderes consuetudinarios son esfuerzos que continuarán mejorando las experiencias individuales y comunales de justicia.

    No obstante, para que esta implicación sea efectiva, nos aseguramos de que nuestro trabajo con los sistemas informales de justicia se complemente con el sistema formal y con una programación de desarrollo que tenga en cuenta el contexto social, cultural, político y económico.

    Olav Kjørven
    Secretario General Adjunto y Director de la Oficina de Políticas de Desarrollo del PNUD

    Cuéntanos: ¿Cómo pueden funcionar juntos los sistemas de justicia formales e informales?