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El derecho a la vida: Las mujeres y el acceso a la tierra

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 Las mujeres realizan hasta 80% del trabajo agrícola en Latinoamérica, pero poseen solo entre 8 y 30% de las tierras en la región. Foto: PNUD Guatemala

La agricultura campesina produce hasta el 80% del alimento en los países no industrializados, según datos de la FAO, y son las mujeres quienes producen entre 60% y 80% del mismo – una ardua tarea invisibilizada con frecuencia.

El trabajo realizado por las mujeres campesinas es fundamental no solamente para la reproducción de la vida en términos de la erradicación del hambre, sino también en la preservación de la biodiversidad, la conservación de semillas y en la recuperación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos. Sin embargo, para muchas mujeres rurales la relación con la tierra trasciende sus usos prácticos, pues también es vivida como un espacio de emancipación y preservación de la vida; y como centro de la espiritualidad, materializándose en expresiones como la de Madre Tierra y similares a lo largo y ancho del planeta.

No obstante –como muestran estudios de Oxfam– las mujeres sin excepción, poseen y manejan menos tierra que los hombres en Latinoamérica, desde un 8% en Guatemala –el menor de América Latina─, hasta un 30% en Perú, tratándose siempre de fincas de menor tamaño. Las mujeres representan además, menos del 12% de la población beneficiada en procesos de reforma agraria, siendo incluidas dentro de las políticas de acceso a tierra a través del mercado, de forma subordinada y minoritaria –en función de su estado civil y condición de madres y no como productoras, y además, con menor acceso a créditos y asistencia técnica que los hombres.

Estas dimensiones adicionales de discriminación y exclusión hacen que las mujeres sean particularmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y la pobreza, y reduce su capacidad para sobreponerse a crisis externas .

Por ejemplo, la falta de acceso a tierra de los pueblos indígenas fue uno de las causas profundas del conflicto armado interno en Guatemala, dentro de un sistema de múltiples exclusiones, que afectó de manera particular a las mujeres indígenas.  Asimismo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto, incluyeron desplazamientos forzados masivos y el despojo de tierras de las comunidades indígenas, dejando particularmente a las mujeres víctimas – aun 20 años después del fin de las hostilidades, en una posición de particular vulnerabilidad-. Procesos de justicia transicional tienen el potencial para abordar la falta de acceso  de las mujeres a la tierra, mediante la promoción de reparaciones transformadoras, siendo medidas que buscan superar y transformar las inequidades subyacentes a las violaciones graves sufridas por las mujeres durante periodos de conflicto.

Es por ello que iniciativas como el Programa Nacional de Resarcimiento, que el PNUD ha acompañado desde 2010, contempla dentro de sus medidas de resarcimiento, la restitución de tierras a víctimas del enfrentamiento armado interno, así como la regularización de la seguridad jurídica sobre la tierra y acciones afirmativas para garantizar el derecho de propiedad a las mujeres y reconocer el derecho de propiedad que les asiste al fallecer sus cónyuges como consecuencia del enfrentamiento armado.

En la histórica sentencia condenatoria en el caso de esclavitad sexual de 15 mujeres indígenas Maya Q´eqchi, de Sepur Zarco, en febrero 2016 un tribunal guatemalteco otorgó entre las medidas de reparación digna para las mujeres,  una orden de continuar el trámite para la legalización de las tierras de sus comunidades ante la institución estatal correspondiente. En este proceso PNUD, a través del Programa de Acceso a la Justicia de Transición (PAJUST) acompañó durante 6 años el caso promoviendo medidas para la prevención y no repetir estas violaciones a los derechos humanos.

Es fundamental cuestionar y cortar las raíces patriarcales –dentro del Estado, de las comunidades y de la sociedad en general─ que limitan las posibilidades de las mujeres en el acceso a la tierra. La tierra es un derecho para las mujeres del campo, quienes no solo viven y trabajan la tierra, sino que al hacerlo, contribuyen al cuidado, reproducción y garantía de la vida, no solamente de sus familias y de sus comunidades, sino de sociedades enteras.

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