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Hacia un mejor enfoque en la política de control de drogas

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Agricultores de coca Hombres trabajando en sembradío de coca en Bolivia. Foto: Ryan Anderton

La relación entre las políticas de fiscalización de drogas y el desarrollo humano es compleja y multifacética. Ambas comparten el objetivo común de reducir los daños relacionados con las drogas. No obstante, desde que existe la fiscalización de drogas, las agendas de los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo humano coexisten sin que haya una relación entre ellas. Las políticas destinadas a la prohibición o la sanción constituyen la estrategia internacional para la fiscalización de drogas; sin embargo, existe una amplia evidencia de las consecuencias negativas de estas políticas.

Para muchos agricultores afectados por la pobreza, conflictos e inseguridad, el cultivo ilícito de drogas es una opción viable como medio de vida; sin embargo, los tratados internacionales prohíben el cultivo de drogas y precisan su erradicación.

La imposición de estas prohibiciones y los esfuerzos de erradicación en muchos casos tienen un efecto negativo en la salud pública y los derechos humanos de quienes viven en la pobreza. Se destruyen los medios de vida de aquellos que dependen de los cultivos y venta de drogas para sobrevivir y se fuerza a estas poblaciones a desplazarse de las zonas donde se producen los cultivos ilícitos. El herbicida utilizado en la fumigación aérea sobre los cultivos de coca se ha asociado con problemas de salud tanto físicos como mentales. En muchos casos, estas prohibiciones no conducen a la reducción de los cultivos o la disminución en el consumo de drogas, ya que los agricultores y los traficantes emigran hacia otros lugares.

La pobreza puede impulsar a las personas al negocio de las drogas. Convertirse en comerciante o mensajero de la droga es una opción viable para personas desfavorecidas, incluidos los jóvenes desempleados, poblaciones indígenas y grupos marginados, para quienes los medios de vida son limitados. Las personas que cometen delitos menores relacionados con las drogas o son consumidores son un blanco fácil para la policía, que trata de cumplir con las metas de arresto. Como resultado, millones de personas son arrestadas y procesadas por delitos menores relacionados con el tráfico de drogas. Algunos languidecen en prisiones durante meses, o incluso años, sin que sean acusados o condenados. Para las mujeres sin recursos, estar prisioneras significa que tanto sus bebés como sus niños más pequeños tendrán que estar con ellas durante toda o una parte de su condena.

De igual forma existen también efectos importantes en la salud pública que merecen consideración. Las personas que se inyectan drogas tienen una alta posibilidad de contraer el VIH o la hepatitis vírica. La evidencia muestra cómo las intervenciones para la reducción de daños, tales como la distribución de jeringuillas esterilizadas, tratamientos para la dependencia y pruebas de detección del VIH, y el asesoramiento al enfermo han ayudado a prevenir nuevos casos de VIH y de hepatitis vírica. Sin embargo, las leyes punitivas, las políticas y las prácticas limitan y, en algunas ocasiones, excluyen totalmente a las personas que usan drogas para acceder a estos servicios.

A pesar de la clara evidencia de cómo las políticas de fiscalización de drogas pueden impedir el desarrollo humano, los impactos potenciales de esta fiscalización en la salud y los derechos humanos de los más pobres y marginalizados no ha recibido la atención suficiente. El éxito de los esfuerzos de la fiscalización ha sido medido por parámetros específicos destinados a reducir la oferta y la demanda de drogas, incluyendo la cantidad de hectáreas de cultivos ilegales erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas, condenadas y encarceladas.

Para el desarrollo de un enfoque más lógico de la política de fiscalización de drogas, es necesario medir las condiciones subyacentes de la pobreza, desigualdad e inseguridad que en ocasiones llevan a las personas al cultivo y al negocio de la droga. Se deben elaborar directrices específicas en materia de derechos humanos para orientar la elaboración de medidas de fiscalización de drogas basadas en derechos. La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas de 2016 presenta una oportunidad clave para hacer frente a la alineación de la fiscalización de drogas con los derechos humanos, la salud pública y los objetivos del desarrollo humano.

Javier Sagredo Tenu Avafia Gobernabilidad y consolidación de la paz VIH y salud Desarrollo sostenible Reducción de la pobreza y la desigualdad

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