Blog


¿Qué tienen que ver las políticas de drogas y la nueva agenda de desarrollo global?

por

Foto: PNUD/Brian Sokol

Imagínense un mundo en el que todas las personas que tienen problemas con el uso de drogas, y especialmente las mujeres, no sean perseguidas y puedan encontrar respuestas adecuadas y accesibles para su  recuperación en la salud, en lo social y en lo laboral. Imagínense un mundo en el que los  sistemas de justicia y penitenciario cumplan adecuadamente con sus objetivos de impartir justicia y rehabilitar socialmente y que también generen soluciones alternativas que no mantengan en oscuras prisiones a miles de personas esperando juicio o viendo cómo sus derechos más fundamentales son vulnerados. Imagínense un mundo en el que las instituciones públicas y los partidos políticos resistan con firmeza a los intentos de corrupción de los grupos criminales y sus aparatos financieros. 

No se trata de un ejercicio de imaginación utópico e irrealizable; ni de sueños provocados por un optimismo desbordado. Las respuestas que nuestras sociedades deben dar al fenómeno de drogas tienen que abordar la complejidad del mismo y su especificidad en cada contexto político, legal, territorial, social y cultural, realizando un ejercicio lógico de imaginar las políticas públicas como vehículos de un desarrollo humano sostenible e incluyente.

Será muy difícil para algunos países de nuestra región, y de otras regiones del mundo, avanzar con buen pie en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la nueva agenda global de desarrollo si no se generan respuestas alternativas que reduzcan los impactos de las políticas actuales de drogas. Impactos tremendos en nuestras sociedades y en su capacidad de desarrollarse sosteniblemente, en nuestros sistemas políticos e institucionales, en nuestras economías, en nuestro medio ambiente, en nuestras mujeres, indígenas y jóvenes; en definitiva, en los más vulnerables.

Por otro lado, el repensar las políticas de drogas desde el desarrollo humano requiere además de una reflexión adicional sobre los modelos de desarrollo económico y social que incrementan la vulnerabilidad de territorios, comunidades y personas a participar en economías ilícitas o a sufrir problemas asociados al consumo de drogas. Por ello, y en un año en el que confluyen los debates sobre esta nueva agenda Post-2015 y la discusión temática sobre las políticas de drogas de la Asamblea General Especial (UNGASS) de 2016, el PNUD ha puesto sobre la mesa un documento de reflexión, que será presentado en la sede de la ONU en Nueva York esta semana, que apunta a poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible como paradigma fundamental para la construcción de respuestas en políticas de drogas. Para eso es fundamental coordinar respuestas integrales e intersectoriales, adaptadas a cada contexto, con el objetivo de generar dinámicas positivas para el desarrollo humano.

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aportamos amplia experiencia en el desarrollo de políticas de reducción de la pobreza, desigualdades y exclusión para contribuir a la construcción de soluciones de política pública más efectivas, integrales y humanas—incluyendo en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito. Por ejemplo, el PNUD en Brasil está facilitando actualmente el debate sobre la respuesta penal al tráfico de drogas y su efecto en el crecimiento exponencial de la población carcelaria del país

A la postre, nuestro mensaje es muy claro: las políticas de drogas no pueden seguir siendo un factor que afecte negativamente al desarrollo de las comunidades, sino todo lo contrario; deben facilitar un desarrollo sostenible e inclusivo para todos. Y con todos.

Desarrollo sostenible VIH y salud Salud América Latina y el Caribe Gobernabilidad y consolidación de la paz Brasil

PNUD En el mundo

A

Afganistán Albania Algeria Angola Arabia Saudita Argentina Armenia Azerbaiyán

B

Bahrein Bangladesh Barbados Belarús Belice Benin Bhután Bolivia Bosnia y Herzegovina Botswana Brasil Burkina Faso Burundi

C

Cabo Verde Camboya Camerún Chad Chile China Chipre Colombia Comoras Congo (República del) Congo (República Democrática del) Corea (República Popular Democrática de) Costa Rica Côte d'Ivoire Croacia Cuba

D

Djibouti

E

Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Arabes Unidos Eritrea Etiopía

F

Filipinas

G

Gabón Gambia Georgia Ghana Guatemala Guinea Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Guyana

H

Haití Honduras

I

India Indonesia Irán Iraq

J

Jamaica Jordania

K

Kazajstán Kenya Kirguistán Kosovo (según Res 1244 del Consejo de Seguridad ONU) Kuwait

L

Lao RDP Lesotho Líbano Liberia Libia

M

Macedonia (ex República Yugoslava de) Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malí Marruecos Mauricio y Seychelles Mauritania México Moldova Mongolia Montenegro Mozambique Myanmar

N

Namibia Nepal Nicaragua Níger Nigeria

O

Oficina del Pacífico

P

Pakistán Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Programa de Asistencia al Pueblo Palestino

R

República Centroafricana República Dominicana Rusia Federación de Rwanda

S

Samoa Santo Tomé y Príncipe Senegal Serbia Sierra Leona Siria Somalia Sri Lanka Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suriname Swazilandia

T

Tailandia Tanzania Tayikistán Timor-Leste Togo Trinidad y Tabago Túnez Turkmenistán Turquía

U

Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán

V

Venezuela Viet Nam

Y

Yemen

Z

Zambia Zimbabwe