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Transparencia y rendición de cuentas: claves en la lucha contra la corrupción

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Hemos venido apoyando las capacidades de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en el diseño e implementación de herramientas para mejorar la transparencia y la rendicion de cuentas. Foto: IPC Brasil

Según el Barómetro de las Américas, el 69.2% de los latinoamericanos encuestados admitió que alguna autoridad le había pedido un soborno en el último año y, en términos de percepción de la corrupción en la esfera pública, el 79.8% la considera muy frecuente o frecuente. Pero pese a estas cifras, podemos decir que aún hay lugar para la esperanza, ya que el 86.3% manifiesta el pago de un soborno como injustificable.

En los últimos años, la gente demanda cada vez más que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia la ciudadanía. En este contexto, la adopción de prácticas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas actúan generando esferas de confianza, diálogo y colaboración entre la institucionalidad, el sector privado y la sociedad civil, lo que redunda en una mayor legitimidad de las instituciones y poderes públicos.

En este sentido, el PNUD en América Latina y el Caribe ha venido apoyando las capacidades de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en el diseño e implementación de herramientas para mejorar la transparencia y la rendicion de cuentas: claves para la gobernabilidad democrática de la región. La nueva agenda de desarrollo 2030, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, vincula de manera explícita el buen gobierno y la paz, la justicia y el desarrollo inclusivo y pone el acento en mecanismos de prevención a partir del fortalecimiento de instituciones eficaces, transparentes y responsables; y el empoderamiento y la participación ciudadana, focalizada en grupos poblacionales como jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Hay iniciativas innovadoras en nuestra región.

Por ejemplo, en Colombia, el PNUD ha apoyado el proceso de construcción de la Política Pública Integral Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en ese país. En este ejercicio se trabajó co con 12 departamentos con el propósito de conocer el contexto específico y sus dinámicas e integrar a todos los actores. Es desde el territorio y mediante la apropiación de las políticas desde donde se concreta la lucha contra la corrupción.

En Haití, en el marco de las últimas elecciones el PNUD ha apoyado a la Escuela de la Magistratura mediante la capacitación de 190 magistrados de la Corte Electoral, jueces de Paz y Comisionados del Gobierno con el objetivo de fortalecer sus capacidades, compartir buenas prácticas provenientes de otros países de la región y establecer enlaces y redes para iniciativas de cooperación Sur-Sur.

En Perú se está implementando un proyecto de promoción de la Transparencia y la Ética en las Instituciones Públicas junto con el Consejo de la Prensa Peruana, que busca que las instituciones públicas de todos los niveles de Gobierno cumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, capacitando a funcionarios, promoviendo veeduría ciudadana y organizando audiencias de rendición de cuentas.

En Chile el PNUD ha apoyado a las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado y Cámara de Diputados mediante el diseño de un modelo que fortalece ambas comisiones en lo referido a su integración, funciones y procedimientos. Mediante este proyecto se ha logrado, entre otros, la inclusión de la sociedad civil mecanismos de toma de decisiones, como las Comisiones, y la inclusión de propuestas dirigidas al fomento de la probidad y la transparencia en el proyecto de ley de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

Se han producido grandes avances en la inclusión de medidas anticorrupción en sectores como la salud, agua, educación, medioambiente o seguridad ciudadana, o en el uso de nuevas tecnologías de la comunicación para el monitoreo y denuncia de prácticas corruptas. No obstante, aún queda un largo camino que recorrer en cuanto a la claridad en los mecanismos a utilizar, las capacidades y recursos de las instituciones para implementarlos de manera efectiva y la capacidad e instrumentos para medir esos avances. Pero, sin duda, avanzamos.

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