Los centros penales se han convertido en lugares de almacenamiento, asegura experto en derechos humanos

26 jun 2012

file El hacinamiento fue calificado como una tortura invisible por el experto internacional
  • El  foro analizó la situación de las cárceles en Honduras, en el Día Internacional en apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Tegucigalpa, 26 de junio de 2012.- “Los centros penales se han convertido en lugares de almacenamiento, pero no de reinserción o rehabilitación”, con estas palabras se refirió James Haines, experto del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (CIEP) del Reino Unido a la situación de las cárceles en Honduras durante el foro “Desafíos y prioridades para la prevención de las violaciones y protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Honduras”.

Haines, quien se encuentra en Honduras para realizar un diagnóstico sobre las cárceles del país, alertó sobre las condiciones de hacinamiento en las que vive la población reclusa, calificando esta situación como una “tortura invisible”. El hacinamiento, añadió, lleva de la mano la inseguridad dentro de las cárceles, ya que la violencia es característica en lugares  sobrepoblados y sin recursos.

En su opinión, para conseguir un sistema penitenciario estable en Honduras, habría que brindar mayor “seguridad, control y justicia”, entendiendo justicia  como el respeto de los derechos humanos del recluso y la puesta en marcha de programas de rehabilitación.

El foro organizado por el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Honduras y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), para conmemorar del Día Internacional en apoyo a las Víctimas de la Tortura, contó además con las ponencias de otros expertos en materia de derechos humanos, que analizaron la situación de las cárceles en el país.

Antonio Maldonado Paredes, asesor de derechos humanos del SNU, instó a que la normativa penal hondureña se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, tal y como recordó, Honduras ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a excepción de la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” de 1985. 

Maldonado aseguró que a pesar del compromiso del Gobierno en este sentido, actualmente el respeto a los derechos humanos de las personas privadas, de libertad sigue siendo un desafío que afronta el país y una preocupación de los organismos internacionales.

Por su parte, Martha Sabillón, Viceministra de Derechos Humanos, habló de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, aprobada en el pasado mes de mayo, la que garantiza el respeto de los derechos humanos a los reclusos. Según explicó, la Ley en sí misma no es  la solución a todos los problemas del sistema, sino solamente “un paso dentro de los que debemos  dar para mejorar el sistema penitenciario”. Apuntó que otro de los pasos a dar sería realizar cambios en el poder judicial, así como propiciar “cambios en la estructura del pensamiento sobre cómo la sociedad ve a la población penitenciaria”. ´

El coordinador del Centro para la Prevención, la Rehabilitación y el Tratamiento de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), Juan Almendarez Bonilla, realizó un llamamiento a la “participación de la sociedad civil” en la política de seguridad para revertir la presencia policial y militar en la sociedad que, en su opinión, es desmesurada. Por otra parte, apuntó que hechos como el de las penitenciarías de San Pedro Sula o Comayagua “no son accidentes”, sino el resultado de las condiciones inhumanas dentro de los sistemas penitenciaros.

La presidenta del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), Odalis Nájera, definió el sistema penitenciario hondureño como colapsado y decadente. Nájera aseguró que el sistema ha respondido “a unos políticos determinados y no a una política de Estado”, y  demandó la realización de una “política pública penitenciaria que alcance el rango de ley”.

Citando a Nelson Mandela, Nájera recordó a los asistentes que “el único derecho al que se le priva a la persona privada de libertad  es el de la libertad, mientras que el resto de derechos se mantienen intactos”.

En el foro se entregó el libro “La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos”, un manual elaborado por el CIEP, dirigido al personal penitenciario que puede ser un instrumento importante en la reforma del sistema penitenciario y que pretende fomentar el respeto de los derechos humanos y el trato digno de los reclusos.

 

 

Representantes de organismos defensores de los derechos humanos participaron en el foro
Representantes de organismos defensores de los derechos humanos participaron en el foro